El Senado tendrá este jueves una audiencia con alto voltaje político y judicial. Carlos “Coco” Mahiques deberá presentarse desde las 10 en la Comisión de Acuerdos para defender el pliego que envió Javier Milei y que le permitiría seguir otros cinco años en la Cámara Federal de Casación Penal, el principal tribunal penal del país después de la Corte Suprema. La discusión no pasará solo por su edad —cumple 75 años en noviembre— sino también por la legalidad de su permanencia en ese cargo y por el vínculo directo con el poder político: es el padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
En el oficialismo aseguran que están los números para avanzar. Pero el trámite llegará atravesado por impugnaciones de dos organizaciones de peso en el mundo judicial, por el antecedente todavía fresco del caso Ana María Figueroa y por la disputa política que ya se anticipa con el kirchnerismo dentro de una comisión cuya integración viene siendo cuestionada por Unión por la Patria.
La audiencia pública fue convocada para este jueves 16 de abril a las 10 en el Salón Illia. Allí Mahiques deberá defender el pedido de prórroga por cinco años más en su cargo como camarista de Casación. El expediente fue enviado por el Poder Ejecutivo el 4 de febrero, un mes antes de la asunción de su hijo al frente del Ministerio de Justicia.
La Constitución Nacional establece, en su artículo 99 inciso 4, que los jueces cesan en sus funciones a los 75 años, salvo que el Poder Ejecutivo impulse un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado por períodos de cinco años. Ese mecanismo es el que ahora busca activar la Casa Rosada para sostener a Mahiques en uno de los despachos más sensibles del esquema judicial federal.
Un Tribunal clave
La Cámara Federal de Casación Penal tiene un peso específico decisivo en el mapa de Comodoro Py. Allí se revisan fallos clave en causas de corrupción, expedientes de alto impacto político y decisiones que suelen tener consecuencias directas sobre exfuncionarios, dirigentes y también sobre el propio oficialismo. Por eso, detrás del pliego no solo hay una discusión institucional: también se juega una disputa de poder.
Tanto fuentes del oficialismo como de la oposición sostienen por los pasillos parlamentarios que hoy existen los votos para aprobar la continuidad de Mahiques. Asimismo, desde La Libertad Avanza confiaron a La Pluma que proyectan una sesión para el 29 o 30 de abril en la que buscarían darle luz verde al pliego, siempre que antes consiga dictamen en la Comisión de Acuerdos.
Ese movimiento se da, además, en paralelo al ingreso de más de 70 pliegos judiciales al Senado, en una señal de que el Gobierno quiere acelerar nombramientos en un área que considera estratégica. Entre ellos, aparecen nombres resonantes en el mundo judicial, como Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien interviene en la causa $LIBRA.
Las impugnaciones que complican a Mahiques
El principal foco de conflicto no está en la edad del magistrado sino en la forma en que llegó al cargo que hoy ocupa. Tanto la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) como el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) impugnaron su pliego y sostienen que la prórroga es inconstitucional.
El argumento se sustenta en que Mahiques sí atravesó el procedimiento constitucional completo para ser designado en 2013 como juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, pero no para el cargo federal que hoy ocupa en la Cámara Federal de Casación Penal. En 2018 fue trasladado a ese tribunal durante el gobierno de Mauricio Macri, con aval del Senado, pero sin haber concursado específicamente para esa vacante.
Ahí se apoya el planteo de las ONG. Para ACIJ e INECIP, los traslados no equivalen a un nombramiento constitucional y no pueden convertirse en una vía lateral para consolidar jueces en cargos para los que nunca concursaron. En esa línea citaron el antecedente “Bertuzzi” de la Corte Suprema, donde el máximo tribunal sostuvo que los traslados son actos provisorios y “en modo alguno” pueden equipararse a una designación regular.
La objeción de fondo es que Mahiques concursó para un tribunal nacional ordinario y fue luego llevado a un tribunal federal, es decir, a otra jurisdicción. Según las organizaciones, se trata de órdenes jurisdiccionales distintas y esa diferencia impide considerar válido un “nuevo nombramiento” sobre una base que nunca fue constitucionalmente completada. Por eso remarcan que la única salida regular sería que el Consejo de la Magistratura abra el concurso para cubrir la vacante y que Mahiques compita allí como cualquier otro postulante.
A esa discusión se suma otro elemento político. El kirchnerismo ya adelantó que volverá a denunciar la invalidez de la reunión por la composición de la Comisión de Acuerdos. Unión por la Patria viene cuestionando que la distribución de lugares no respeta la proporcionalidad parlamentaria y responsabiliza al oficialismo y a sus aliados por haberlo dejado con una representación menor a la que reclama.
El antecedente de Figueroa
El antecedente más inmediato es el de Ana María Figueroa, también jueza de Casación. En 2023, el Senado trató su prórroga cuando ya había cumplido 75 años y después de que la Corte Suprema hubiese determinado el cese de sus funciones. El pliego fue aprobado en la Cámara alta, con desempate de Claudia Ledesma Abdala de Zamora, pero la magistrada no volvió al cargo y terminó iniciando su jubilación.
Ese episodio dejó un precedente respecto de que el Senado puede votar, pero no necesariamente imponer su criterio si la Corte ya fijó una posición. Además, demostró que los acuerdos alrededor de los jueces suelen tensionarse hasta el límite cuando se mezclan nombres sensibles, mayorías ajustadas y disputas entre oficialismo y oposición.
Ahora LLA cree que puede evitar ese desenlace y mostrar fortaleza en un terreno donde viene buscando avanzar. La audiencia de Mahiques será también un termómetro para medir el manejo de Juan Carlos Pagotto al frente de Acuerdos, una comisión estratégica en la que el Gobierno necesita disciplina propia, respaldo dialoguista y control del temario.
La audiencia del jueves, por eso, no será un trámite técnico más. Pondrá en escena una discusión sobre la validez de los traslados judiciales, reabrirá la pelea por el control político del Senado y volverá a exponer hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a usar su capital legislativo para sostener a figuras clave del entramado judicial. En el centro de esa pulseada quedará Mahiques: un juez con asiento en uno de los tribunales más poderosos del país, cuestionado por cómo llegó allí y respaldado por una Casa Rosada que ya decidió jugarse por su continuidad.
JD/CM
