La presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni no hizo más que reabrir el escándalo. El miércoles a la noche, el jefe de Gabinete admitió en LN+ que durante años ocultó ahorros «en negro» —medio millón de dólares que no había declarado ante la Oficina Anticorrupción— y atribuyó su crecimiento patrimonial a una inversión temprana en bitcoin que quedó guardada en un pendrive que pasó tres meses buscando. Ese relato choca frontalmente con lo que dijo ante el Congreso el 29 de abril: «En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna«, había afirmado ante los diputados. Y el 25 de marzo, en conferencia de prensa: «Todo lo que yo tenga que declarar lo declaré. Está todo impecable». La oposición en el Senado tomó esa contradicción y ahora va por todo: que Adorni apure su informe de gestión para la Cámara Alta y se derogue la Ley de Inocencia Fiscal en la cual se acogió el ex vocero.
En primer lugar, la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio presentó un proyecto de ley para derogar el Capítulo III de la Ley 27.799 —el régimen de Declaración Jurada Simplificada que el Gobierno impulsó y que Adorni y su esposa Bettina Angeletti usaron para acogerse a la Ley de Inocencia Fiscal. «El Congreso no puede permitir que el Gobierno robe a cara descubierta con la ley que mandó a votar como si fuera su traje a su medida», dijo la legisladora. El proyecto apunta a dejar sin efecto las normativas que «generan zonas de discrecionalidad e impunidad en la gestión pública» y advierte que el acogimiento de altos funcionarios a ese régimen «busca obturar procesos judiciales por delitos de corrupción o lavado de activos», según los fundamentos del texto.
Mayans apura a Bullrich para que Adorni visite el Senado
El otro frente que se reactivó con la DDJJ es el pedido de que Adorni cumpla el artículo 101 de la Constitución, que establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, de manera alternada entre ambas cámaras. Adorni expuso en Diputados el 29 de abril. Debería haber ido al Senado en mayo. No fue. Desde el entorno de la vicepresidenta Victoria Villarruel deslizaron a La Pluma que esperan que pronto pueda cumplir con esa obligación constitucional y presente su informe de gestión en la Cámara alta.
El reclamo no es nuevo. Hace casi un mes, el jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans, le envió una nota formal a Villarruel solicitando que fijara fecha para la presentación de Adorni, según informó TN. En esa nota, Mayans recordó que Adorni debió presentarse en el Senado en marzo y que la Constitución no deja margen para la interpretación. La nota también fue planteada en la reunión de Labor Parlamentaria ante los jefes de bancada. Patricia Bullrich, como jefa del bloque de LLA en la Cámara alta, ya le transmitió al funcionario que distintos espacios reclaman su presencia. Villarruel, que deberá organizar la presentación, fue la primera en decirlo en público semanas atrás: «Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni«.
Mayans ahora vuelve a insistir, en diálogo con La Pluma, con este tema: «Adorni en mayo tenía que aparecer acá en el Senado. Bullrich ‘amagó’ con que se lo iba a pedir a Adorni, pero no es así: ella tiene que fijar fecha de visita por lo que dice la Constitución, no es un grupo de amigos al que se le pide un favor, es lo que hay que hacer«.
Asimismo, sobre las explicaciones del pendrive, Mayans ironizó: «Es buenísimo lo del pen drive, con esto se terminan toda esta clase de delitos en la Argentina: decís que encontraste plata en un pen drive y listo«.
La contradicción entre lo que Adorni dijo en el Congreso y lo que admitió esta semana es el dato más potente que la oposición tiene para presionar. Ante los diputados: «nunca existió ocultación alguna». Esta semana: «toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos». La confesión lo expone a una acusación por omisión maliciosa, un delito con pena de inhabilitación perpetua. La Justicia ya pidió «de forma urgente» a la Oficina Anticorrupción la nueva DDJJ para cruzarla con la evidencia reunida en la causa. El fiscal Gerardo Pollicita, que lleva la investigación, tiene en la mira el origen de los ahorros declarados ahora como «en negro».
Mayans también planteó a La Pluma la paradoja de la Ley de Inocencia Fiscal: «Esta ley es perversa. Se acogieron todos, no tiene efecto retroactivo. Sin contribución impositiva, ¿qué vamos a hacer para mantener los caminos, las rutas, los aeropuertos? ¿Cómo va a crear el orden de la nación?». Por último, advirtió que Adorni, «con las mentiras probadas que dijo a Diputados» ya tiene «ganada» una moción de censura, también contemplada en al artículo 101, que permite la interpelación y hasta remoción del cargo ejecutivo.
Bullrich y Villarruel: las voces dentro del oficialismo
Las críticas más resonantes no vinieron solo de la oposición. Bullrich, en el día de su cumpleaños número 70, le dijo a La Nación: «Esto es más que un error, es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado«. Fue la misma Bullrich que hace un mes le pidió públicamente a Adorni que presentara la DDJJ «de inmediato» y que intentó plantearlo en una reunión de gabinete antes de ser interrumpida por Milei. En su entorno celebran que «haya defendido su caudal electoral» y que siga demostrando que «es necesaria» dentro del espacio.
Villarruel fue directa en X. Cuando un usuario le preguntó si le creía a Adorni, respondió: «No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones«. Milei, en tanto, volvió a ratificar que no pedirá la renuncia: «No hay chances», dijeron cerca del Presidente. Adorni sigue.
JD/CM
