La causa que investiga irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo impulso judicial tras el pedido de la fiscalía para ampliar las indagatorias y profundizar la investigación sobre una trama de corrupción millonaria detrás del 3% a Karina Milei. Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron al juez Ariel Lijo la citación de 27 nuevos imputados, entre ellos el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, quien volverá a ser interrogado a partir de nuevos elementos incorporados al expediente.
El requerimiento también alcanza al empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como una de las piezas clave del entramado junto a Spagnuolo. Según la fiscalía, los recientes hallazgos permitieron ampliar la dimensión de la maniobra investigada, que habría operado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 mediante un sistema de direccionamiento de contrataciones públicas dentro del organismo.
De acuerdo con la acusación, la estructura combinaba la participación de funcionarios y empresarios en un esquema destinado a favorecer a un grupo reducido de proveedores. En ese marco, también aparecen mencionados Daniel María Garbellini y Pablo Atchabahian, entre otros actores que habrían intervenido en las operaciones a través de unas 30 empresas vinculadas.
El expediente detalla que las maniobras se centraban en la adquisición de insumos médicos de alto costo, como prótesis, implantes y equipamiento especializado, canalizados a través del programa Incluir Salud. Sin embargo, los fiscales sostienen que el sistema fue desviado de su finalidad original para beneficiar intereses privados, en perjuicio de personas con discapacidad que debían ser las destinatarias de esos recursos.
Entre las irregularidades detectadas se destacan la simulación de competencia en procesos de compra, el uso indebido del sistema SIIPFIS, la filtración de información confidencial y acuerdos de cartelización. Además, se identificaron sobreprecios significativos en distintos rubros, con adjudicaciones millonarias que, según la investigación, habrían sido previamente acordadas entre los grupos involucrados.
En paralelo, la fiscalía solicitó medidas cautelares como la inhibición general de bienes de los imputados para evitar el movimiento de activos mientras avanza la causa. Hasta el momento, 19 personas ya fueron procesadas y no se descarta que el número aumente, en una investigación que también apunta a posibles maniobras de lavado de dinero y que continúa en plena expansión.
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