El Gobierno Nacional busca evitar una disparada de la inflación por todos los medios, incluso si eso significa ir en contra de su propia ideología. De acuerdo a lo informado por el medio EconoJournal, el Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, le informó a las empresas gasíferas –Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas entre las principales- que el Estado solventará el costo del GNL que los hogares consuman en el semestre mayo-octubre. Además, le comunicó que las distribuidoras recién empezarán a pagar efectivamente por el fluido a partir de noviembre en seis cuotas mensuales hasta abril de 2027.
Se estima que esta operatoria le demandará al Tesoro un costo de entre US$ 150 y US$ 200 millones. Así, el oficialismo se evita tener que trasladar en la antesala del punto de mayor demanda de los usuarios domiciliarios el costo del GNL a las tarifas de gas natural. Es una forma de morigerar el salto de las facturas residenciales del fluido, evitando que el costo del gas importado -encarecido por la guerra en Medio Oriente- se traslade a las tarifas reguladas.
Un subsidio diferido
Aunque el Gobierno evita presentarlo como subsidio, en los hechos se trata de un financiamiento estatal para suavizar el impacto tarifario. La diferencia es que el costo no desaparece: se posterga. El mecanismo elegido son las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), una herramienta regulatoria que permite corregir desfasajes entre el precio del gas contemplado en las tarifas y el costo real pagado por las distribuidoras en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
A través de ese esquema, el Estado recuperará desde noviembre los fondos desembolsados. En la práctica, las distribuidoras aplicarán un recargo en cuotas sobre las facturas residenciales para devolverle al Tesoro lo adelantado durante el invierno. La lógica oficial es “aplanar” las boletas para evitar saltos bruscos en los meses de mayor consumo. El costo político y económico del ajuste se difiere para cuando la demanda estacional haya caído.
Presión sobre la industria
En paralelo, la Secretaría de Energía endureció su postura con el sector industrial. Las empresas que no adquieran GNL en las licitaciones de esta semana podrían sufrir cortes de suministro en junio, cuando se espera el pico de demanda. El cambio implica un retorno a la lógica de los años noventa: el Estado deja de garantizar el abastecimiento pleno para la industria, que deberá procurarse su propio combustible en el mercado libre y asumir precios muy superiores a los del gas local.
Mientras los hogares quedan protegidos mediante financiamiento estatal, las grandes industrias deberán anticipar compras a valores de mercado spot o exponerse a interrupciones del servicio.
Licitaciones sin respuesta
El nuevo esquema ya mostró dificultades. Una primera subasta impulsada a través de MEGSA no logró captar demanda suficiente. Ni distribuidoras ni industrias estuvieron dispuestas a convalidar precios cercanos a los US$ 20 por millón de BTU, casi cinco veces superiores a los valores locales, sin garantías regulatorias de que esos mayores costos puedan trasladarse luego a tarifas.
La falta de interés encendió alertas sobre la capacidad de reacción del sistema ante una eventual ola de frío intensa. Mientras tanto, Enarsa ya licitó nueve cargamentos para junio. Pero la intención oficial es revender ese gas mediante nuevas subastas, trasladando el costo al sector privado y reduciendo al mínimo el subsidio estatal directo a la industria.
El resultado es una pulseada de final abierto: el Gobierno busca contener la inflación sin resignar su narrativa de ajuste, mientras patea hacia adelante un costo que terminará reapareciendo en las boletas de los usuarios.
RM/EO
