Entre agosto de 2002 y 2008, el Ejército Nacional de Colombia cometió al menos unas 6.112 ejecuciones extrajudiciales a civiles que luego hizo pasar por guerrilleros. Así lo aseguran las familias de las víctimas, quienes ante la imposibildad de obtener justicia en su país, días atrás viajaron hasta Argentina para declarar ante los tribunales locales y buscar que se abra una investigación que apunta como máximo responsable al expresidente Álvaro Uribe Vélez, vinculado a la expansión de fuerzas paramilitares desde la década del ’90, cuando fue gobernador de Antioquía.
«El objetivo de acudir a otro país, en este caso Argentina, es buscar que se activen mecanismos de justicia internacional, en tanto las víctimas consideran que en Colombia no han existido avances efectivos, independientes y diligentes para investigar posibles responsabilidades de alto nivel por graves violaciones a los derechos humanos», le explica a La Pluma Daniela Stefania Rodríguez, la abogada colombiana que coordina la querella de los familiares de quienes fueron ejecutados extrajudicialmente por el Ejército. «Nos presentamos bajo el principio de jurisdicción universal que permite a algunos Estados investigar crímenes de lesa humanidad aún cuando hayan ocurrido fuera de su territorio, precisamente para evitar escenarios de impunidad», agrega sobre la causa que ya tramita en los tribunales nacionales.
Cuando en 2016 se firmó el Acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la enorme parte de los combatientes pasó a formar parte de la vida civil del país. Si bien el conflicto aún no ha cesado, el tratado creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el objetivo investigar y lograr Justicia para los crímenes cometidos durante décadas de guerrilla. Sin embargo, «desde que nació la JEP, le impidieron juzgar a quienes hubieran ejercido como presidentes de la República», explica la abogada Rodríguez. Este es el principal motivo por el cual decidieron acudir a los tribunales argentinos para poder llevar al banquillo al exmandatario Uribe.
«Elegimos Argentina porque es un país hispanohablante y compartir el idioma elimina muchas barreras. Además, el país cuenta con una amplia trayectoria en el juzgamiento de crímenes de Estado y graves violaciones a los derechos humanos lo han convertido en un referente internacional en la lucha contra la impunidad», cuenta Rodríguez sobre la elección de declarar en la Justicia nacional que reconoce y aplica el principio de jurisdicción universal total.
La causa la tramita el juez federal Sebastián Ramos, quien en octubre del año pasado decidió archivarla por considerar que no habían condiciones suficientes para activar la jurisprudencia universal. Entre sus argumentos, el magistrado dijo que en el país existen investigaciones en curso y que abrir una investigación en Argentina podría implicar una afectación a la soberanía colombiana. Pero los familiares de las víctimas apelaron el fallo de Ramos porque «la lucha contra la impunidad enfrenta grandes problemas estructurales que impiden el juzgamiento de los máximos responsables en Colombia», cuenta Rodríguez. Además, le solicitaron una audiencia a la Sala I de la Cámara de Apelaciones, donde las «víctimas querellantes en el proceso pudieran expresar de manera directa las consecuencias de un posible archivo», dice la abogada sobre la declaración que sucedió días atrás.
«Son muchas las preguntas para mi»
Una de las personas que vino a declarar ante la Justicia argentina fue Osmaira Nieves Oñate. Ella pertenece al pueblo indígena Wifa, originario de la Sierra Nevada de Santa Marta. En 2004, luego de ser desplazada de su territorio junto a su comunidad, se instaló en un albergue urbano junto a su hermano Luis Eduardo Oñate.
«Mi hermano viajó a un pueblo llamado La Sierrita y lo interceptó un grupo del Ejército pidiéndole documentos. Los dejan seguir, pero a los minutos los vuelven a detener y finalmente lo ejecutan. Durante tres días no supe nada de él, por lo que me movilicé al municipio, donde me dijeron que fuera a reconocer unos jóvenes que habían sido dados de baja por un batallón del Ejército. Los habían hecho pasar por paramilitares», cuenta la mujer en diálogo con La Pluma.
