El gobierno de Axel Kicillof suspendió por 90 días el programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), una de las principales herramientas complementarias de asistencia alimentaria escolar en la provincia de Buenos Aires, en una decisión que expone el deterioro social y profundiza la presión política sobre la administración bonaerense.
La medida fue oficializada este lunes mediante una resolución firmada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y regirá desde el 1° de mayo. La suspensión será transitoria por tres meses y afecta al esquema de módulos alimentarios que la Provincia mantenía desde la pandemia para estudiantes en situación de vulnerabilidad social.
El argumento formal del Ejecutivo bonaerense es presupuestario: sostiene que debió priorizar recursos para reforzar el Servicio Alimentario Escolar (SAE) ante la caída de transferencias nacionales y el aumento de la demanda social. En la resolución, la Provincia afirmó que la baja de fondos enviados por Nación y el contexto de emergencia económica obligan a concentrar el gasto en el SAE, al que definió como el “núcleo central” de su política alimentaria.
La decisión llega apenas una semana después de que Mario Ishii presentara en el Senado bonaerense un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en todo el territorio provincial, en una jugada que agitó la interna peronista y dejó expuesto al propio oficialismo.
Ishii agitó la interna y la Provincia quedó a la defensiva
El proyecto de Ishii no sólo apuntó contra el ajuste de Javier Milei. También reclamó una reasignación urgente de partidas provinciales y cuestionó de manera implícita las prioridades presupuestarias de Kicillof.
En el texto, el senador sostuvo que Buenos Aires atraviesa una “profunda crisis social” y planteó que “garantizar el acceso a la alimentación debe prevalecer por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales”.
La movida fue interpretada en La Plata como un mensaje directo al gobernador y a Larroque, en medio de la disputa aún latente entre el kicillofismo y sectores alineados con Máximo Kirchner dentro del peronismo bonaerense.
La Provincia apunta a Pettovello
Para contener el costo político de la decisión, el Ejecutivo bonaerense volvió a responsabilizar a la Nación. Larroque reclama una deuda superior a los $220.000 millones por fondos adeudados para el SAE y exige financiamiento nacional para políticas alimentarias.
El planteo fue elevado al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, aunque desde el Gobierno nacional rechazaron el reclamo y respondieron que Buenos Aires intenta trasladar responsabilidades sobre programas de competencia provincial.
La propia resolución firmada por Larroque remarca que el programa MESA era financiado íntegramente con fondos bonaerenses, sin aportes nacionales.
En paralelo, Kicillof anunció un aumento del 30% en el presupuesto del SAE, duplicó la asistencia alimentaria a municipios y reforzó otras partidas sociales para compensar la baja del programa.
Pero la decisión dejó una señal política difícil de disimular: mientras la Provincia responsabiliza a la Casa Rosada por el ajuste, el recorte ya impacta sobre una de las principales herramientas alimentarias del propio gobierno bonaerense.
JD/CM
