Diputados dejó este miércoles dictaminados dos de los proyectos económicos centrales del Gobierno: el régimen de beneficios para grandes inversiones tecnológicas conocido como «Súper RIGI» y el acuerdo para pagar 171 millones de dólares a los fondos Bainbridge y Attestor, los últimos litigantes del default de 2001. La intención oficial es llevar ambos al recinto el próximo 24 de junio. Pero esa fecha depende de algo que el oficialismo no controla del todo: la crisis de Manuel Adorni, que ya tiene una sesión especial convocada para el martes que viene en la que la oposición buscará avanzar con su interpelación y una eventual moción de censura.
El Súper RIGI obtuvo 61 firmas en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia y Tecnología. Acompañaron, además del oficialismo, los bloques de Fuerza del Cambio —que reúne al PRO, la UCR, el MID y Por Santa Cruz—, Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan), más el santacruceño José Garrido. El acuerdo con los buitres, debatido en paralelo en otro plenario de Presupuesto y Justicia, sumó 42 firmas con el mismo arco de aliados.
Súper RIGI y la sombra de Peter Thiel
El Súper RIGI es una segunda versión del régimen creado por la Ley Bases, pero apuntada a «industrias del futuro»: inteligencia artificial, data centers, baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y proyectos vinculados al uranio, entre otros. Exige una inversión mínima de 1.000 millones de dólares y ofrece, a cambio, una batería de beneficios por 30 años: alícuota de Ganancias reducida al 15%, amortización acelerada, deducción de quebrantos sin límite temporal, alícuota de 3,5% sobre dividendos, arancel cero para importaciones y exportaciones, contribuciones patronales reducidas al 10% para nuevas relaciones laborales, y la posibilidad de sometimiento a arbitraje internacional en caso de controversias con el Estado.
Para sumar las firmas de los aliados, el oficialismo incorporó varios cambios respecto del texto original. El más relevante: un plan de desarrollo de proveedores locales que obliga a destinar al menos el 20% de las compras del proyecto a proveedores nacionales, siempre que haya oferta disponible en condiciones de mercado. También se sumó una ponderación especial para inversión en investigación y desarrollo —que se computa por el doble de su valor, con un tope del 20% del monto mínimo exigido—, la creación de un Registro Público de Proyectos de acceso libre, y nuevos requisitos ambientales: los proyectos deberán demostrar que no comprometen recursos naturales ni infraestructura local, bajo pena de rechazo si se verifica un impacto negativo sustancial. El diputado del MID Eduardo Falcone dijo haber pedido específicamente la cláusula de proveedores locales y la condición de I+D para acceder a la baja de impuestos: «El Gobierno aceptó el segundo pedido», confirmó, mientras el primero fue incorporado solo de manera parcial.
Las críticas más duras llegaron de Unión por la Patria. El diputado Mario «Paco» Manrique fue el más gráfico: «Más que un proyecto de ley, parece un contrato de locación entre grandes corporaciones del mundo tecnológico que quieren comprar una estancia y el patrón la quiere vender a precio vil«. El jefe del bloque, Germán Martínez, apuntó a la delegación de facultades: «Le están dando un cheque en blanco al Poder Ejecutivo» y recordó que «hay 75 mil empleos perdidos en la industria» mientras se dictamina sobre «industrias potenciales que no sabemos cuáles son». También comparó el costo fiscal: la desgravación de un solo año del RIGI superaría lo necesario para garantizar la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso ya votó y que el oficialismo no cumple.
El nombre que más resonó en el debate fue el de Peter Thiel. El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño denunció que Palantir, la empresa del magnate tecnológico vinculada a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, sería una de las principales beneficiarias del régimen: «Está vinculada al ICE, que reprime a inmigrantes; la han utilizado en Israel contra el pueblo palestino en Gaza y en la guerra de Irán. Este régimen especial es para que las empresas de Peter Thiel vinculadas al aparato militar norteamericano puedan desarrollar todo eso. ¿Eso es lo que necesita la Argentina?». La diputada de UP Adriana Serquis, integrante de la Comisión de Ciencia, marcó otra ausencia llamativa en el texto: «Las palabras ciencia y científicos no aparecen en el proyecto. No hay ningún artículo que fije contraprestaciones, ni nada sobre transferencia de tecnología, ni condiciones ambientales claras pese al consumo energético que necesitan los data centers».
Los holdouts: una quita del 30%
El otro proyecto dictaminado hoy cierra una disputa de 25 años. El acuerdo con Bainbridge y Attestor implica pagar 171 millones de dólares a cambio de cerrar litigios derivados del default de 2001, evitar embargos y terminar los procesos de «discovery» sobre activos argentinos. Según explicaron el procurador del Tesoro Sebastián Amerio y el secretario legal de Economía Juan Ignacio Stampalija, la negociación logró una reducción sustancial: Attestor bajó su reclamo de 160 a 104 millones de dólares, y Bainbridge de 96 a 67 millones. «Lo que se está haciendo es pagar menos», resumió Amerio, y negó que se trate de una reestructuración de deuda: «Estamos pagando juicios que perdimos, y haciendo un acuerdo para pagar menos por esos juicios«.
UP presentó dictamen de minoría. La diputada Julia Strada cuestionó la falta de información: «No sabemos lo que estamos votando». Su compañero de bloque Itai Hagman fue más duro: «Nos tenemos que enterar por un reporte del Fondo Monetario Internacional cuál es la estrategia que tiene la Argentina para resolver litigios externos«, y apuntó contra una corrección que el Gobierno tuvo que enviar al Senado tras detectar errores en la identificación de algunos títulos del acuerdo. Martínez pidió precisiones sobre el plazo del 30 de junio fijado para cerrar la operación y sobre la eventual intervención de intermediarios: «Todos los que viven lucrando con las renegociaciones de deuda miran estas reuniones». Amerio respondió de forma tajante: «No tuvo ningún costo. No hay comisiones, no hay intermediarios».
Adorni puede arruinar la agenda del gobierno
Todo este recorrido legislativo, sin embargo, corre el riesgo de quedar eclipsado. La oposición convocó a una sesión especial para el martes 23 de junio con el objetivo de avanzar con la interpelación de Adorni y, eventualmente, una moción de censura. El oficialismo ya empezó a recalcular su estrategia parlamentaria ante ese escenario: necesita el respaldo de los mismos bloques (PRO, UCR, gobernadores aliados) que acaban de firmar el dictamen del Súper RIGI, y no está garantizado que esos mismos diputados estén dispuestos a dar quórum para tratar la agenda económica del Gobierno mientras el caso Adorni sigue sin resolverse. Si la crisis escala antes del 24, el oficialismo podría llegar a esa fecha con la sesión de los holdouts y el Súper RIGI todavía sin poder convocarse en condiciones de previsibilidad.
JD/CM
