El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py convocado para ampliar su declaración indagatoria y se negó a declarar.
«No declaré», dijo el exfuncionario cuando salió de tribunales, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en el extinto organismo. El expediente prevé una extensa segunda ronda de indagatorias que se extenderán hasta fines de mayo e involucrarán a 35 imputados. En ese contexto, Spagnuolo se amparó en el derecho que le asiste de negarse a declarar.
Después fue el turno de Daniel María Garbellini. En la exAndis fue director de Acceso a los Servicios de Salud. Como segundo de Spagnuolo estaba a cargo del Programa Incluir Salud y también se negó a declarar.
La investigación está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi, quienes impulsaron nuevas declaraciones para profundizar el análisis de una presunta asociación ilícita que habría operado dentro de la ANDIS. Según la acusación, el entramado incluía funcionarios y empresarios que habrían intervenido en el direccionamiento de contrataciones públicas vinculadas a la provisión de medicamentos e insumos médicos de alto costo. Todo, mientras el gobierno de Javier Milei lleva adelante un ajuste severo en el área de discapacidad y sigue sin cumplir con la ley de emergencia sancionada dos veces por el Congreso, lo que colocó al sistema de prestaciones en la crisis más grande de su historia.
De acuerdo con el dictamen fiscal, la maniobra se habría basado en la simulación de competencia entre oferentes en procesos de compra del Programa Incluir Salud. A través de este esquema, se habrían favorecido determinadas empresas previamente seleccionadas, generando beneficios económicos indebidos y el pago de sobornos a funcionarios. Las contrataciones cuestionadas alcanzan cifras millonarias y abarcan rubros sensibles como implantes, audífonos, tratamientos neurológicos y equipamiento para personas con discapacidad.
Uno de los elementos clave bajo análisis es el uso del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en 2024. Los investigadores sostienen que este sistema fue utilizado para canalizar compulsas de precios de manera direccionada, limitando la participación de proveedores y facilitando la adjudicación a firmas vinculadas con los acusados. Entre las empresas mencionadas se encuentran Profarma, Génesis, Floresta y New Farma, algunas de las cuales habrían actuado como competidores simulados.
En este contexto, la Justicia también apunta al rol de intermediarios como Miguel Ángel Calvete, señalado como nexo entre el sector privado y los funcionarios públicos. Según la investigación, Calvete habría coordinado adjudicaciones y gestionado pagos ilegales. Además, se analiza la participación de otros ex funcionarios, entre ellos Daniel María Garbellini, quien habría tenido un papel relevante en la implementación operativa del esquema.
Como medida preventiva, el juez Lijo ordenó la inhibición general de bienes de los imputados con el objetivo de garantizar un eventual recupero de activos.
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