La situación judicial de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo con el foco puesto en un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito. La investigación por enriquecimiento ilícito analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, en particular a partir de la compra, refacción y financiamiento de ese departamento situado sobre la calle Miró al 500.
La propiedad fue adquirida inicialmente por dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes declararon ante la Justicia que no participaron directamente de los detalles de la operación. Según sus testimonios, la gestión de la compra y posterior venta estuvo en manos de sus hijos, quienes intervinieron como intermediarios. Meses después de haber comprado el departamento por 200.000 dólares, lo vendieron a Adorni por 230.000, generando una diferencia que ahora es objeto de análisis judicial.
De acuerdo con la causa, el funcionario abonó un anticipo de 30.000 dólares y contrajo una deuda por los 200.000 restantes con las propias vendedoras. Este esquema de financiamiento, sumado a la capacidad económica de las jubiladas para otorgar ese crédito, es uno de los puntos que intenta esclarecer la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita.
Otro de los ejes centrales del expediente es la remodelación integral del departamento. Fotografías incorporadas a la causa muestran un contraste marcado entre el estado original del inmueble —con instalaciones antiguas, espacios deteriorados y distribución poco funcional— y su versión posterior, con cocina moderna, baños renovados, pisos de madera y mejoras estructurales. La Justicia busca determinar quién financió esas obras y si su costo guarda relación con la diferencia de valor detectada en la operación.
El juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni, su entorno familiar y las acreedoras involucradas. Además, se solicitó información a organismos oficiales para verificar la capacidad económica de todas las partes y reconstruir el circuito financiero de la operación inmobiliaria, en un intento por detectar posibles inconsistencias en las declaraciones patrimoniales.
En paralelo, la causa continuará con nuevas declaraciones testimoniales en los próximos días. Entre los citados figuran los responsables de la inmobiliaria que intervino en la compraventa, familiares de las vendedoras y el contratista encargado de la remodelación. También se investiga otra propiedad vinculada al funcionario, lo que amplía el alcance de una pesquisa que busca establecer si existió un incremento patrimonial injustificado o irregularidades en el origen de los fondos.
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