Las sirenas de los cuarteles de bomberos voluntarios sonaron puntuales a las 10 en distintos puntos del país como parte de un reclamo nacional contra el Gobierno por la falta de transferencia de fondos previstos por ley. La protesta, convocada por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), tuvo como principal eje el reclamo por $59.330.748.051,41 correspondientes al remanente de los ejercicios 2025 y anteriores que, según las entidades, permanece pendiente de ejecución y distribución.
La medida fue realizada de manera simultánea por asociaciones de todo el país y fue planteada como una protesta institucional y pacífica, sin interrupción del servicio. Los cuarteles mantuvieron sus guardias activas y la atención de emergencias tuvo prioridad. El objetivo fue utilizar durante unos minutos las propias sirenas que habitualmente anuncian incendios, accidentes o rescates para hacer visible una situación que los bomberos consideran cada vez más difícil de sostener: la falta de recursos para mantener vehículos, equipamiento y estructuras operativas.
El reclamo tiene un componente central de carácter legal. Los bomberos sostienen que los fondos pendientes no constituyen una asistencia extraordinaria que el Poder Ejecutivo pueda decidir otorgar o no, sino recursos contemplados en la Ley 25.054. El esquema se financia, entre otros mecanismos, mediante una contribución obligatoria del 5 por mil sobre las primas de seguros —con excepción de los seguros de vida— que deben ingresar las compañías a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación. La normativa establece además un destino específico para esos recursos.
La magnitud del reclamo permite dimensionar el impacto sobre los cuarteles: de acuerdo con el SNBV, los casi $59.331 millones pendientes equivalen, en términos aproximados, a unos $45 millones por asociación. Desde el sector cuestionan que esos recursos permanezcan sin ser distribuidos mientras las entidades deben afrontar gastos crecientes de mantenimiento, combustible, reparación de autobombas, indumentaria y equipamiento especializado.
«Gastamos $40 millones al mes para funcionar y el subsidio anual del Gobierno es de $90 millones entre 800 cuarteles», relató Daniel Virga, jefe de bomberos voluntarios San Martín mientras tienen que pagar «hasta el IVA del combustible». “En febrero tendrían que haber pagado y todavía no lo hicieron”, señaló Jennifer Mazeiro, jefa de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha en declaraciones radiales.
La protesta coloca a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en el centro del reclamo. El área que conduce tiene bajo su órbita la administración del fondo correspondiente al subsidio nacional de la Ley 25.054. Los representantes de los bomberos aseguran que realizaron gestiones ante Seguridad, la Jefatura de Gabinete y Economía, pero que no obtuvieron una respuesta que destrabara la situación. El Gobierno, por su parte, no había dado una explicación pública al reclamo al momento de la protesta
El conflicto tiene además una particularidad que complejiza la discusión presupuestaria. El Gobierno sí realizó durante 2026 una asignación significativa de recursos para el sistema. A través de la Resolución 91/2026, publicada en enero, el Ministerio de Seguridad Nacional destinó $100.810 millones a 1.062 asociaciones de primer grado, además de partidas para federaciones provinciales, capacitación, funcionamiento del Consejo de Federaciones y la Agencia Federal de Emergencias. A cada asociación le correspondieron $94,9 millones.
Sin embargo, desde el sector sostienen que esa asignación no resuelve el reclamo actual porque se trata de recursos diferentes del remanente que quedó pendiente de ejercicios anteriores. En otras palabras, la discusión no pasa solamente por cuánto dinero recibe el sistema durante el año, sino también por cuándo se transfieren los fondos y qué ocurre con los recursos recaudados que tienen una afectación específica.
A ese conflicto financiero se suman otros tres reclamos. Los bomberos piden que el Estado incorpore mecanismos de compensación por las emergencias que atienden en rutas concesionadas. Reclaman que los nuevos contratos de la Red Federal de Concesiones contemplen convenios obligatorios con los cuarteles, una contraprestación mensual por disponibilidad, reintegros por gastos extraordinarios y mecanismos para cubrir daños ocasionados sobre vehículos y equipamiento durante los operativos.
También exigen la aplicación integral de la Ley 27.629 de fortalecimiento del sistema, particularmente el mecanismo de recupero del IVA en la adquisición de bienes, servicios y equipamiento. El reclamo apunta a que el beneficio previsto legalmente tenga una implementación efectiva y uniforme a través de ARCA, algo que los cuarteles consideran relevante en un contexto de elevados costos de reposición y mantenimiento.
El cuarto eje está relacionado con las dificultades para realizar pagos al exterior. Los bomberos explican que buena parte del equipamiento especializado y de los vehículos que necesitan no se fabrica en el país o tiene costos internos elevados, por lo que algunas asociaciones recurren a la compra de unidades usadas en el extranjero. Esas operaciones requieren pagos anticipados y, según denuncian, encuentran obstáculos en la operatoria financiera. Por eso reclaman al Ministerio de Economía y al Banco Central medidas que permitan agilizar esas transferencias.
Se trata del funcionamiento de un sistema esencial para la respuesta ante emergencias depende en gran medida de asociaciones cuyos integrantes trabajan de manera voluntaria y que necesitan sostener estructuras, vehículos y equipamiento cada vez más costosos. Según los datos difundidos por el propio SNBV, el sistema reúne más de 1.000 asociaciones y unos 52.000 hombres y mujeres voluntarios. En lo que va de 2026, además, se registraron más de 157.000 servicios, de los cuales alrededor de 94.500 fueron emergencias.
El reclamo también se produce en un escenario político marcado por la disputa del Gobierno nacional con las provincias y municipios por la distribución de recursos y por la decisión de la administración de Javier Milei de mantener una fuerte disciplina sobre el gasto público. En ese contexto, los bomberos buscan separar su reclamo de la discusión tradicional sobre aumentos presupuestarios: sostienen que no están pidiendo crear una nueva partida ni quitar recursos de otras áreas, sino recibir fondos que consideran establecidos previamente por una ley y financiados mediante una contribución específica.
La tensión no es nueva. El financiamiento de los bomberos voluntarios ya llegó en otras oportunidades a la Justicia. El propio sector recuerda el antecedente de 2018, cuando la Corte Suprema intervino mediante una medida cautelar ante un conflicto por la transferencia de fondos. Ahora, los dirigentes no descartan volver a recurrir a la vía judicial si no aparece una respuesta política y administrativa.
Con el lema «Cuando suenan las sirenas, todo el país escucha», los bomberos buscaron convertir una herramienta asociada a las emergencias en una señal de protesta. La decisión de mantener las guardias activas fue también parte del mensaje: aun con el reclamo abierto contra el Gobierno, los cuarteles no dejaron de responder ante incendios, accidentes o cualquier otra situación que requiriera su intervención.
