Una revisión de las contrataciones realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante 2024 y buena parte de 2025 expuso la magnitud de los recursos que quedaron concentrados en un grupo de compañías actualmente alcanzadas por la investigación judicial. De acuerdo con la auditoría interna del organismo y con distintos informes oficiales incorporados al expediente, diez empresas señaladas en la causa recibieron, junto con Suizo Argentina, alrededor de $192.000 millones durante el período analizado.
El dato surge de comparar el universo total de pagos efectuados por medicamentos e insumos con las transferencias recibidas por las firmas que aparecen mencionadas en la investigación. La auditoría contabilizó desembolsos por aproximadamente $479.500 millones entre enero de 2024 y el 21 de agosto de 2025, fecha que coincide con la salida de Diego Spagnuolo de la conducción de la ANDIS. Sobre ese monto, las compañías investigadas concentraron cerca de cuatro de cada diez pesos destinados a esas adquisiciones.
La empresa que encabeza el listado por volumen de fondos es Suizo Argentina, con unos $108.200 millones percibidos dentro del segmento de medicamentos de alto costo y baja incidencia. La cifra representa más de la mitad del dinero recibido por las compañías incluidas en el análisis. La firma, perteneciente a la familia Kovalivker, forma parte de la investigación judicial, aunque no aparece señalada en los informes oficiales que detectaron los presuntos sobreprecios en determinadas contrataciones.
Desde la compañía rechazaron cualquier vinculación con las irregularidades investigadas y sostuvieron que su actividad comercial se desarrolla de manera legal. La defensa de Suizo Argentina se diferencia así de la hipótesis que intenta determinar si existió un mecanismo organizado para direccionar negocios y obtener beneficios económicos dentro del organismo.
Después aparece Droguería Génesis, que recibió alrededor de $15.100 millones. Uno de los expedientes revisados por los investigadores puso bajo la lupa una compra de Macitentan, utilizado en tratamientos para la hipertensión arterial pulmonar. Según la comparación incorporada al expediente, ANDIS habría adquirido una unidad por más de $2,1 millones, mientras que otro proveedor había vendido el mismo medicamento durante ese período por unos $464.500. La empresa cuestionó la acusación y sostuvo que no existe sustento para afirmar que haya inflado sus valores.
Otro de los casos analizados corresponde a Profarma, que acumuló pagos por unos $11.500 millones. Entre las operaciones observadas aparece una adquisición de Burosumab por aproximadamente $45,1 millones cada unidad. En una compra comparable, el mismo medicamento fue obtenido por otro proveedor por unos $25 millones. A esa diferencia se sumó una particularidad del procedimiento: entre el inicio del proceso y la apertura de las ofertas transcurrieron apenas unas horas.
Las diferencias también aparecen cuando se comparan las compras de ANDIS con adquisiciones realizadas por otros organismos estatales. En el caso de Neurosalud, que recibió alrededor de $9.500 millones durante el período auditado, los informes oficiales detectaron una brecha significativa frente a los valores abonados por el PAMI. Un neuroestimulador implantable adquirido por ANDIS fue valuado en unos $132,5 millones, mientras que el organismo previsional había pagado cerca de $41,5 millones por una referencia similar. La diferencia fue presentada en el expediente como un indicio de un posible desvío de precios.
Una situación de características semejantes fue observada en operaciones vinculadas con Farma Salud. La firma recibió unos $9.500 millones y quedó incluida en un informe que analizó adquisiciones de insumos médicos. Entre las operaciones señaladas aparece una endoprótesis aortobílica junto con una endoprótesis ilíaca bifurcada cuyo precio habría superado ampliamente el valor registrado en una compra efectuada por PAMI. El expediente calificó la diferencia como particularmente significativa.
Droguería Floresta, por su parte, recibió cerca de $8.300 millones. En este caso, la documentación incorporada a la investigación examinó la compra de implantes cocleares Nucleus. El organismo habría pagado un promedio cercano a los US$62.600 por unidad, frente a valores considerablemente menores registrados en otras operaciones estatales. Uno de los precios de referencia mencionados en los informes fue de aproximadamente US$16.975.
En el listado también figura Indecomm, vinculada en la investigación con Miguel Calvete. La empresa obtuvo alrededor de $8.000 millones. Entre las irregularidades administrativas detectadas aparece el pago duplicado de una misma factura. El caso se suma a otros elementos incorporados a la investigación sobre el funcionamiento interno de la ANDIS y sobre las relaciones entre empresarios, intermediarios y funcionarios.
New Farma recibió aproximadamente $7.500 millones y también quedó involucrada en las observaciones sobre el Macitentan. En una de las operaciones relevadas, el medicamento habría sido vendido a ANDIS por unos $8,2 millones, mientras que otras adjudicaciones registraban valores cercanos a los $500.000. Los investigadores también dejaron asentadas observaciones surgidas durante un allanamiento realizado en las instalaciones de la empresa.
El grupo se completa con Expo Trauma, que recibió cerca de $5.800 millones; Ortopedia Bernat, con unos $4.300 millones; y Artrobone, con aproximadamente $3.900 millones. Las tres aparecen en el análisis oficial sobre adquisiciones de elementos ortopédicos. Allí se detectaron diferencias especialmente pronunciadas en algunos productos, entre ellos un andador cuyo valor facturado fue calculado con una diferencia que los investigadores estimaron en más de 4.000% respecto del precio de referencia.
Más allá de las explicaciones que puedan brindar cada una de las empresas y de las responsabilidades que eventualmente determine la Justicia, la dimensión económica de las operaciones constituye uno de los principales elementos de la investigación. El volumen de dinero concentrado en un grupo reducido de proveedores, sumado a las diferencias de precios detectadas en distintos expedientes, forma parte de la evidencia que ahora deberá ser evaluada para establecer si se trató de irregularidades aisladas o de un esquema coordinado dentro de la ANDIS.
La causa busca determinar precisamente cómo funcionaba ese circuito y qué papel tuvieron los distintos actores mencionados en el expediente. Mientras avanzan las medidas judiciales, la auditoría permite dimensionar el flujo de recursos: casi $192.000 millones terminaron en manos de las empresas investigadas dentro de un universo de $479.500 millones destinado a medicamentos e insumos durante el período bajo revisión.
AL/CM
