La causa judicial que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumará esta semana nuevas declaraciones testimoniales en los tribunales de Comodoro Py. El expediente, que busca determinar si hubo un crecimiento patrimonial injustificado, está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo.
Este lunes deberá presentarse el contratista Matías Tabar, vinculado a la firma Alta Arquitectura, quien realizó refacciones en la casa de fin de semana que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La Justicia intenta establecer si las obras fueron efectivamente pagadas, cuál fue su costo y si esos gastos son compatibles con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete.
La investigación también avanzará el miércoles con la declaración de Leandro Miano, vinculado a una de las jubiladas que figuran como acreedoras de Adorni. El testigo fue citado con la obligación de presentar documentación respaldatoria —incluyendo facturas, comprobantes y registros de gastos— relacionada con refacciones y expensas del departamento que el funcionario habita en el barrio porteño de Caballito.
Uno de los puntos centrales del expediente es la adquisición de la propiedad en Indio Cuá, realizada en noviembre de 2024. Según consta en la causa, la compra coincidió con la obtención de un préstamo por 100.000 dólares otorgado por dos agentes de la Policía Federal. El funcionario habría hipotecado un departamento propio para acceder a ese financiamiento, comprometiéndose a devolverlo en un plazo de dos años con un interés anual del 11%.
De acuerdo a las actuaciones judiciales, la vivienda tuvo un costo de 120.000 dólares, a lo que se sumaron gastos adicionales como el ingreso al country y honorarios profesionales. Parte del préstamo ya habría sido cancelado, mientras que el resto continúa en proceso de pago. Estos movimientos financieros son analizados para determinar si existe coherencia entre el nivel de vida del funcionario y sus declaraciones patrimoniales.
En paralelo, el fiscal Pollicita solicitó la intervención de un organismo especializado para realizar un estudio integral de los bienes, ingresos y deudas del funcionario y su esposa. La causa también pone bajo la lupa viajes realizados dentro y fuera del país, en un intento por reconstruir el flujo de gastos y establecer si hubo o no enriquecimiento ilícito.
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