La segunda reunión del plenario que trata el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional no terminó como la primera, que protagonizó un escándalo con gritos y forcejeos entre Juan Grabois y diputados de LLA. Sin embargo, el debate dejó más dudas sobre cómo avanzará el proyecto que envió Javier Milei a Diputados. Desde el peronismo señalaron a La Pluma que buscarán «separar» los primeros 40 artículos de la iniciativa, es decir, el primer título de los ocho totales, que se enfoca en endurecer las sanciones a las empresas que exploran y/o explotan recursos en las Islas Malvinas. En el resto del proyecto oficialista es donde se concentraron todas las críticas de los especialistas invitados por la oposición.
El Consejo de Seguridad Nacional fue, precisamente, el blanco de críticas por las capacidades que se le delegan al Poder Ejecutivo en materia de Defensa, entre otros puntos sensibles. Así lo explicó Paula Litvachky, abogada y directora ejecutiva del CELS: «Son reformas ambiguas que dan poder a las áreas de Inteligencia. Organismos para imponer sanciones gravísimas sin control real. Otorga facultades por fuera de las reglas constitucionales, figuras penales laxas que pueden derivar en un estado de sospecha. Por ejemplo, por ‘desinformar’, algo que es evidente en lo difuso para etiquetar como ‘enemigo’ sin tener que dar explicaciones».
Para reforzar su punto, manifestó que con esta ley una comunidad mapuche que fue considerada terrorista «sin ninguna prueba» podría ser condenada. «No alinearse con agendas de dominación hemisférica, no regalar las tierras y cuidar nuestros recursos, eso sería defender la soberanía«, concluyó.
Otro de los puntos en los que muchos de los expertos, así como diputados de UxP, hicieron hincapié, es en el pedido de un debate más extenso y sin apuros para sancionar una ley muy extensa y polémica.
«Nos gustaría sumar organizaciones de la sociedad civil, desconozco cómo quieren seguir llevando el debate. Debería dividirse en 8 proyectos distintos, estamos dispuestos a dar todos los debates. Impera la desconfianza y que detrás puedan haber caballos de Troya, se hicieron críticas profundas, pero que no reúnen el mismo nivel de consenso si estuviéramos hablando del título 1. Si pusiéramos allí el foco, en los primeros 40 artículos, podría haber diferencias, pero sería más factible alcanzar un nivel de acuerdo. Si tienen esa capacidad, me parece que ahí estaríamos haciendo un gran favor a esta causa nacional Malvinas«, dijo Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.
En diálogo con La Pluma, el legislador precisó dónde ve el problema dentro de ese primer título, en el que reconoció que podría «haber una discusión para llegar a un acuerdo». «Hay un artículo que contiene un blanqueo directo para las empresas«, advirtió. Y agregó: «Nos gustaría ser más duros con el Reino Unido. Se puede trabajar desde la ley Solanas, la ley vigente que dicen que no sirve y es por la cual hoy se están sancionando a las empresas. No es que no sirve esa ley, se puede mejorar en todo caso«.
Martínez también apuntó contra la conformación de la delegación oficial que acompaña el debate: «Santiago Caputo es el único funcionario que está mandando funcionarios, el karinismo está desaparecido: no vino el ministro de Relaciones Exteriores ni el de Defensa. Tienen que dar un debate político. Estamos dispuestos. Busquemos una ley de consenso sobre el régimen de sanciones a todo tipo de exploración y explotación de recursos naturales en Malvinas».
Qué dijeron los especialistas invitados por la oposición
Entre los expositores, Sergio Eissa, doctor en Ciencia Política y profesor de Defensa y Seguridad Internacional en la UBA, fue de los más duros. Para el académico, el texto «reintroduce la doctrina de la Seguridad Nacional» y es «un eslabón más en la entrega de la soberanía argentina sobre las Malvinas y la Antártida», que además conduce a «convertir a las Fuerzas Armadas en policías«.
