Después de la masiva marcha en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno se prepara para una nueva ronda de negociaciones con autoridades y referentes educativos para intentar llegar a un punto de acuerdo. La decisión del oficialismo de convocar al diálogo se da en el marco de la extensión de las tomas de los colegios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini, dependientes de la Universidad de Buenos Aires, cuyos centros de estudiantes votaron por mayoría el inicio de un plan de lucha en reclamo de mejoras del salario docente.
La convocatoria, aún sin fecha pactada pero que podría realizarse esta misma semana, será únicamente extendida a integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y estaría encabezado por el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro “Galleguito” Álvarez y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, dependientes ambos del ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.
El peso de la movilización que se llevó adelante en Plaza de Mayo, y que contó con el amplio apoyo de diversos sectores, no fue lo único que hizo dar el brazo a torcer a un oficialismo abrazado a su siempre intocable régimen fiscal. El caso de la no aplicación de la ley sancionada por amplia mayoría en ambas cámaras llegó a la Corte Suprema de Justicia donde, pese a todavía no haber tratado el tema, dentro del oficialismo ya se preocupan ante la posibilidad de tener un resultado adverso.
A finales de abril, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dio lugar al recurso extraordinario federal interpuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en el que pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia en la resolución del caso. La presentación del per saltum, estrategia propuesta por el Procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, apuntaba a dilatar lo más posible la instancia en la que finalmente el Ejecutivo deba hacer los desembolsos de dinero correspondientes.
Entre las justificaciones que deslizan desde la Secretaría de Educación y el Ministerio de Economía, la siempre vigente frase de “no hay plata”, es la más remarcada. En concreto, desde el oficialismo hacen saber que no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con los aumentos que exige la ley ni mucho menos con las actualizaciones que solicitan las entidades universitarias apalancadas por el subidón inflacionario que tuvo el primer trimestre del año. “La idea es sentarse y negociar y que todos quedemos conformes con la propuesta. Lo que no vamos a aceptar es que nos hagan salirnos del equilibrio fiscal”, dijeron desde un importante despacho.
Ésta postura, en tanto, fue la misma que utilizó el propio Javier Milei para firmar el primer veto de la ley. En el decreto 647/2025, entre los vistos y considerandos que justifican la decisión del jefe de estado, el texto publicado en el Boletín Oficial advierte que “del análisis del proyecto sancionado por el Poder Legislativo se observa que no cumple con los recaudos legales antes mencionados” y que “la fuente de financiamiento prevista a través del artículo 9° del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.795 es manifiestamente insuficiente y, además, no configura una fuente real de financiamiento”.
Desde las universidades, por su parte, advierten como un gran paso este primer encuentro aunque hacen saber que no declinarán los reclamos en materia judicial. “Vamos a escuchar lo que tienen para decir, pero no vamos a dejar de exigir que se cumpla la ley tal cual como fue sancionada por el Congreso. Aunque al gobierno no le guste, estamos en una democracia y lo que se decide en el parlamento también tiene que ser respetado”, dijo un importante referente de las casas de estudio ante la consulta de este medio.
Pese a la convocatoria, en las próximas semanas el oficialismo insistirá en tratar su propio proyecto de Financiamiento Universitario, con el que buscará reconocer la pérdida presupuestaria del 2025, dejando sin recomposición al 2024 como prevé la ley sancionada meses atrás. En este punto, desde las universidades estiman una pérdida superior al 30% de los salarios de docentes y no docentes.
Otro de los puntos sensibles que advierte el proyecto presentado por el oficialismo el 18 de febrero pasado es la actualización del 4,1% del salario docente en tres tramos (marzo, julio y setiembre), tomando como base los sueldos vigentes al 31 de diciembre de 2025, instancia que los deja muy por detrás de los 12.3% de inflación acumulada en lo que va del año. En este sentido, el texto prevé convocatoria a paritarias cada tres meses pero sin la obligatoriedad de ajustar los salarios según el índice de la canasta inflacionaria que mida el INDEC, lo que deja a docentes y no docentes en una absoluta instancia de vulnerabilidad frente a la suba de precios.
Respecto a los gastos de funcionamiento, uno de los reclamos más potentes de las universidades, puesto que de estos depende la posibilidad de mantener el correcto funcionamiento de las mismas y de los respectivos servicios que prestan -como es el caso de los hospitales universitarios-, el proyecto libertario advierte un aumento en las partidas sólo si la inflación anual supera el 14,3%, un índice que fue fijado por el propio oficialismo en el texto del Presupuesto 2026 y que ya dentro del gobierno admiten que se superará.
Para intentar enviar un guiño, el texto presentado por el oficialismo presenta como gesto la recomposición presupuestaria para el funcionamiento del sistema de salud universitario, que se fijaría en $80.072.460.000. En la ley original, el ítem no estaba discriminado por lo que el Gobierno no estaba obligado a recomponerlo. “Este punto lo sumamos al proyecto para desactivar el relato que quieren construir las universidades de que este gobierno quiere destruirlas. Nosotros no queremos dejar de financiar la educación, pero lo queremos hacer bien y sin que el resto de los argentinos tengan que pagar con sus impuestos los caprichos de otros”, justificaron fuentes del gobierno.
Pese a que la propuesta fue presentada en el verano, lo cierto es que por el momento no hay fecha concreta para su tratamiento. En el mientras tanto, en el gobierno continuarán abrazados a su estrategia de dilatar cuanto sea posible la discusión judicial mientras hacen malabares para conseguir nuevos desembolsos.
TS/CM
