La senadora nacional Carolina Moisés, presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presentó junto a sus compañeros de bloque Convicción Federal —el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza— un proyecto de ley que busca convertir en obligación legal lo que hasta ahora era apenas una práctica institucional: la existencia de espacios físicos permanentes para el trabajo periodístico en los tres poderes del Estado. La iniciativa llega una semana después de que el gobierno de Javier Milei cerrara la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, algo que ningún gobierno anterior —ni siquiera los militares— había hecho en más de ochenta años.
La propuesta legislativa busca incorporar a la Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275 la creación de Salas de Prensa Institucionales permanentes en la Casa de Gobierno, el Congreso y la Corte Suprema. El texto es taxativo: estos espacios no podrán ser reemplazados por sedes alternativas ni modalidades virtuales. Tampoco podrá aplicarse una revocación masiva de acreditaciones como la que el Gobierno ejecutó el 23 de abril sin explicación formal. Cualquier restricción, según el proyecto, deberá ser individual, fundada y revisable judicialmente.
«Las salas de prensa deben ser una obligación del Estado, no una concesión del poder de turno», sostuvo Moisés al presentar la iniciativa.
Libertad de Expresión, autoconvocada: sin el oficialismo pero con periodistas
En simultáneo al proyecto en el Senado y un día después de que Milei llamara «chorros y corruptos» a periodistas acreditados en el Congreso durante la sesión informativa de Manuel Adorni, la oposición autoconvocó la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. La reunión fue impulsada por los vicepresidentes del cuerpo, Nicolás Trotta (Unión por la Patria) y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), luego de que el presidente libertario de la comisión, Guillermo Montenegro, se negara a habilitarla formalmente. El oficialismo y sus aliados no participaron: ni La Libertad Avanza, ni el PRO, ni la UCR. El secretario de Comunicaciones, Javier Lanari —señalado como el funcionario detrás del cierre—, fue invitado y confirmó que no iba a asistir, según informó La Nación.
El encuentro reunió a periodistas, organizaciones, sindicatos y directivos de medios. El diagnóstico fue unánime: agresiones verbales desde el poder, restricciones crecientes al acceso a la información y presiones económicas y judiciales sobre medios. FOPEA presentó datos de su monitoreo 2025 que ilustran la escalada: las acciones judiciales contra la prensa crecieron un 150%, el discurso estigmatizante un 71,6% y las restricciones al acceso a la información un 33%. La entidad también informó que impulsa una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la situación en el país.
Un detalle no menor: la reunión fue transmitida por el canal de YouTube de la Cámara, pero el enlace se publicó en modo «oculto». No era visible públicamente; solo podía accederse con el link directo.
«No es un problema sectorial, es un problema de la democracia», advirtió Trotta en la apertura.
La movida opositora no se limitó a la denuncia. La diputada Sabrina Selva adelantó que presentará su propio proyecto para garantizar por ley las salas de prensa en los tres poderes, en una línea similar a la de Moisés. El socialista Esteban Paulón fue más allá y propuso modificar el reglamento de las comisiones para impedir que sus presidentes puedan bloquear el debate, como ocurrió en este caso. Mientras tanto, el gobierno nacional sigue sin ofrecer una explicación formal sobre el cierre. La incertidumbre queda sobre si esa presión legislativa, que empieza a acumularse en ambas cámaras, tendrá algún efecto sobre una decisión que, por ahora, el Ejecutivo sostiene en silencio.
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