Sobre el Consejo de Seguridad Nacional, Eissa lo definió como «una copia barata y bananera» del organismo de Estados Unidos, con la diferencia de que acá «casi que desplaza a los jefes de gabinete». Señaló que sus facultades alcanzan decisiones sobre infraestructura estratégica, sanciones por infracciones administrativas y hasta la suspensión del tipo de cambio de divisas, por lo que, dijo, «parece una junta civil que es la que va a gobernar«.
También marcó una contradicción en el texto: por un lado se plantea la posibilidad de derribo, pero por el otro se establece que no se pueden derribar aviones ni buques. «¿No se estará escondiendo una violación del derecho internacional?», se preguntó. Y cuestionó la narrativa sobre la pesca ilegal: según dijo, de acuerdo con la información del Gobierno, «no es China sino Taiwán, Corea del Sur, banderas no identificadas y España quienes pescan de manera ilegal en el Mar Argentino».
Mariana Altieri, doctora en Ciencias Sociales (UBA), magíster en Estrategia y Geopolítica de la Universidad de la Defensa Nacional y directora ejecutiva de la Fundación Meridiano, puso el foco en la forma: «Esta no es la forma de llevar el debate respecto de la defensa y seguridad del país. A las apuradas, sin participación de la sociedad civil, así no se va a poder construir un consenso ni un tratamiento serio«. Para la especialista, lo que se busca es «concentrar poderes en el Ejecutivo, usando Malvinas como una gran excusa«.
Juan Rattenbach, abogado, magíster en Economía Aplicada y secretario ejecutivo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, ofreció un matiz distinto. Consideró positivo aumentar las sanciones, pero pidió especial atención al capítulo 5, que a su juicio propone «una válvula de escape a las empresas que operan ilegalmente en nuestro territorio«. Advirtió además que, si el Consejo está integrado solo por ministros del Ejecutivo, podría tomar decisiones discrecionales, y que sería «calamitoso» que una ley cuyo eje es Malvinas fuera cuestionada por fallas de diseño legislativo y luego desestimada por un tribunal internacional.
Rattenbach reclamó, además, una política exterior que le dé a la causa una escala continental y recordó que el presupuesto de Defensa está «en su mínimo histórico»: «Invierte menos que Guyana respecto de su porcentaje de su PBI». Y planteó que cualquier proyecto debería salir por unanimidad: «No debería existir ni oficialismo ni oposición en la causa Malvinas».
Críticas al proyecto y al acuerdo Mondino-Lammy
El abogado Jerónimo Guerrero Iraola, que representa al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), habló de un proceso de «galtierización» del Gobierno con este proyecto y pidió su rechazo. El CECIM es el que presentó el amparo contra el artículo 154 del DNU 70/23, puesto otra vez en vigencia por el fallo de la Corte Suprema.
En el documento que la entidad presentó en Diputados, al que accedió La Pluma, advierte que el artículo 4 de la Ley de Defensa, que mantiene la distinción entre defensa nacional y seguridad interior, queda sin efecto con el proyecto. Cuestiona también las facultades del Consejo para investigar, sancionar y disponer restricciones económicas urgentes (artículos 87 a 100) y los artículos 41 a 49, que crean un sistema amplio bajo conducción presidencial. «Allí advertimos el riesgo de reconstruir la figura del enemigo interno«, sostiene el escrito.
El texto del CECIM suma críticas a la figura del artículo 111, que prevé prisión de cinco a doce años para quien, por cuenta de un Estado o agente extranjero, realice campañas coordinadas de «desinformación masiva», un concepto que, según el centro, el proyecto no define. Y cuestiona el artículo 114, que permite incluir personas y entidades en el registro vinculado al terrorismo por «motivos razonables para sospechar», sin que exista una acción penal.
Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur entre 2019 y 2021, sostuvo que «no hay urgencia para aprobar esta ley» y que el debate merece más tiempo «para que sea una política de Estado». Puso el foco en el acuerdo que firmaron el 24 de septiembre de 2024 en Nueva York la excanciller Diana Mondino y su par británico, David Lammy: «No podemos discutir este tema y firmar un tratado conjunto que habilita al Reino Unido a llevarse a conservación de pesquerías en el Atlántico Sur«. Y consideró que la segunda parte del proyecto «parece redactada por el Reino Unido».
