Una foto volvió poner ponerle rostro a un protagonista de la represión policial en los alrededores del Congreso. Ahora trascendió su identidad. Es un comisario que, vestido de civil y sin ninguna identificación visible, disparó con una escopeta contra los manifestantes el jueves. Se trata del comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, integrante de la cúpula de la Policía Federal.
Gauna es comisario desde marzo de 2009, según el Boletín Oficial, y desde enero de 2025 está a cargo de la Dirección General de Organizaciones Criminales, tras haber sido jefe del departamento de Investigaciones Nacionales. Tuvo diversas apariciones públicas durante la gestión de Bullrich, como en la investigación del «Caso Loan», en Corrientes, y en el juicio por el crimen de Lucas González.
La identificación surgió de la comparación entre las fotos del operativo y registros públicos de la fuerza. Las imágenes tomadas por el fotógrafo Kaloian Santos Cabrera muestran al hombre apuntando desde la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís.
El rol de Gauna en medio del despliegue del jueves, merece su contexto. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo un análisis del operativo. «Los carros hidrantes no se usaron para proteger un sector o para responder a un incidente puntual, sino como una herramienta de dispersión sostenida. Fueron protagonistas durante toda la represión en una jornada particular: toda la tarde llovió y la temperatura osciló entre los 14 y los 10 °C. Es decir que las personas permanecieron durante horas empapadas mientras continuaban los disparos de gases y postas de goma. La combinación hizo que la violencia de la policía se multiplicara exponencialmente».
En un extenso comunicado también dio cuenta de la ferocidad de la represión. «A las 23.45 había 29 detenciones por atentado agravado. Según la información disponible, ocho personas fueron detenidas por la policía de la ciudad y 21 detenciones por las fuerzas federales». Todos estuvieron a disposición de la justicia porteña, mientras que «funcionarios del Ministerio de Seguridad denunciaron a los detenidos por atentado al “orden constitucional y la vida democrática”, atentado a la autoridad agravado, resistencia a la autoridad y daño agravado. Pidieron que todos esos delitos sean considerados agravados bajo el argumento de que habrían sido cometidos con la finalidad de obligar a las autoridades públicas a abstenerse de cumplir sus funciones: votar una proyecto de ley«.
De acuerdo al CELS, hay único antecedente: «La reacción posterior del gobierno ante la protesta contra la Ley Bases. 33 personas fueron detenidas de manera indiscriminada y varias de ellas, tratadas como detenidas de máxima peligrosidad. Se las trasladó a penales federales, donde sufrieron vejaciones y se las interrogó acerca de su participación política y su ideología».
A partir de la difusión de esas imágenes, el diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido formal para citar a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a la Cámara Baja..
El texto reclama al Ejecutivo que explique «el motivo y justificación por los cuales se destacaron agentes de civil sin identificación visible ni uniformes en el procedimiento, agentes que portaban armas y, según registros visuales, apuntando sin miramientos al cuerpo de las personas participantes en la protesta».
El pedido también exige determinar si existe una investigación sobre «la represión injustificada desatada por más de dos horas hacia las y los manifestantes», que según el legislador se encontraban «en total tranquilidad y sin generar disturbios» hasta ese momento, y reclama identificar a los agentes que dispararon directamente contra trabajadores, periodistas y manifestantes.
El texto menciona además el caso de una reportera gráfica que sufrió una fractura de cráneo tras recibir un «palazo» de un efectivo policial, uno de los episodios más graves de una jornada que dejó también heridos entre las fuerzas de seguridad y varios detenidos.
En el operativo del jueves participaron 820 agentes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. La ministra Monteoliva, que comandó el despliegue, pidió investigar la movilización como «atentado al orden constitucional y acto de terrorismo», en la misma línea de la denuncia penal que impulsó el Gobierno tras la represión.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Seguridad ni la Policía Federal confirmaron ni desmintieron oficialmente su identidad, ni explicaron por qué un efectivo armado y sin uniforme participó del operativo de control de manifestantes.
JL/CM
