El Gobierno ya tiene en la mira un nuevo objetivo para privatizar: el Correo Argentino. Cada vez son más las ciudades que quedan desconectadas de la red federal de entregas como consecuencia del cierre de sucursales y de la reducción de personal, ya sea por retiros voluntarios o por los bajos salarios, que en muchos casos no llegan a los $ 900.000.
Hasta el momento cerraron unas 300 sucursales, con especial impacto en localidades de provincias como San Luis, Catamarca, Mendoza y Santiago del Estero. Según trabajadores del Correo, «reducen el número de sucursales en pueblos donde no hay bancos, no hay Anses, no hay nada. La empresa estatal es la que tiene que cumplir con el servicio básico universal; si no, esa gente tiene que trasladarse 100 o 200 kilómetros. Ahí el correo es todo. Abarcamos todos los servicios: no es solo carta o paquetería, es la posibilidad».
En ese contexto, publicó El Destape, la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), el gremio que agrupa a los trabajadores del Correo Argentino, denunció: «Es una política de achicamiento y vaciamiento. El correo es un servicio básico universal. Ellos quieren achicar la empresa para venderla ‘en buenas condiciones'».
Como alternativa, en algunas localidades funcionan los denominados «Puntos Correo», instalados en comercios. Estos locales reciben un pago adicional por prestar el servicio, aunque desde el gremio sostienen que este esquema resulta más costoso que mantener abiertas las sucursales oficiales.
Atraso salarial
Una de las principales problemáticas que enfrentan los empleados es el atraso salarial. Los sueldos de los trabajadores del Correo rondan, en promedio, los $ 900.000, mientras que el salario mínimo se ubica en torno a los $ 700.000. En el caso de los transportistas tercerizados, perciben como mínimo $ 12.000 por hora por una jornada de disponibilidad de 10 horas diarias.
En ese marco, se desarrollan las negociaciones paritarias. La empresa ofreció un aumento del 6,6%, propuesta que fue rechazada por el gremio. «Estamos hablando de trabajadores que todos los días sostienen un servicio esencial en todo el país y que hoy cobran $ 700.000. Frente a esa realidad, una oferta del 6,6% es una burla», afirmó el secretario general del sindicato, Alberto Cejas, quien reclama un incremento del 15%.
Este escenario se suma a los 6.000 retiros voluntarios y 300 despidos registrados en el marco del plan de achicamiento. Según denuncian desde el gremio, el objetivo final es avanzar con la privatización de la empresa mediante la venta del paquete accionario y, además, desprenderse de los edificios donde actualmente funcionan las sucursales.
Por si fuera poco, en diciembre se incorporó una flota de 240 robots con inteligencia artificial para la clasificación automática de paquetería, una tecnología que la empresa presentó como única en la región. Desde el gremio interpretan esa inversión como una puesta a punto de cara a la privatización. «El que la compre va a tener una empresa con la última tecnología incorporada y no va a requerir inversiones para modernizarla», concluyeron.
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