La Justicia de la provincia de Buenos Aires suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, apenas dos días después de su entrada en vigencia a nivel nacional, al advertir que el sistema bonaerense no cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para afrontar el posible incremento de adolescentes privados de su libertad. La decisión no fue bien recibida por la dirigencia libertaria.
La medida fue dispuesta este lunes por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de los adolescentes privados de su libertad.
El fallo puso el foco en las condiciones actuales de los dispositivos de alojamiento de la provincia y advirtió sobre las dificultades para garantizar educación, capacitación laboral y reinserción, además de señalar la necesidad de reducir los períodos de aislamiento. La magistrada recordó que su propio juzgado había establecido un límite máximo de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora por incumplimientos en las condiciones mínimas de habitabilidad.
En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad.
Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando,… https://t.co/xCwsQmmOww
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 7, 2026
Pascual sostuvo que la implementación del nuevo régimen podría generar un aumento de las personas menores de edad detenidas, tanto por nuevos ingresos como por una mayor permanencia en el sistema, y planteó la necesidad de que el Estado provincial cuente con condiciones edilicias, institucionales y profesionales acordes con los estándares de derechos humanos de niños y adolescentes.
La resolución ordenó al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia adoptar las medidas necesarias para operativizar la suspensión. Además, convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que las autoridades deberán informar qué acciones fueron implementadas, cuáles están previstas y en qué plazos.
REACCIONES A FAVOR Y EN CONTRA
La decisión generó cuestionamientos desde sectores vinculados a La Libertad Avanza (LLA) y el gobierno nacional. Una de las primeras en cruzar la decisión judicial fue la ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich, quien apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y sostuvo que en la provincia “se pone del lado de los delincuentes”, mientras que cuestionó a la Justicia bonaerense porque, según afirmó, mantiene un sistema que “los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, destacó el silencio del mandatario bonaerense y aseguró que si en el territoriuo bonaerense «un delincuente de 14 año te mata, queda impune». «Una vez más el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima», indicó
Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune.
Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima.
— Diego Santilli (@diegosantilli) September 7, 2026
El diputado Luis Petri afirmó que el nuevo régimen “duró dos días en la Provincia de Buenos Aires” y cuestionó que una jueza haya dispuesto su suspensión. “Aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores, no hay excusa para no aplicarla”, sostuvo, y agregó que “las víctimas no pueden seguir pagando la improvisación y el abandono de Kicillof y la Justicia provincial”.
Por su parte, el diputado nacional y presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, calificó la decisión como “profundamente antidemocrática” y defendió la norma como “una respuesta concreta para intentar elevar el costo de delinquir”. El dirigente remarcó además que se trata de una ley aprobada por el Congreso y no de una decisión unilateral del Poder Ejecutivo nacional. “Pretender neutralizarla por anteojeras ideológicas es profundamente antidemocrático”, afirmó.
El flamante presidente de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara baja bonaerense, Juan Osaba, también cuestionó el fallo y afirmó: “Mientras haya kirchnerismo, habrá inseguridad”. En tanto, la ex legisladora libertaria Carolina Piparo sostuvo que, mientras se mantenga la suspensión, “los derechos humanos de los delincuentes están siempre por encima de los derechos humanos de sus víctimas”.
Mientras haya kirchnerismo, habrá inseguridad.
La Justicia bonaerense frenó por 60 días el nuevo régimen penal juvenil por una supuesta “falta de infraestructura” de la propia Provincia.
Nación endurece las reglas contra los delincuentes y la Provincia va a contramano,… pic.twitter.com/dYV7QEVdee— Juanes Osaba (@JuanesOsaba) September 7, 2026
Del otro lado, la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, sostuvo que “bajar la edad de punibilidad vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes” y acompañó el hábeas corpus presentado por el Hogar de Cristo. “Si el Estado no tiene dónde alojarlos ni cómo acompañarlos, no es una política de seguridad: es venganza, no justicia”, afirmó.
En la previa de la suspensión, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos. El Foro por la Niñez, la CTA Autónoma, la Comisión Provincial por la Memoria, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se habían manifestado en contra de su aplicación y otras organizaciones alertaron en un comunicado sobre un “incremento de la punitividad” y cuestionaron que el nuevo régimen priorice “el castigo y el encierro por encima de la gestión comunitaria, conciliatoria y restaurativa de los conflictos”. Los espacios sostuvieron que la reforma coloca a niños, niñas y adolescentes “en una situación de extrema vulnerabilidad” y constituye, a su entender, “un grave retroceso en los estándares internacionales de Derechos Humanos”.
BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD VULNERA LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Acompañamos el habeas corpus preventivo colectivo presentado por @HogarDeCristoFG y la decisión de la Justicia de suspender por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos…
— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) September 7, 2026
Las organizaciones también cuestionaron que la reforma extienda la respuesta penal a todos los delitos previstos en el Código Penal y advirtieron que la judicialización temprana puede profundizar situaciones de exclusión y marginalidad. En ese marco, llamaron a sostener mecanismos de mediación, reparación y abordajes comunitarios, y reclamaron que la escuela permanezca como un espacio de cuidado y no de intervención punitiva.
A su vez, la Pastoral Judicial pidió que la aplicación del nuevo régimen no agrave las condiciones de vulnerabilidad de los adolescentes. El espacio, a cargo del obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, planteó reparos frente a la implementación del sistema a partir de los 14 años.
