La suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo: La Libertad Avanza (LLA) bonaerense anunció este martes que pedirá el juicio político de la jueza Marta Elba Pascual, quien dictó la medida cautelar, mientras un fiscal del Departamento Judicial de San Isidro anticipó que continuará aplicando la nueva normativa.
El anticipo fue realizado por el presidente de LLA local, Sebastián Pareja, quien aseguró que junto a legisladores y equipos técnicos trabaja en una presentación para avanzar contra la magistrada, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, aunque en rigor aún no se hizo una ninguna presentación en ese sentido.
“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”, afirmó Pareja en un comunicado al que La Pluma tuvo acceso, y cuestionó que la resolución intente frenar una ley sancionada por el Congreso Nacional. El dirigente sostuvo además que la decisión judicial “profundiza la situación de impunidad” en la provincia y consideró que la magistrada no puede anteponer “una mirada política” a una norma aprobada por el Parlamento.
Kicillof garantiza la impunidad del delincuente. Este es el ejemplo más claro de que la crisis que atraviesa la Provincia es consecuencia del modelo del gobernador, que convirtió al Conurbano en un infierno por sus caprichos garantistas. Esta ley es una respuesta concreta para… https://t.co/8RFmBITM0J
— Sebastián Pareja (@SPareja_) September 7, 2026
En el mismo sentido se expresó el titular del bloque de Diputados bonaerenses de LLA, Juan Osaba, quien calificó de “inadmisible” que un fallo de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la aplicación de una ley penal juvenil sancionada por el Congreso Nacional. “Vamos a llevarla a juicio político por esta decisión”, afirmó.
También se pronunció el presidente del bloque de Senadores bonaerenses de LLA, Carlos Curestis, quien sostuvo que la medida “sigue garantizando la impunidad de los delincuentes” y cuestionó que, a su entender, la Justicia provincial priorice a quienes cometen delitos por sobre las víctimas.
La resistencia judicial
En paralelo, el fiscal del fuero Penal Juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, cuestionó el alcance de la cautelar y sostuvo que la jueza “extralimita” sus facultades. Según explicó, un magistrado puede analizar la constitucionalidad de una norma y eventualmente declararla inaplicable en un caso concreto, pero no suspender su vigencia con alcance general.
“Yo de ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza”, afirmó Zárate en declaraciones a Radio Mitre, y anticipó que en el Departamento Judicial de San Isidro “esta decisión no rige”. El fiscal sostuvo que, ante un nuevo delito cometido por un adolescente, está obligado a aplicar la ley vigente.
Para fundamentar su posición, Zárate señaló que el nuevo régimen ya comenzó a producir efectos en expedientes concretos. Mencionó el caso de un condenado por el crimen de Matías Urbani, asesinado en Tigre en 2009, que fue liberado a partir de la aplicación del principio de ley penal más benigna contemplado en el Código Penal.
“Si la aplicás para liberar, también la tenés que aplicar para condenar”, resumió el fiscal, quien consideró que no sería coherente utilizar la nueva normativa para revisar condenas y, al mismo tiempo, impedir su aplicación en los procesos iniciados a partir de su entrada en vigencia.
Zárate también defendió la necesidad de la reforma a partir de su experiencia en el fuero penal juvenil. Afirmó que desde hace años se registran casos de adolescentes de entre 14 y 16 años involucrados en delitos graves, entre ellos homicidios y robos, y mencionó investigaciones en las que participaron menores junto con adultos.
No obstante, el fiscal aclaró que bajo el régimen anterior los adolescentes por debajo de la edad de imputabilidad no quedaban necesariamente fuera de la intervención judicial. Explicó que podían dictarse medidas de seguridad y que, en causas de gravedad, algunos jóvenes permanecieron privados de su libertad durante períodos prolongados.
La cautelar de Pascual había sido dictada a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La magistrada advirtió que la provincia no cuenta con infraestructura, recursos y dispositivos suficientes para afrontar el eventual aumento de adolescentes privados de su libertad bajo el nuevo régimen.
En su resolución, Pascual también puso el foco en las condiciones de alojamiento y en la necesidad de garantizar educación, capacitación laboral y reinserción, además de reducir los períodos de aislamiento. La jueza convocó para el 16 de septiembre a una audiencia en la que las autoridades deberán informar las medidas adoptadas y previstas.
MES/CM
