El Gobierno respondió a los reclamos de la oposición por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En primer lugar, rechazó la propuesta central de Unión por la Patria: el proyecto, por ahora no se divide. La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, se presentó este miércoles en el plenario de comisiones de Diputados, defendió el texto que envió Javier Milei y descartó separar los primeros 40 artículos, los que endurecen las sanciones a las empresas que operan en Malvinas, del resto de la norma. Como contrapartida, anticipó que el Ejecutivo estudia crear una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional, el organismo que concentra las críticas.
Fue el tercer encuentro del plenario de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. El primero había terminado con el escándalo entre Juan Grabois y diputados libertarios, y el segundo, ayer martes, reunió a una docena de expositores invitados por la oposición, casi todos críticos, con un cierre a los gritos entre Germán Martínez y Beltrán Benedit. Esta vez la que habló fue una funcionaria del Ejecutivo, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, mientras los ministros que la oposición había pedido, el canciller Pablo Quirno y el titular de Defensa, Carlos Presti, no aparecieron.
El oficialismo planeaba tener dictamen esta semana. Lo corrió: ahora apunta a un nuevo plenario el miércoles 14, a firmar el despacho en esa semana y a votar el proyecto en la sesión del 21 de octubre. En el medio, el Gobierno negocia con los bloques dialoguistas cambios al texto, el primero de ellos sobre el artículo 111, que prevé penas de prisión por campañas de desinformación financiadas desde el exterior.
Qué dijo la funcionaria el gobierno de Milei
Ibarzabal Murphy abrió con un llamado a bajar el tono: «Mi propuesta es que podamos deponer las armas», dijo, y la frase provocó críticas en los bloques opositores y subió la tensión en la sala. Agregó que el proyecto «se trata lisa y llanamente de defender nuestra soberanía» y que venía «primero como argentina y después, por supuesto, como parte del gobierno nacional».
Resumió la iniciativa en tres pilares: castigar a quienes explotan los recursos en las islas de forma ilegítima, generar los incentivos para que dejen esas conductas y dotar al Estado de herramientas para protegerse de las amenazas externas. Puso como ejemplo el yacimiento Sea Lion, que, según dijo, «es el primer proyecto que intenta pasar a la fase de explotación», y advirtió que si no se lo frena «podrán avanzar con los otros proyectos que vienen detrás». «No podemos mirar para el costado hoy», insistió.
Sobre el pedido de dividir el texto, fue taxativa. «Entendemos que el título primero no se puede tratar por separado del resto. Para poder defender las Islas Malvinas y el resto del territorio necesitamos no solo regímenes sancionatorios fuertes, sino también que el Estado y nosotros como argentinos tengamos las competencias y facultades necesarias para que nuestras relaciones diplomáticas no sean solo de palabra», afirmó.
Defendió también el Consejo de Seguridad Nacional y negó que implique una delegación de facultades del Congreso. «Se mantiene la especialidad y autonomía funcional de los organismos ya existentes. El Consejo los coordinará bajo un mismo lineamiento», dijo. Y anunció que «estamos analizando incorporar la creación de una comisión bicameral de seguimiento» del Consejo, con la idea de que esos temas tengan «la coordinación de los tres poderes».
La funcionaria rechazó además que el régimen de desistimiento para las empresas que hoy operan sin autorización implique una amnistía. «Las sanciones no solo se mantienen sino que se agravan», afirmó. Y se mostró abierta a ajustar el artículo 111, uno de los más cuestionados por organizaciones de prensa: «No criminaliza el error periodístico ni la difusión falsa. No tiene nada que ver. Si es necesario hacer ajustes para que no queden dudas«.
La respuesta de la oposición
La bicameral no convenció. Maximiliano Ferraro y Agustín Rossi cuestionaron que no está claro qué rol tendría ese órgano frente a los organismos de inteligencia.
Ferraro advirtió por «una tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave» y volvió a reclamar la presencia de Quirno y Presti. Rossi le apuntó al Gobierno por la contradicción entre la defensa de la soberanía y la venta de ciudadanía: «Quieren defender al país de la influencia extranjera pero coordinen con Caputo que está propulsando lo contrario con la venta de ciudadanía a extranjeros». El diputado del MID Eduardo Falcone preguntó cómo ejercería el Ejecutivo la facultad de derribar un buque o un avión sin autorización del Congreso.
Desde Unión por la Patria sostuvieron que «hay varios proyectos dentro de uno», y Eduardo Valdés dejó la puerta abierta a un acuerdo parcial: «Hasta el artículo 40 nosotros queremos trabajar juntos», aunque, dijo, el resto está orientado a cuestiones internas más que a la soberanía.
A Martínez, el jefe del bloque, no le cambió la posición. «Esa es nuestra posición y por ahora ellos no dicen si están dispuestos a discutirlo así», dijo a La Pluma. Y volvió a cuestionar el artículo que permite a las empresas sancionadas salir del régimen y volver a invertir: «No puede ser que empresas que explotan recursos en nuestro territorio les permitamos salir y volver a invertir como si nada en Argentina«. Lo calificó de «salvataje».
Hay además una señal que preocupa al oficialismo. Provincias Unidas prepara un dictamen propio, porque no respalda los títulos II al VIII, y propondrá cambios al título I. La diputada Mónica Frade (CC) y Myriam Bregman (izquierda) se retiraron de la reunión tras acusar al presidente de la comisión, Carlos Zapata, de dejarlas últimas en la lista de oradores, y que la única voz libertaria fue la de Silvana Giudici, que defendió el texto como «la ley más importante que presentó este gobierno».
Lo que negocia el oficialismo y el calendario
Mientras en el plenario se discutía el texto, la negociación política va por otro carril. Referentes de los bloques dialoguistas se reunieron con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en el Salón de Honor de Diputados. Los aliados piden eliminar el artículo 111 de la Ley de Defensa y se negocian además garantías para modificar partidas de Discapacidad, universidades nacionales y obras públicas en el Presupuesto 2027, cuyo debate comenzaría el martes 13.
Al oficialismo le preocupa, además, la sesión opositora del 15 de octubre. Busca impedir el quórum para derogar el DNU 70/23 y evalúa reintroducir restricciones a la compra de tierras rurales en otro proyecto, además de temer que la Corte Suprema designe dos conjueces para revisar la Ley de Tierras.
En ese marco, y ante los rumores de que podrían convocar a una sesión por Malvinas antes del 15 para empantanar la convocatoria opositora, desde el oficialismo aseguraron a La Pluma que «todo indica que buscaremos llevar el tema en una sesión el 21 de octubre». Reconocieron también que el proyecto «saldrá con muchos cambios respecto de su versión original». El oficialismo prometió a los dialoguistas abrir el recinto el 21 con un temario que incluiría la Ley de Defensa de la Soberanía, Discapacidad y sobreendeudamiento familiar.
