En medio de las crecientes tensiones por la falta de recursos, el gobierno de Axel Kicillof habilitó el uso de fondos remanentes del Servicio Alimentario Escolar (SAE) para cancelar deudas del programa MESA con proveedores. La decisión busca llevar alivio a los municipios y descomprimir, al menos parcialmente, el frente interno del oficialismo.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 1573, firmada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, que autorizó de manera excepcional la utilización de los excedentes del SAE para afrontar esos pagos. Se trata de recursos que quedan disponibles y que, en esta oportunidad, podrán destinarse a cubrir obligaciones pendientes con proveedores.
La autorización alcanza a los municipios y consejos escolares, responsables de la ejecución del programa. A partir de la resolución, podrán utilizar los remanentes disponibles del SAE para cancelar las facturas adeudadas del MESA correspondientes a marzo y abril, sin necesidad de esperar una nueva asignación presupuestaria.
La reasignación, sin embargo, tiene límites. Los recursos sólo podrán provenir del rubro Alimentos del Servicio Alimentario Escolar y no podrán utilizarse fondos destinados a otros conceptos. Hasta ahora, esos remanentes sólo podían emplearse para gastos vinculados al propio funcionamiento del SAE.
Esto no es un problema de partidos políticos es una situación social que les compete a todos, nacional y provincial
Hoy tuvimos sesión ordinaria luego de 6 meses, pedí la palabra para hablar de la situación social que atraviesa la provincia, pero las disputas políticas no… pic.twitter.com/Ha9xp5Ustj
— Mario Ishii (@ishiiargentina) June 24, 2026
El movimiento refleja el complejo escenario financiero que atraviesa la administración bonaerense tras el recorte de transferencias dispuesto por el Gobierno nacional. En ese contexto, el programa MESA, que distribuye módulos alimentarios a familias de alumnos bonaerenses, acumuló demoras en los pagos y crecieron las dificultades para sostener el abastecimiento en distintos distritos. En rigor, con la medida no se destinan nuevas partidas, sino que reasignan recursos ya disponibles dentro del sistema.
El trasfondo de la decisión excede lo estrictamente administrativo. La escasez de recursos en el territorio se convirtió en uno de los principales focos de cuestionamiento. De hecho, dentro del peronismo, el intendente en uso de licencia de José C. Paz y actual senador provincial, Mario Ishii, impulsó un proyecto para declarar la Emergencia Alimentaria y Nutricional por 18 meses.
Ishii, que incluso invitó públicamente al oficialismo a «caminar el Conurbano para ver la realidad», propuso una actualización automática de las partidas alimentarias mediante el IPC del INDEC.
Más allá del impacto técnico, la resolución aparece como un paliativo para la gestión cotidiana de los municipios, aunque está lejos de cerrar el conflicto político de fondo.
Con esta decisión, Kicillof y Larroque buscan mostrar capacidad de gestión frente a la restricción presupuestaria y contener uno de los frentes de conflicto interno. La medida lleva alivio a los municipios y desactiva una urgencia, aunque dado el tono de la interna la discusión por el financiamiento de las políticas alimentarias seguirá siendo una de las herramientas con las que la disidencia buscará marcarle la cancha al gobernador.
MES/CM
