El 26 de agosto, cuando un grupo de opositores montó una conferencia de prensa con 133 diputados dispuestos a marcarle la cancha a La Libertad Avanza, dentro del gobierno se encargaron con insistencia de bajarle el precio a lo que por entonces se leyó como una reedición parlamentaria de la Multipartidaria que logró presionar a la última dictadura cívico militar para convocar a elecciones. “Son el tren fantasma”, decían con total tranquilidad desde un importante despacho para graficar la calma con la que el oficialismo se tomó esta avanzada. Dos semanas después, las mismas voces reconocen que no pueden hacer nada para impedir la sesión que este grupo convocó para mañana.
Después de varias reuniones y mensajes cruzados, Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Coherencia, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y Encuentro Federal lograron llegar a un punto de acuerdo y, tras el fallido intento para meter el tratamiento de la Emergencia de Discapacidad y morosidad el mismo día que el gobierno logró aprobar la reforma de la Carta orgánica del Banco Central, los legisladores unificaron criterios y pidieron al presidente del recinto, Martín Menem, que convoque a una sesión para tratar el emplazamiento a comisiones donde pretenden discutir los más de cincuenta proyectos existentes.
Durante varios días, se especuló con la posibilidad de que el oficialismo montara un operativo para impedir la convocatoria que tendrá lugar este miércoles a las 12 y, se espera, se extienda por cuatro o cinco horas. Sin embargo, los movimientos gubernamentales fueron prácticamente nulos. Según confiaron fuentes oficiales a cargo de la estrategia parlamentaria, en las primeras comunicaciones entre la Casa Rosada y los aliados, más de un legislador adelantó que la orden de los gobernadores es no dar el brazo a torcer. “¿Cómo hago para volver a mi provincia después?” fue la pregunta que recibieron en el gobierno de parte de más de un diputado para justificar el accionar. Cuando la excusa se propagó, en Balcarce 50 ya daban el partido por pedido.
“Cuando tenés que quemar muchas balas para intentar impedir algo que puede tener una solución posterior, la estrategia no tiene sentido”, explicó un integrante de la mesa chica legislativa sobre la postura que adoptó el gobierno. En concreto, en el oficialismo entienden que trabajar por una sesión en la que, en rigor, no habrá ninguna aprobación de proyectos sino que sólo servirá como un pre-aviso para LLA no tiene mayor sentido. Lo único que pondrán en marcha, en tanto, será un operativo contención con el que apuestan a dilatar lo más posible la discusión dentro del recinto.
Descontado el tratamiento en comisiones de los proyectos, que tienen como fecha tentativa el próximo 23 y 30 de septiembre aunque el mismo quedará sujeto a lo que se defina mañana en la sesión, en Casa Rosada apuntan a que el trabajo dentro de Finanzas sea lo más conversado posible para lograr conseguir un dictamen que esté dentro de los parámetros que el gobierno está dispuesto a aceptar frente a la discusión por el aumento de la morosidad y la insistencia de la oposición de declarar la emergencia en discapacidad.
Respecto a la emergencia en discapacidad, en gobierno descartan presentar cualquier iniciativa puesto que no aceptarán modificar ni un ápice el Presupuesto para aumentar las partidas del área. Sobre la multiplicación de familias endeudadas, en tanto, la propuesta del oficialismo es legislar sobre las condiciones en la que los usuarios acceden a créditos, sin proponer ninguna solución real para aquellos sectores que se encuentran asfixiados por las deudas ya contraídas.
En este sentido, la gestión libertaria apunta a introducir modificaciones en las normas de publicidad de los créditos, que debería ser anunciada a través de una resolución del Banco Central, con la que se impondría una mayor exigencia para exponer el Costo Financiero Total (CFT) de los mismos.
La encargada de adelantar la jugada fue Patricia Bullrich durante la última sesión del Senado. En un búsqueda por darle un guiño a las exigencias de bloques aliados, la dirigente sostuvo que las tasas de interés que cobran las billeteras virtuales “son un robo”, exigió mayor visibilidad del CFT de los préstamos y advirtió sobre la necesidad de tener “etiquetado frontal” para todos los créditos. Pese a los dichos de la senadora, el gobierno aún no se dispuso a escribir ningún proyecto para abordar este tema.
La pasividad del oficialismo en materia legislativa se debe a que entienden que aún cuentan con margen para maniobrar la discusión dentro del recinto. Con la mejor de las suertes apuntan a dilatar el debate el mayor tiempo posible para evitar un nuevo traspié dentro del Congreso que repercuta no sólo en la imagen del oficialismo, sino también en el inicio de la campaña por la reelección presidencial. “Una vez que pase la sesión de mañana la idea es volver a llamar a todos para ver qué podemos sacar que sea lógico para todas las partes. Por ahora, vamos a esperar a ver con qué cartas juegan ellos”, adelantaron.
Pese a la buena voluntad que intentan montar respecto al diálogo con las provincias, desde desde la gestión libertaria adelantan que el Ejecutivo no aceptará la aplicación de ninguna ley que implique quebrar el equilibrio fiscal que Javier Milei y Luis Caputo cuidan con uñas y dientes. “Todo lo que salga va a tener que acatarse al plan económico del presidente”, insistieron. En este punto, una fuente irrefutable adelantó que, en caso que la oposición consiga sortear todas las estrategias parlamentarias del gobierno y logre la aprobación en ambas cámaras, el líder libertario vetará cualquier ley que no acate la normativa libertaria. Para la misma voz el oficialismo cuenta con los votos necesarios para blindar el veto en caso que sea necesario. “El presidente ya demostró que no le tiembla la mano”, concluyeron.
TS/CM
