Las declaraciones de dos funcionarios de la ex Vocería Presidencial aportaron más escándalos al último capítulo que involucra al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni. Ambos testigos reconocieron haber realizado compras a su nombre utilizando sus propias tarjetas de crédito.
La principal declaración provincial de Gisela Kocsis, ex secretaria privada de Adorni, quien declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py y admitió haber efectuado nuevas compras millonarias por pedido de su entonces jefe.
Según su testimonio, además de las operaciones que ya eran conocidas en el expediente, en junio de 2025 adquirió almohadas por unos $400.000, mientras que un mes antes había realizado la compra de un lavarropas y un lavavajillas Whirlpool por $3,1 millones. También confirmó la adquisición de artículos de blanquería en Rosen The Store por $8.183.303, destinados a equipar la casa de fin de semana que Adorni remodeló en el country Indio Cuá.
La funcionaria aseguró que todas las operaciones fueron realizadas por instrucciones de Adorni y que posteriormente él le reintegraba el dinero en efectivo. En el caso de la compra de mayor valor, sostuvo además que la esposa del ex funcionario, Bettina Angeletti, concurrió personalmente al comercio con el efectivo para cancelar la operación, aunque la factura quedó emitida a nombre de Kocsis.
Durante su declaración, la ex secretaria explicó que formaba parte de sus tareas habituales realizar gestiones personales para Adorni y se comprometió a entregar documentación respaldatoria ante la Justicia.
En la misma jornada declaró Luis Enrique Alujú, coordinador de Información de Gobierno y funcionario de la estructura de Comunicación de la Presidencia, quien reconoció haber prestado sus tarjetas de crédito para que Adorni comprara dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, valuados en $1.831.795 cada uno.
Alujú definió su vínculo con el ex vocero como el de «un amigo de toda la vida» y relató que mantiene desde hace once años una extensión de una tarjeta de crédito vinculada a Adorni, dato que los investigadores consideran relevante para reconstruir la relación de confianza entre ambos.
Los equipos fueron enviados al departamento que el entonces funcionario posee en el barrio porteño de Parque Chacabuco.
La causa intenta determinar si Adorni utilizó tarjetas de crédito de empleados y colaboradores para ocultar gastos personales que no podrían justificarse con sus ingresos declarados.
La línea de investigación surgió a partir del análisis del teléfono celular del contratista Matías Tabar, encargado de la remodelación de la vivienda de Indio Cuá, obra en la que el ex funcionario habría invertido unos 245.000 dólares.
Entre los archivos encontrados por los peritos apareció una factura de blanquería emitida a nombre de Gisela Kocsis. Ese hallazgo llevó a los investigadores a revisar la actividad de la cuenta de Mercado Libre utilizada por Adorni, donde detectaron tarjetas pertenecientes a distintos integrantes de la Vocería Presidencial.
Además de Kocsis y Alujú, figura la directora de Actividades Presidenciales, Laura Daniela Schiuma, quien ya había declarado días atrás ante la Justicia.
Schiuma reconoció haber prestado su tarjeta para la compra de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 de alta gama, valuado en $2.185.000. También relató que detectó consumos rechazados por el banco —entre ellos un intento de compra de un Smart TV— que desconocía.
La funcionaria explicó que conoce a Adorni desde hace 16 años, cuando ambos trabajaban en una concesionaria Renault comercializando planes de ahorro, y señaló que fue convocada a la Casa Rosada porque el entonces vocero buscaba incorporar «gente de confianza» a su equipo.
Con las nuevas declaraciones, la investigación ingresó en una etapa decisiva. El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo aguardan el informe elaborado por la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), que deberá determinar si existen inconsistencias entre el patrimonio declarado por Adorni y el nivel de gastos detectado durante la pesquisa.
Los investigadores estiman que ese estudio contable podría estar finalizado antes del inicio de la feria judicial de invierno. Si confirma un desfasaje patrimonial relevante, la Fiscalía quedará en condiciones de avanzar con un requerimiento formal de justificación patrimonial, instancia previa a una eventual citación a declaración indagatoria por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
En paralelo, la causa ya incorporó un relevamiento que sostiene que Adorni habría realizado consumos por aproximadamente $139 millones con tarjetas de crédito en poco más de dos años, una cifra que los investigadores consideran significativamente superior a los ingresos que declaró durante su paso por la función pública.
AL/CM
