El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer el sábado 28 de noviembre si frena el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de Malvinas, después de una última jornada en Hamburgo en la que la delegación argentina advirtió a los jueces que “si no es ahora, nunca será” y Londres les pidió descartar la totalidad del reclamo.
El anuncio lo hizo el presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga, al cerrar las audiencias. En las conclusiones finales, el embajador argentino ante el tribunal, Mario Oyarzábal, acotó el pedido de octubre: ya no reclama frenar toda explotación, sino que no haya nuevas perforaciones ni infraestructura de producción ligadas a Sea Lion, que no se use la información de la exploración contra Argentina y que Londres no otorgue nuevas autorizaciones.

Oyarzábal salió además al cruce de la estrategia británica de presentar el caso como una disputa territorial encubierta: “El Reino Unido pretende presentar este procedimiento como un intento de litigar la soberanía territorial bajo la apariencia de una controversia conforme a la Convención. Argentina rechaza esa caracterización”.
Marcelo Kohen, otro integrante de la representación argentina, insistió en que el tribunal no necesita expedirse sobre la soberanía para dictar las medidas. Repasó siete puntos que la delegación británica dejó sin respuesta, como la permanencia de las islas en la lista de territorios no autónomos de la ONU, y definió la omisión de la controversia como “el elefante en la habitación”.
El jurista se apoyó en la resolución 31/49 de la ONU, que insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales mientras siga abierta la disputa. La delegación argentina planteó además que Londres no puede escudarse en la controversia para esquivar la jurisdicción del tribunal y, a la vez, explotar los recursos como si ya la hubiera ganado.

El planteo argentino también abordó el costado ambiental. El abogado Nico Schrijver advirtió que hay más de 90% de probabilidad de que un virtual derrame alcance aguas internacionales. Después pasó a los plazos: según su cálculo, incluso con el más veloz de seis precedentes, el tribunal arbitral del Anexo VII recién podría funcionar el 6 de marzo, dos semanas antes de que arranquen las perforaciones.
“En cuestión de días es una afirmación, no un cronograma”, le respondió a Londres, antes de cerrar con una advertencia directa a los jueces: “Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal del Anexo VII podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será”.
Del lado británico, la abogada Amy Sander abrió la réplica con la tesis de que el planteo argentino sobre las emisiones de las islas solo se sostiene si se acepta que el país es soberano sobre ellas. Londres descartó que los seis precedentes sirvieran de vara, ya que ninguno arrancó con un pedido urgente esperando al tribunal arbitral desde su constitución. Cerró la agente británica, Sally Langrish, que invitó al Tribunal a “rechazar la totalidad de las solicitudes de la República Argentina para que se dicten medidas provisionales”.

La tensión escaló esta mañana con una revelación de The Guardian. Según el diario británico, el CEO de Rockhopper, Sam Moody, denunció ante el tribunal, en una declaración testimonial presentada por Londres, que el Gobierno argentino les escribió a él y al director financiero de la empresa el 1 de septiembre para amenazarlos con procesamiento penal, prisión y multas.
La delegación argentina está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal. Del otro lado, la comitiva la condujo la fiscal general de Inglaterra y Gales, Ellie Reeves, que durante las audiencias advirtió que frenar Sea Lion significaría su final, con consecuencias devastadoras para los isleños.

El litigio arrancó el 28 de septiembre, cuando Milei instruyó a la Cancillería a iniciar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y le dio a Londres dos semanas para frenar el proyecto. Vencido ese plazo sin cambios, el canciller Pablo Quirno formalizó el 13 de octubre el pedido de medidas urgentes ante el tribunal de Hamburgo.
Sea Lion, a unos 220 kilómetros al norte de las islas, lo opera la israelí Navitas Petroleum, con el 65%, junto a Rockhopper, que tiene el 35% restante. La explotación prevé extraer más de 300 millones de barriles en 30 años, según estimaciones de la defensa argentina.
El fondo del caso quedará en manos de un tribunal arbitral todavía sin constituir, porque Londres eligió la Corte Internacional de Justicia y Buenos Aires el Tribunal del Mar. La ministra británica de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, ya había anticipado que las medidas provisionales que se dicten “son vinculantes para las partes”.
JL/CM