«A mi hermano me lo entregaron y pude enterrarlo. Pero fue muy doloroso para mí porque yo me fui a trabajar y, cuando volví, no lo encontré más. Todavía sigo en búsqueda de verdad y justicia, saber porqué lo hicieron quién lo hizo. Son muchas las preguntas para mí», dice Oñate.
«Baja en combate»
Otra de las personas que declaró ante la Justicia argentina fue Andrey Betancur. Este joven es hijo de Beyer Ignacio Pérez Ramírez, quien fue asesinado en abril de 2007, en Hato Corozal. Fue presentado como baja en combate por parte de miembros del Ejército.
«Lo ejecutaron los militares»
La historia de Bertina Badillo es una de las más desgarradoras. Primero, en 2003 asesinaron a su hermana Rosario. «Ella era una líder social que trabajaba por los derechos de las mujeres», cuenta la mujer que, desde ese momento, se hizo cargo de sus cinco sobrinos que habían quedado huérfanos. «Mi hermana tenía un restaurante y una empresa láctea. A raíz de su muerte, sufrimos mucha persecución y perdimos todo por la incursión paramilitar del gobierno de Álvaro Uribe», asegura Badillo.
Ante el incremento de la violencia en el departamento de Bolívar, donde vivía, ella decidió escapar a Bucaramanga junto a sus sobrinos, en mayo de 2007. «Fue muy dificil, en medio de un duelo, el dolor y tanta persecusión en la que habíamos perdido todo. Teníamos que sacar fuerzas y me compré una estufa industrial para preparar galletas. Mis sobrinos me ayudaban a empacar y luego las vendíamos. Pero no alcanzaba», recuerda sobre el momento en el que debió rebuscársela para tener un sustento económico. En ese contexto, Didier Badillo, uno de los chicos que tenía a su cargo y con tan solo 15 años de edad, había conseguido trabajo en una finca en el municipio de Lebrija, en Santander.
«A los días, mi sobrina me contó que lo había visto en Barranca, a finales de 2007, junto al joven que le había conseguido trabajo. Siempre nos resultó extraño porque queda lejos de Lebrija. Quince días más tarde lo ejecutaron los militares», asegura Badillo.
«Hemos podido comprobar quién fue el responsable del asesinato: Juan Camilo Gómez Méndez, un militar que se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) e hizo un aporte de verdad para aclarar los hechos de 2007. Él declaró cómo fue ejecutado mi sobrino, junto a su reclutador y otro chico que estaba de vacaciones. Ellos iban por otra persona, pero aparecieron estos tres jóvenes. Los engañaron: le dijeron que les iban a tomar una fotografía a la cuenta de tres y les indicaron que se dieran vuelta. Pero al dos les dispararon», dice Badillo quien se encontró al militar que ejecutó a su sobrino cuando fue a atenderse al hospital. La mujer lo increpó, pero él respondió con amenazas. Días más tarde, el perro de la mujer apareció muerto.
Cómo sigue la causa
«Si se confirma el archivo, se evaluará recurrir a Casación», adelanta la abogada Rodríguez sobre cuáles son los próximos pasos a seguir para obtener justicia por las más de seis mil ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el gobierno de Uribe. «Si por el contrario nos dan la razón, como esperamos, la causa se reactiva: se escuchará a las víctimas, se producirán pruebas y se avanzará en la determinación de responsabilidades bajo el principio de jurisdicción universal», detalla sobre el trabajo legal que también cuenta con el aporte del abogado argentino Máximo Castex, quien formo parte de las querellas en el país por los crímenes de la dictadura de Francisco Franco, en España.
«Es importante mencionar que esta no es la primera vez que, en la jurisdicción universal, se intenta cerrar un caso antes del inicio formal de la investigación. Esto también ocurrió con los crímenes del Franquismo, en España, contra la comunidad Rohingya, en Myanmar, y contra la población Uygur, en China», concluye Rodríguez.
S.C./
