La figura de Fernando Cerimedo sigue derrumbándose luego de haber sido detenido por el intento de asesinato de su ex pareja, Nadia Beller, el pasado 17 de agosto en Bolivia. Luego de ser enviado a prisión preventiva, la investigación penal en su contra, que inicialmente se abrió por presunto enriquecimiento ilícito, fue ampliada por la Fiscalía de Bolivia y ahora incluye los presuntos delitos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas. Además, fue trasladado a Chonchocoro, un temible penal a las afueras de La Paz que está ubicado a 4.000 metros de altura.
De esa forma, deberá cumplir la sentencia de 180 días que comenzó en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, por tentativa de femicidio. En ese contexto, Cerimedo insiste en que la causa «no tiene ni pies ni cabeza» y exigió que se sepa la verdad. Además, apuntó contra Beller y pidió disculpas al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, a quien asesoró entre 2025 y 2026: «Que me perdone (Paz) por no haberle hecho caso y meterme con esa loca».
En una audiencia informativa realizada en La Paz, el consultor político había sorprendido al declarar que sus ingresos mensuales rondaban “cerca de un millón de dólares” durante 2025, provenientes de sus empresas de comunicación digital. El dato, que él mismo aportó ante la Justicia boliviana, derivó en la apertura de una primera investigación por enriquecimiento ilícito, dado que las cifras superan ampliamente los parámetros habituales de la actividad privada en la región.
Este martes, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó la ampliación del expediente. Ernesto Giraldes, uno de los abogados del argentino, dijo que la defensa solicitará en una audiencia que Cerimedo pueda defenderse en libertad en los procesos por los que tiene órdenes de prisión preventiva, aunque el ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, indicó que el asesor permanecerá «completamente» aislado de la población carcelaria durante siete días «por su seguridad».
En paralelo, Cerimedo enfrenta una tercera causa por presunta violencia familiar y doméstica contra Beller, por hechos que habrían ocurrido en julio. Mariaca informó que el argentino ya prestó declaración y se espera que un juez fije la fecha de su audiencia cautelar.
Nadia Beller fue citada como testigo en la causa por corrupción en la ANDIS
El fiscal federal Franco Picardi solicitó que Nadia Beller declare como testigo en la causa que investiga una presunta trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La pesquisa analiza una ruta de fondos que alcanzaría los $ 105.000 millones y que estaría vinculada con compras direccionadas, sobreprecios, compulsas de precios presuntamente simuladas y un supuesto esquema de sobornos. Para concretar la medida, el funcionario judicial pidió la colaboración de la Fiscalía General de Bolivia.
El pedido se fundamenta en declaraciones públicas realizadas por Beller quien se encuentra recuperándose en Bolivia luego de haber sido víctima de un ataque a tiros en Santa Cruz de la Sierra por el que está preso su ex pareja, Fernando Cerimedo, ex asesor de Javier Milei. De acuerdo con Picardi, la joven habría manifestado contar con elementos que podrían aportar información de interés para el expediente. Por ese motivo, solicitó que sea notificada para prestar declaración testimonial y que las autoridades bolivianas colaboren con la realización de la audiencia.
La investigación sobre la ANDIS contempla, hasta el momento, dos circuitos de fondos presuntamente irregulares. El primero habría generado un perjuicio estimado en $ 30.000 millones y derivó en el procesamiento del ex titular del organismo Diego Spagnuolo, además de empresarios y su entonces segundo, Daniel Garbellini. Una segunda etapa detectó movimientos por otros $ 75.000 millones y llevó a la convocatoria a indagatoria de 35 personas, cuya situación procesal todavía debe resolverse.
Según describió Picardi, las maniobras bajo investigación se habrían desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 dentro de la ANDIS, organismo que dependía del Ministerio de Salud. El fiscal sostiene que el esquema habría sido posible a partir de acuerdos entre funcionarios del organismo y representantes del sector privado vinculados con droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia, conocidos como PACBI.
MM/
