La presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lejos de cerrar la polémica sobre el origen de parte de su patrimonio, abrió una nueva crisis política para el Gobierno. Las explicaciones brindadas por el funcionario sobre la incorporación de más de 500 mil dólares a sus bienes declarados desencadenaron cuestionamientos de la oposición, tensiones dentro de La Libertad Avanza y una ofensiva parlamentaria que incluye pedidos de interpelación, moción de censura y reclamos para que concurra al Senado.
La controversia se desató luego de que Adorni reconociera que los fondos incorporados a su patrimonio familiar provenían de operaciones con bitcoin realizadas entre 2013 y 2018 y que esos recursos no habían sido declarados previamente. El exvocero sostuvo que se trataba de ahorros acumulados junto a su esposa, Bettina Angeletti, y lanzó una frase que amplificó el impacto político del caso: “Ahorramos en negro como todos los argentinos”.
Las explicaciones no lograron desactivar las críticas. Por el contrario, generaron cuestionamientos en la oposición y profundizaron la interna del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, afirmó que lo ocurrido “es más que un error, es una omisión ética” y remarcó que “nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”. Aunque evitó pronunciarse sobre eventuales responsabilidades penales, sostuvo que será la Justicia la que determine el alcance de los hechos.
La posición de Bullrich expuso nuevamente diferencias con la estrategia adoptada por la Casa Rosada, donde el presidente Javier Milei salió públicamente a respaldar a Adorni con un retweet y consideró suficientes las explicaciones brindadas por el funcionario.
A las críticas de Bullrich ante los medios se sumó la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien calificó como una “vergüenza” tanto el accionar como las explicaciones del jefe de Gabinete. Además, avanzó institucionalmente para exigir su presencia en el Senado.
“Acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el artículo 101 de la Constitución Nacional”, escribió Villarruel en sus redes sociales. La titular de la Cámara alta recordó que el jefe de Gabinete debe concurrir mensualmente al Congreso, alternando entre Diputados y el Senado, para informar sobre la marcha del Gobierno. Lo hizo minutos después de que el propio Adorni anunciara que recién en julio asistiría al Senado. Es una nueva señal de la ruptura definitiva entre la Vicepresidenta y la administración libertaria que la llevó a ese lugar.
En paralelo, minutos antes del anuncio de Adorni, el presidente del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, reclamó formalmente la presencia de Adorni y advirtió que el funcionario “nunca vino a rendir cuentas” ante la Cámara alta desde que asumió el cargo. La vicepresidenta convocó para el próximo miércoles una reunión de Labor Parlamentaria con el objetivo de discutir la situación y definir los pasos a seguir.
El PRO como partido también endureció su posición. El partido que preside Mauricio Macri difundió un duro comunicado en el que aseguró que el caso “no tiene justificación posible” y advirtió que el oficialismo no puede seguir “alimentando polémicas evitables ni episodios que erosionan la confianza pública”.
La presión también crece en Diputados. Unión por la Patria, Provincias Unidas, legisladores vinculados a gobernadores provinciales y el Frente de Izquierda convocaron a una sesión especial para el 23 de junio con el objetivo de tratar proyectos de interpelación y una moción de censura contra el jefe de Gabinete.
Entre los impulsores de la iniciativa se encuentran Germán Martínez, Pablo Juliano, Esteban Paulón, Carlos Gutiérrez, Marcela Pagano, Nicolás del Caño y Romina del Plá. Los legisladores sostienen que Adorni tiene la obligación legal de declarar su patrimonio con exactitud y consideran contradictorias sus recientes declaraciones con las respuestas que brindó en el Congreso meses atrás.
El eje de los cuestionamientos está puesto en la exposición que realizó el 29 de abril ante la Cámara de Diputados. En aquella oportunidad, el jefe de Gabinete aseguró haber cumplido con todas las exigencias de la Ley de Ética Pública y afirmó que “nunca existió ocultación alguna” respecto de los bienes que integraban su patrimonio.
La oposición considera que las explicaciones posteriores contradicen aquella afirmación y por eso busca avanzar con mecanismos de control parlamentario. La diputada Sabrina Selva sostuvo que el funcionario “mintió en su declaración jurada” y cuestionó la consistencia de los argumentos presentados para justificar la aparición de los fondos.
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