Guillermo Carmona, que ocupó ese mismo cargo entre 2021 y 2023, también cuestionó que se plantee «endurecer la relación con el Reino Unido, cuando está el pacto de cooperación Mondino-Lammy». Aseguró que «la actual administración durante tres años no hizo nada por Malvinas», criticó el RIGI por haber habilitado «empresas a operar ilegalmente en la Argentina» y recordó que «hace más de dos años que no funciona el Consejo Malvinas», del que el Congreso es parte integrante.
Hubo, además, un cruce previo con el oficialismo.El diputado de LLA Nicolás Mayoraz acusó en la red X al CELS de ser «la ONG mercenaria que más fondos ha recibido de Gran Bretaña y los países de la OTAN», y que Litvachky respondió en el plenario.
Los puntos más polémicos del proyecto
La discusión sobre qué incluye el texto no es nueva. Como ya contó La Pluma cuando el proyecto llegó al Congreso, el capítulo 5 crea un régimen de desistimiento y regularización que permite a las empresas que operaron sin autorización argentina en la cuenca de Malvinas «regularizar su situación a cambio del pago de multas o compromisos de reconversión». La diputada Agustina Propato lo calificó de «amnistía para los saqueadores de Malvinas».
El artículo 111, que incorpora la figura de desinformación, fue cuestionado por el diputado Maximiliano Ferraro, quien advirtió que «crea un nuevo tipo penal inspirado en Putin, Orbán, Erdogan, Maduro y Bukele». Los artículos 62 y 74, que regulan el procedimiento ante aeronaves incursoras y permiten la «inutilización y, excepcionalmente, el hundimiento de buques«, fueron objeto de reparos del MID, que señaló que esos alcances «no fueron explicados de manera transparente».
Jorge Taiana (UxP) afirmó que el proyecto responde a una iniciativa de Estados Unidos y denunció una mezcla de «defensa, seguridad e inteligencia». Eduardo Valdés sostuvo que está «más hecho para la represión interna» y Myriam Bregman lo calificó de «fraude monstruoso». Entre otros puntos, la oposición también señaló la presencia de la SIDE y los fondos reservados, la derogación completa de la Ley 26.659 (conocida como ley Solanas) y el funcionamiento del Consejo.
La respuesta oficialista y un cierre con gritos
El bloque de La Libertad Avanza publicó en X un mensaje mientras se desarrollaba el plenario: «HECHOS, NO PALABRAS: el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional va a proteger nuestros recursos, nuestro mar y nuestro territorio. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas».
El cierre de la jornada volvió a subir la tensión. El diputado oficialista Beltrán Benedit, de Entre Ríos, justificó las visitas que hizo a exmilitares condenados en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza como «una costumbre de fe»: «visitar a los enfermos, visitar a los presos y ayudar a los necesitados». Además afirmó que nadie ha sido condenado específicamente por genocidio.
Martínez le respondió sin micrófono: «Nadie te aludió, vos fuiste a visitar a genocidas». La plenaria terminó entre gritos. El jefe de UxP dejó el recinto con un exabrupto y se despidió con un «anda a visitar a Astiz», mientras el presidente de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, intentaba contener la situación y pedía que Benedit concluyera.
Qué viene: el oficialismo apunta al dictamen el 14 de octubre
El debate continúa este miércoles a las 11 con el tercer plenario, al que asistirá la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, funcionaria que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.
Según pudo reconstruir La Pluma, en el oficialismo reconocen que recién buscarían el dictamen la semana próxima, lo que permitiría llevar el proyecto al recinto el 21 de octubre. La fecha apuntada para el dictamen es el miércoles 14, y que la idea es armar un temario junto con el proyecto de Fortalecimiento Permanente de Discapacidad, el sobreendeudamiento familiar y la elevación de penas por vandalismo rural.
En el peronismo ya adelantan cuál será su postura si el oficialismo no acepta dividir el proyecto: lo votarán todo en contra.
JD/CM
