Cada semana, nuevas pruebas complican cada vez más al Gobierno Nacional en una de las causas de corrupción que más incomoda: el caso de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. Ahora, la última novedad es que la Justicia detectó que el jefe de Gabinete realizó movimientos de dinero digital a través de criptomonedas y que estas transacciones, tanto ingresos, como egresos, no habían sido registrados en las declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción (OA). A ese nueva vía de investigación se suman detalles sobre nuevos arreglos en el departamento de Caballito, ubicado en la calle MIró al 500.
Según la declaración del contratista Matías Tabar, el funcionario habría desembolsado otros 10.000 dólares en efectivo para adquirir mobiliario a medida, elevando así a más de 255.000 dólares el total abonado por refacciones y equipamiento de propiedades, con el mismo proveedor que trabajó en el Country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz.
En el caso de las cuentas cripto, los datos surgieron a partir de la solicitud del fiscal Gerardo Pollicita, quien le había pedido un reporte sobre Adorni a las diferentes plataformas digitales en las que se opera con criptomonedas. Esta medida fue posterior al levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal del funcionario libertario, como así también de su esposa Bettina Angeletti y la firma AS Innovación Profesional, propiedad del matrimonio.
Hasta el momento, se desconoce cuál es el monto correspondiente a las criptomonedas que se movieron. Pero lo que sí se sabe es que estas transacciones se realizaron durante 2024, por lo cual tendrían que haber sido informados a la OA mediante su declaración patrimonial. Pero Adorni lo omitió.
La Justicia sospecha que el jefe de Gabinete haya hecho operaciones con billeteras virtuales y fondos de inversión digitales. Por eso, el fiscal le solicitó informes detallados, desde legajos, hasta IP’s de conexión, a las plataformas, como Mercado Pago, Brubank, Open Bank, Personal Pay y Ágil Pagos, entre otras. También se le solicitaron reportes a más de 20 exchanges de criptomonedas, Binance, Lemon y Ripio.
La causa, que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, ya analizaba previamente pagos por alrededor de 245.000 dólares destinados a la remodelación de la vivienda en el barrio privado Indio Cua. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, esos montos habrían sido entregados en efectivo, sin bancarización y sin facturas respaldatorias. El nuevo dato aportado por Tabar refuerza la hipótesis judicial sobre un importante movimiento de divisas no registrado formalmente.
El contratista declaró ante la Justicia que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, le solicitaron contactar al mismo carpintero que trabajó en la casa del country para fabricar muebles para el departamento ubicado sobre la calle Miró, en Caballito. Entre los elementos encargados figuraban mesas de comedor, un vajillero, un rack para televisión, una consola y espejos. Según su relato, el pago se realizó bajo la misma modalidad utilizada durante las obras: efectivo, dólares y sin documentación comercial.
Los investigadores consideran central determinar el origen de los fondos utilizados por el funcionario. Fuentes judiciales sostienen que, en poco más de un año, Adorni habría movilizado cerca de 349.640 dólares entre operaciones inmobiliarias, reformas, viajes al exterior y gastos asociados. Parte de esa información surgió también del análisis de movimientos vinculados a criptomonedas detectados durante 2024 y que, según la pesquisa, no habrían sido declarados ante la Oficina Anticorrupción.
La fiscalía avanza ahora sobre documentación bancaria, fiscal y migratoria remitida por distintos organismos públicos. El objetivo es reconstruir la capacidad financiera del jefe de Gabinete y establecer si existe correlación entre sus ingresos declarados y las erogaciones detectadas. La ausencia de comprobantes y registros formales sobre varias de las operaciones es uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores.
En paralelo, el caso genera fuerte impacto político dentro del gobierno encabezado por Javier Milei. Mientras desde la Casa Rosada intentan relativizar las acusaciones, distintos sectores opositores reclaman mayores explicaciones públicas sobre el patrimonio y las operaciones económicas del funcionario. Incluso algunas versiones periodísticas señalan crecientes tensiones internas alrededor de la continuidad política de Adorni.
La causa todavía se encuentra en etapa preliminar y no existen imputaciones definitivas, pero el expediente continúa acumulando información sensible sobre movimientos de dinero en efectivo y operaciones sin respaldo documental. Con cada nueva declaración testimonial y cada peritaje contable, la Justicia busca responder la principal incógnita del caso: si el patrimonio y los gastos atribuidos a Adorni pueden justificarse legalmente con los ingresos declarados por el funcionario.
Los arreglos en Indio Cuá y la calle Miró: todo cash
La causa que sigue revelando datos sobre los suntuosos gastos de Adorni es la que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Analizaba previamente pagos por alrededor de 245.000 dólares destinados a la remodelación de la vivienda. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, esos montos habrían sido entregados en efectivo, sin bancarización y sin facturas respaldatorias. El nuevo dato aportado por Tabar, de los 10.000 dólares para los muebles a medida, refuerza la hipótesis judicial sobre un importante movimiento de divisas no registrado formalmente.
El contratista declaró ante la Justicia que Adorni y Angeletti, le solicitaron contactar al mismo carpintero que trabajó en la casa del country para fabricar muebles para el departamento ubicado sobre la calle Miró, en Caballito. Entre los elementos encargados figuraban mesas de comedor, un vajillero, un rack para televisión, una consola y espejos. Según su relato, el pago se realizó bajo la misma modalidad utilizada durante las obras: efectivo, dólares y sin documentación comercial.
Los investigadores consideran central determinar el origen de los fondos utilizados por el funcionario. Fuentes judiciales sostienen que, en poco más de un año, Adorni habría movilizado cerca de 349.640 dólares entre operaciones inmobiliarias, reformas, viajes al exterior y gastos asociados. Parte de esa información surgió también del análisis de movimientos vinculados a criptomonedas detectados durante 2024 y que, según la pesquisa, no habrían sido declarados ante la Oficina Anticorrupción.
La fiscalía avanza ahora sobre documentación bancaria, fiscal y migratoria remitida por distintos organismos públicos. El objetivo es reconstruir la capacidad financiera del jefe de Gabinete y establecer si existe correlación entre sus ingresos declarados y las erogaciones detectadas. La ausencia de comprobantes y registros formales sobre varias de las operaciones es uno de los aspectos que más intriga a los investigadores.
La causa todavía se encuentra en etapa preliminar y no existen imputaciones definitivas, pero el expediente continúa acumulando información sensible sobre movimientos de dinero en efectivo y operaciones sin respaldo documental. Con cada nueva declaración testimonial y cada peritaje contable, la Justicia busca responder la principal incógnita del caso: si el patrimonio y los gastos atribuidos a Adorni pueden justificarse legalmente con los ingresos declarados por el funcionario.
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