Cientos de estudiantes universitarios ingresaron el miércoles por la tarde al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación (ex ministerio), para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una actualización de las Becas Progresar. La protesta comenzó con una sentada frente al edificio y continuó en el interior, donde los manifestantes reclamaron ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Horas después, fueron desalojados por efectivos de la Policía Federal en medio de empujones y un operativo que el Gobierno calificó como la respuesta a una “toma violenta”.
La protesta se produjo un día después de un fallo judicial que declaró inconstitucional una cláusula del Decreto 759/2025 utilizada por el Poder Ejecutivo para condicionar la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, ordenó al Gobierno dictar las medidas reglamentarias necesarias para poner en marcha la normativa de manera inmediata.
La ley había sido aprobada por el Congreso en agosto de 2025. Luego de que el presidente Javier Milei la vetara, Diputados y Senado insistieron con el proyecto y rechazaron el veto con la mayoría de dos tercios requerida por la Constitución. Sin embargo, el Ejecutivo incorporó una condición en el decreto de promulgación que supeditaba su aplicación a que el Congreso identificara las fuentes de financiamiento. Para la Justicia, esa disposición funcionó en los hechos como un veto encubierto.
Con ese antecedente, los estudiantes llegaron al Palacio Pizzurno para entregar un petitorio y exigir respuestas concretas. Entre sus principales reclamos incluyeron el cumplimiento de la ley, la recomposición de las becas estudiantiles, la aplicación efectiva del boleto educativo, políticas de salud mental y mayores partidas para residencias y comedores universitarios.
“Ya pasó más de un año desde que se aprobó la ley. Ya la Justicia falló sobre la cuestión de fondo diciendo que lo que está haciendo el Gobierno al incumplirla es inconstitucional”, sostuvo Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La dirigente aseguró que existen estudiantes que están abandonando sus carreras por dificultades económicas. “Hay muchos compañeros nuestros que se están cayendo de la cursada y que no pueden seguir estudiando”, afirmó.
Uno de los puntos centrales del reclamo está relacionado con las Becas Progresar. Los estudiantes sostienen que la Ley de Financiamiento Universitario establece la recomposición de los programas de becas de acuerdo con la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma.
La protesta reunió principalmente a estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, aunque también participaron representantes de otras universidades nacionales del Área Metropolitana, entre ellas la UNLP, la UNQ y la UNSAM. Los manifestantes anunciaron que permanecerían en el edificio hasta obtener una respuesta de las autoridades educativas.
Finalmente, representantes estudiantiles fueron recibidos por Carlos Torrendell. Según el relato difundido por los estudiantes, el encuentro duró aproximadamente tres minutos y no derivó en ningún compromiso concreto. Una de las participantes afirmó que, durante la reunión, el secretario recibió un llamado de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras el cual se retiró.
Los estudiantes también denunciaron que se les impidió ingresar con teléfonos celulares mientras que posteriormente un funcionario ingresó al lugar filmando con un celular. Según su versión, luego se les comunicó que debían abandonar el edificio bajo la advertencia de que serían desalojados por la fuerza.
Minutos después, efectivos de la Policía Federal ingresaron al Palacio Pizzurno y procedieron al desalojo. Los estudiantes denunciaron haber sido retirados a los empujones y, según los testimonios difundidos durante la protesta, también hubo uso de gases lacrimógenos. Infobae consignó que, de acuerdo con fuentes oficiales, no hubo detenidos.
El Ministerio de Capital Humano, por su parte, presentó una versión diferente de los hechos. La cartera calificó la protesta como una “toma violenta” y sostuvo que hubo “daños al patrimonio público”. En un comunicado, informó que realizará una denuncia judicial para investigar lo ocurrido, determinar eventuales daños y establecer responsabilidades.
“Por la fuerza, nada”, publicó Pettovello al difundir imágenes del operativo policial. El Gobierno sostuvo además que el derecho a manifestarse debe ejercerse dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas. La tensión entre el Gobierno y la comunidad universitaria se produce a pocos días de una nueva jornada de movilización. El próximo 15 de octubre está prevista la quinta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de Milei, con participación de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes.
La movilización confluirá además con otros reclamos frente al Congreso, entre ellos el debate por la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. En paralelo, distintos sectores universitarios preparan nuevas medidas de protesta. Desde el movimiento estudiantil anticiparon que la permanencia en el Palacio Pizzurno marca el comienzo de una nueva etapa de movilización. “Se nos acabó la paciencia. No nos vamos a ir hasta que se comprometan a cumplir con los reclamos”, había advertido Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA.
AL/CM
