La investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles una nueva batería de medidas impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca verificar las explicaciones brindadas por el funcionario sobre el origen de su patrimonio y ampliar el análisis sobre sus bienes, antecedentes laborales y entorno familiar.
La causa, que tramita en el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo, avanzó en distintos frentes luego de que Adorni intentara justificar el crecimiento de su patrimonio mediante ganancias obtenidas en operaciones con criptomonedas realizadas entre 2013 y 2014.
Entre las medidas ordenadas, el fiscal solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un informe detallado sobre todas las plataformas, exchanges, billeteras virtuales, custodios e intermediarios vinculados a activos digitales que hayan operado en Argentina desde 2012. El objetivo es determinar cuáles eran las alternativas disponibles cuando, según sostuvo el funcionario, invirtió unos 200.000 dólares en Bitcoin y obtuvo ganancias cercanas a los 300.000 dólares.
La fiscalía también requirió información sobre el marco regulatorio vigente para los activos virtuales durante esos años y pidió precisiones sobre la existencia de registros formales de prestadores de servicios vinculados al mercado cripto. En paralelo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabaja en la elaboración de un cuadro técnico con la evolución histórica del precio del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad para contrastar la versión ofrecida por el jefe de Gabinete.
Las medidas se producen una semana después de que Adorni presentara su declaración jurada. En esa presentación informó la venta de activos por más de 565.000 dólares, cifra que permitió equilibrar la diferencia detectada entre ingresos declarados y gastos registrados. En ese contexto, Pollicita también solicitó una copia de la entrevista para incorporarla al expediente.
La investigación se profundizó además sobre los gastos asociados a la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá. Para ello, la fiscalía requirió los registros de ingresos y egresos al lote donde se encuentra la propiedad entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, con el objetivo de reconstruir aspectos patrimoniales vinculados a las reformas realizadas en el inmueble.
Quien estuvo a cargo de esas obras fue el contratista Matías Tabar, quien declaró ante la Justicia haber cobrado 245.000 dólares por los trabajos realizados y haber intervenido también como intermediario en distintas compras efectuadas por el funcionario.
A partir del análisis del teléfono celular de Tabar, los investigadores detectaron además una compra de ropa de cama y blanquería por $8.183.303 realizada en junio de 2025. La operación fue efectuada en Rosen The Store, una firma especializada en productos de alta gama, y la factura fue emitida a nombre de una tercera persona. Ante la sospecha de que el verdadero destinatario podría haber sido Adorni, el fiscal requirió información a la empresa para identificar al comprador final y determinar el origen de los fondos utilizados en la adquisición.
La aparición de ese gasto se suma a una serie de consumos y erogaciones que la Justicia analiza para determinar si el nivel de vida del funcionario era compatible con los ingresos formalmente declarados. Los investigadores buscan reconstruir de manera integral el flujo patrimonial del jefe de Gabinete mientras avanzan en la verificación de las explicaciones que brindó sobre el origen de su fortuna.
Otro de los ejes de la pesquisa apunta al entorno familiar de Adorni. La Justicia solicitó información al barrio privado Fincas de Iraola, en Berazategui, para determinar si reside allí Silvia Pais, madre del funcionario. En caso afirmativo, deberá informarse desde cuándo ocupa el inmueble, si lo hace como propietaria o inquilina, cuáles son los montos abonados y bajo qué modalidad se concretó la operación.
En paralelo, Pollicita pidió acceso a las actuaciones de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y diputado bonaerense de La Libertad Avanza. El fiscal busca establecer si existen elementos comunes entre ambos expedientes, especialmente en relación con bienes familiares, dinero en efectivo y aspectos vinculados a la sucesión de su padre, Jorge Adorni.
Precisamente, la fiscalía también solicitó información al juzgado civil donde tramita la sucesión para conocer qué bienes fueron denunciados, si existían cuentas bancarias, dinero en efectivo o activos en moneda extranjera que puedan resultar relevantes para la investigación patrimonial.
Las nuevas medidas alcanzan además los antecedentes laborales de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. En ese sentido, Pollicita requirió informes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la ANSES para reconstruir sus vínculos laborales e ingresos desde 2012. También pidió determinar si ambos trabajaron para la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, vinculada a la Universidad Abierta Interamericana, y cuáles fueron los cargos e ingresos percibidos durante esos años.
Por otra parte, la fiscalía ordenó un relevamiento de fuentes abiertas para recopilar entrevistas, publicaciones y declaraciones públicas en las que Adorni haya hecho referencia a inversiones en criptomonedas o al uso de billeteras virtuales. La medida surge luego de que comenzaran a circular registros audiovisuales de años anteriores en los que el actual jefe de Gabinete manifestaba posiciones que, según los investigadores, podrían contrastar con la versión ofrecida recientemente sobre su experiencia en el mercado de activos digitales.
AL/CM
