El ajuste del Estado impulsado por Javier Milei empieza a mostrar un efecto menos visible que la baja del gasto público: la pérdida de capacidad de gestión en áreas clave para el funcionamiento de la economía. Detrás de cada recorte de personal no sólo hay puestos eliminados, sino tareas que dejan de hacerse, controles que se demoran, asistencia técnica que desaparece y organismos que pierden capacidad de respuesta.
El Gobierno presenta la reducción de estructuras como parte del saneamiento fiscal y la eliminación de áreas ineficientes. Sin embargo, especialistas y trabajadores del sector público advierten que la motosierra ya impacta sobre funciones estratégicas vinculadas con sanidad alimentaria, certificaciones para exportar, apoyo tecnológico a empresas, investigación aplicada, infraestructura y regulación de mercados.
Según el último informe oficial sobre dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado, en marzo de 2026 el total de trabajadores cayó a 276.104 personas, 18.384 menos que un año atrás.
Pero lejos de haber concluido, el ajuste sigue avanzando. En marzo trascendió que la Casa Rosada analizaba nuevos recortes sobre más de diez áreas y organismos, en una segunda etapa enfocada especialmente en estructuras descentralizadas, donde se concentran buena parte de las funciones técnicas del Estado. El recorte representa más que ese número, plantea una discusión más profunda: qué puede seguir haciendo un Estado con menos personal técnico y menos recursos operativos.
Menos trabajadores, menos controles
Uno de los casos más sensibles es el del SENASA, organismo encargado de fiscalizar la sanidad animal y vegetal, controlar alimentos y emitir certificaciones exigidas por mercados externos. Su dotación oficial cayó a 5.292 trabajadores.
Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE y trabajadora del organismo, advirtió que el problema no pasa sólo por la reducción de puestos sino por el vaciamiento operativo. “Cuando no podés garantizar con el Estado el control de calidad y de sanidad, los mercados te dejan de comprar”, señaló.
La advertencia cobra relevancia en un contexto en el que el Gobierno apuesta a las exportaciones agroindustriales como fuente central de divisas. Menos inspectores, menos controles y mayores demoras administrativas pueden transformarse en un costo directo para el ingreso de dólares. Pero también impactan sobre el mercado interno, al debilitar la capacidad de fiscalización sobre productos destinados al consumo local.
Menos técnicos, menos apoyo productivo
El ajuste también golpea al INTI, organismo clave para certificaciones industriales, asistencia a pymes y mejora de procesos productivos. Hoy cuenta con 2.286 trabajadores, tras nuevas bajas en su plantel.
Fernando Peirano, ex titular de la Agencia I+D+i, sostuvo que “se están cerrando servicios que ofrecía el INTI al sector productivo”. Para muchas pequeñas y medianas empresas, esos servicios resultan difíciles de reemplazar en el sector privado por costos o falta de oferta especializada. La consecuencia no siempre es inmediata, pero sí estructural: menos apoyo tecnológico, menor capacidad para mejorar productividad y más dificultades para agregar valor.
Además de despidos y contratos no renovados, el Estado enfrenta otro fenómeno: la renuncia de profesionales por salarios deteriorados e incertidumbre laboral. “En SENASA no hubo despidos, pero los salarios son tan bajos que se fueron alrededor de 1.200 trabajadores”, afirmó Cabezas. El fenómeno se replica en distintas dependencias, donde ingenieros, veterinarios, investigadores y especialistas migran al sector privado o al exterior.
El fenómeno se replica en distintas áreas, donde ingenieros, veterinarios, investigadores y especialistas migran al sector privado o al exterior. No sólo se reduce personal: también se pierde conocimiento acumulado y experiencia técnica difícil de reconstruir en el corto plazo.
El costo invisible del ajuste
La motosierra logró instalarse como símbolo político y herramienta de orden fiscal. Pero a medida que avanzan los recortes, emerge otra discusión: cuánto ahorro inmediato puede terminar costando en capacidad de gestión.
Peirano sintetizó esa preocupación al advertir que el país corre riesgo de quedar “más pobre, con menos músculo para generar exportaciones con valor agregado y empleo de calidad”. Porque cuando el Estado se achica, no sólo desaparecen estructuras. También pueden desaparecer controles, asistencia, planificación y herramientas clave para sostener competitividad, producción y desarrollo.
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