En un miércoles negro como desde hacía tiempo no tenían, el gobierno sufrió dos derrotas al hilo en terreno parlamentario. Primero, con la imposibilidad de frenar la sesión en la que Diputados opositores lograron convocar a comisiones para tratar los proyectos de Morosidad y la extensión de la Emergencia en Discapacidad y, más tarde, con la caída de la sesión que hubiese tenido lugar este jueves en el Senado, una hazaña que no se pudo completar por falta de votos para aprobar el proyecto de Biocombustibles.
Los traspiés legislativos intentaron ser justificados dentro del oficialismo con una muy poco creativa estrategia de repartija de responsabilidades. En la Cámara Baja, La Libertad Avanza apostó por hegemonizar el resultado de la votación para evitar la foto con menos de la mitad del recinto en rojo, instancia que expondría sin tapujos la minoría con la que se manejan desde la creación del bloque de los 133 opositores que lograron impulsar la sesión. En la Alta, Patricia Bullrich se encargó de hacer circular que la caída de la sesión se dio por culpa de los bloques federales por insistir en tener su propio dictamen para el proyecto que busca legalizar el corte de caña de azúcar y maíz en las naftas. Pero, a la larga o a la corta, la realidad se impone a cualquier operación: con el peronismo y las provincias retobadas, los libertarios no tienen margen de acción.
Desde temprano, fuentes al tanto de los manejos legislativos dejaban trascender que el día en el Congreso no sería favorable. Un último manotazo de ahogado para recibir con menos fuerza el impacto. En el después, se encargaron de hacer circular que el gobierno había conseguido un “empate” por haberse asegurado que en Diputados los proyectos no pasen por la comisión de Presupuesto. “Algo es algo”, dijeron con resignación desde el Palacio para intentar ocultar los humores derrotistas.
Para el oficialismo, pese a la marcada de cancha de las últimas 24 horas, los opositores siguen siendo un margen marginal dentro de su plan. En Casa Rosada están convencidos que estos movimientos se tratan de una instancia de falta de planificación oficial y no un cambio de corriente dentro del poder legislativo impulsado por los gobernadores a los que Karina Milei no les da una señal clara sobre cuáles serán las bases y condiciones con las que la hermana presidencial pretende jugar en los territorios que los mandatarios harán hasta lo imposible para conservar. “De las listas no vamos a hablar hasta fin de año o principios del que viene”, insisten cerca de la secretaria general para dejar en claro la postura oficial que contrasta de lleno con la postura más dialoguista que quieren imponer Bullrich, Luis y Santiago Caputo.
Si bien el plan oficial es fingir demencia ante los resultados en el Congreso, lo cierto es que los estrategas de la gestión volvieron a poner en marcha el plan Malvinas para intentar escapar a tiempo de la catástrofe. En este marco, apenas horas después del batacazo legislativo, el gobierno anunció la presentación de otra camada de sumarios sancionatorios para empresas extranjeras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas que, luego de esta última denuncia, pasan a ser un total de 60.
Entre las compañías más destacadas se encuentran Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited, Navitas Petroleum Limited Partnership, Navitas Petroleum Development & Production Limited y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Todas ellas tienen algún tipo de vinculación con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion que desde hace más de una década se desarrolla en el archipiélago y planea exportar más de 50 mil barriles de petróleo diarios.
Además de las sanciones, el gobierno se embarcó en la presentación de una denuncia penal contra la empresa Navitas, impulsada por el canciller Pablo Quirno y motorizada a través de la Procuración General del Tesoro, a cargo del ex viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, en colaboración con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, los cerebros legales que hacen malabares para cumplir con las fantasías del asesor presidencial.
Más allá de las denuncias, dentro del oficialismo reconocen que la nueva era del nacionalismo mileista tuvo un mejor impacto que el esperado, por lo que la utilización de la causa por el reclamo de la soberanía en las islas se extenderá hasta cuanto sea posible. La estrategia gubernamental es utilizar el viejo recurso del impacto por goteo para lograr regular a su gusto la presencia en la agenda nacional del tema. En este marco, dejan abierta la posibilidad de que en los próximos días “haya más novedades” sobre el tema, aunque no dan ninguna precisión sobre el contenido de las mismas.
En este marco, en tanto, el gobierno ultima detalles para enviar el próximo miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto con el que buscará ampliar las sanciones previstas en la Ley 26.659, entre las que evalúan incluir la pesca ilegal en las Islas. Además, el ministro de Defensa, Carlos Presti, se prepara para iniciar un raid mediático en el que se enfocará en dar detalles sobre la construcción de la Base integrada en Tierra del Fuego, que el propio gobierno paralizó su construcción en 2024, territorio que este viernes será recorrido por el ministro y el canciller para montar una nueva foto con la que el oficialismo buscará seguir manteniendo vigente el tema.
TS/CM
