El fiscal federal Franco Picardi solicitó que Nadia Beller declare como testigo en la causa que investiga una presunta trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La pesquisa analiza una ruta de fondos que alcanzaría los $ 105.000 millones y que estaría vinculada con compras direccionadas, sobreprecios, compulsas de precios presuntamente simuladas y un supuesto esquema de sobornos. Para concretar la medida, el funcionario judicial pidió la colaboración de la Fiscalía General de Bolivia.
El pedido se fundamenta en declaraciones públicas realizadas por Beller quien se encuentra recuperándose en Bolivia luego de haber sido víctima de un ataque a tiros en Santa Cruz de la Sierra por el que está preso su ex pareja, Fernando Cerimedo, ex asesor de Javier Milei. De acuerdo con Picardi, la joven habría manifestado contar con elementos que podrían aportar información de interés para el expediente. Por ese motivo, solicitó que sea notificada para prestar declaración testimonial y que las autoridades bolivianas colaboren con la realización de la audiencia.
La investigación sobre la ANDIS contempla, hasta el momento, dos circuitos de fondos presuntamente irregulares. El primero habría generado un perjuicio estimado en $ 30.000 millones y derivó en el procesamiento del ex titular del organismo Diego Spagnuolo, además de empresarios y su entonces segundo, Daniel Garbellini. Una segunda etapa detectó movimientos por otros $ 75.000 millones y llevó a la convocatoria a indagatoria de 35 personas, cuya situación procesal todavía debe resolverse.
Según describió Picardi, las maniobras bajo investigación se habrían desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 dentro de la ANDIS, organismo que dependía del Ministerio de Salud. El fiscal sostiene que el esquema habría sido posible a partir de acuerdos entre funcionarios del organismo y representantes del sector privado vinculados con droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia, conocidos como PACBI.
En su dictamen, Picardi destacó que Beller habría señalado en entrevistas realizadas en Argentina y Bolivia que tenía información vinculada con presuntos hechos de corrupción durante la gestión libertaria. Entre sus dichos, la joven sostuvo que Cerimedo le habría hablado en reiteradas oportunidades sobre supuestas irregularidades y afirmó que el consultor habría sido quien filtró los audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se mencionaban presuntas coimas y el famoso 3% destinado a Karina Milei. Beller también aseguró que conserva grabaciones de conversaciones con Cerimedo.
A partir de esas manifestaciones, el fiscal pidió que la declaración pueda realizarse por videoconferencia desde Bolivia, utilizando la plataforma de la Procuración General de la Nación y con autorización previa de la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia. También solicitó que funcionarios de ese organismo estén presentes durante la audiencia, teniendo en cuenta la situación actual de la joven. La diputada Marcela Pagano, por su parte, ya había reclamado al juez Ariel Lijo y al propio Picardi que Beller fuera convocada a declarar y que se evaluara su incorporación al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.
Cerimedo, desde la cárcel: «Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz»
El ex asesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, declaró por primera vez desde que pisó el penal de Palmasola, donde deberá cumplir 180 días de prisión preventiva por tentativa de feminicidio. En una carta difundida por sus abogados, el argentino confirmó su colaboración con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aunque negó haber tenido autorización para actuar en nombre del gobierno o del mandatario.
«Reafirmo lo dicho por el presidente Rodrigo Paz. Las mentiras o chismes no constituyen los hechos. Mi rol como colaborador del presidente no me otorgaba ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia presidencial. Jamás actué en nombre de nadie ni tomé decisiones. Nunca hice uso de eso a pesar de las mentiras y difamaciones infundadas que indican lo contrario», comienza el comunicado de Cerimedo.
La carta salió un día después de que el presidente boliviano negara públicamente que él -en sus palabras, un «estratega de reconocimiento mundial»- tuviera autorización para representarlo. Paz había declarado: «El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia». Además, expresó que «nunca hubo un contrato de trabajo, nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar con ministros, viceministros, delegados presidenciales». De todas formas, confirmó que Cerimedo colaboró durante su campaña de segunda vuelta y en el principio de su gestión.
Por otra parte, defendió a su esposa, María Elena Urquidi, a quien se la vincula con el caso: «Tengo una esposa que ha sido intachable, somos familias de valores cristianos, que sigue creyendo en la patria».
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