La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por presuntos sobornos en la compra de medicamentos de alto costo a droguerías. Los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah ratificaron además los procesamientos de otras 18 personas y dieron por probada la existencia de una «asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y particulares«, con «direccionamiento de contrataciones» y pago de sobreprecios para la compra de insumos destinados a sectores vulnerables.
El tribunal rechazó, además, un planteo de la familia Kovalivker -dueña de la droguería Suizo- y de otras defensas, que buscaban anular la causa cuestionando el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo que dispararon la investigación. Los jueces avalaron la continuidad del expediente y confirmaron que esas grabaciones seguirán siendo objeto de una pericia técnica, ordenada por el juez a cargo de la causa, Ariel Lijo, quien subroga el juzgado federal 11 desde que Sebastián Casanello -el magistrado que dictó los procesamientos originales, en febrero pasado- dejó de intervenir.
A Spagnuolo se le imputan cuatro delitos: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita como organizador o jefe, la figura más grave dentro de esa última calificación. Según la hipótesis del fiscal Franco Picardi, un grupo paraestatal logró cooptar la ANDIS y manejarla en función de sus propios intereses, con maniobras que incluyeron simulación de competencia entre droguerías y el uso de un sistema de compra especial, el Siipfis, pensado para agilizar la adquisición de insumos médicos caros y de baja frecuencia: sillas de ruedas, audífonos, prótesis, material de traumatología y cardiología. La auditoría que se hizo tras el estallido del escándalo había detectado sobreprecios de hasta el 4239% en algunas de esas compras.
Entre los confirmados este martes aparecen nombres que ya eran centrales en la causa. Daniel Garbellini, el segundo de Spagnuolo, enfrenta cargos similares a los de su exjefe. El empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los organizadores del esquema, y su hija Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, en cuyo departamento se secuestraron casi 700.000 dólares en efectivo que, según su propia declaración, en gran parte pertenecían a su padre. También figura Emmanuel Kovalivker, de la droguería Suizo, a quien le secuestraron otros 266.000 dólares en su auto cuando salía de su casa en Nordelta. El fiscal Picardi, que impulsó la investigación con intervenciones telefónicas, allanamientos y embargos, ya pidió otros 30 procesamientos adicionales que todavía debe resolver la Justicia.
El expediente que también salpicó a Vilches
La confirmación judicial llega en un momento especialmente sensible para el área. Este lunes renunció el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, el funcionario que Javier Milei había designado en agosto de 2025, por el decreto 601/2025, específicamente para normalizar la ANDIS después de la salida de Spagnuolo. La misión de Vilches fue disolver esa agencia y crear en su lugar la actual Secretaría Nacional de Discapacidad, dentro del Ministerio de Salud, en medio de una gestión que terminó envuelta en su propia interna por los cambios que el Presupuesto 2027 propuso para el área sin el aval de Patricia Bullrich ni de los diputados libertarios.
Su salida, además, quedó pegada a otro dato incómodo: horas antes de conocerse la renuncia, trascendió que una auditoría interna había detectado un desfasaje de casi 158.717 millones de pesos entre los registros de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad y los de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, ambas bajo la lupa del mismo fiscal Picardi. Los audios que originaron toda la causa, cabe recordar, mencionan directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo «Lule» Menem, según se desprende de las grabaciones atribuidas a Spagnuolo.
La causa sigue sumando capítulos. Este miércoles está prevista la declaración de Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, el asesor libertario que según ella misma fue quien filtró los audios atribuidos a Spagnuolo. Su testimonio podría aportar nuevos elementos justo cuando la Justicia avanza en la pericia sobre la autenticidad de esas grabaciones, el mismo material que las defensas de los procesados buscan invalidar y que, por ahora, sigue sosteniendo toda la estructura de la causa.
JD/CM
