Patricia Bullrich encabezó este martes en el Salón de las Provincias del Senado la conferencia de prensa en la que presentó la versión final del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que la Cámara alta votará este jueves. La acompañaron el presidente provisional Bartolomé Abdala y los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. La confirmación central, ya adelantada en las últimas horas, fue el nuevo tope a la extranjerización de tierras rurales: 25%, diez puntos por encima del límite vigente desde 2011.
Bullrich apuntó contra el origen de la ley que busca reemplazar. «La ley tuvo como objetivo volver terratenientes a sus amigos», dijo en referencia a Máximo Kirchner, y acusó a «los amigos del poder» de haber hecho negocios con esa norma: mencionó que Lázaro Báez terminó con 415.000 hectáreas en Santa Cruz y que los Kirchner «compraban tierras fiscales a 7 dólares y las vendían a medio millón de dólares». «Esa es la Patagonia que se repartieron, así hicieron sus hoteles», lanzó.
Sobre el nuevo límite, la senadora explicó que buscaron equipararse a la región: «Brasil tiene 25%, México, Paraguay, Uruguay y Chile no tienen límite. Nos parece razonable porque Brasil creció cuatro veces más que nosotros en capacidad productiva en el campo». Remarcó que hoy la Argentina está «bien lejos» de cualquier techo, con apenas un 5% de tierras en manos extranjeras, y defendió que «cualquier inversor tenga las mismas capacidades». También salió a cruzar las críticas sobre seguridad en zonas de frontera: «Conozco la frontera más que nadie, fui ministra de Seguridad y sé lo que es un campo narco manejado por extranjeros o argentinos», dijo, y detalló que el proyecto prevé tres controles: Seguridad Nacional, Defensa Nacional y objetivos estratégicos del país. «Es una ley federal, se reforzaron las capacidades de las provincias«, agregó.
La senadora insistió en la distinción entre propiedad y soberanía, uno de los ejes de las críticas de la oposición: «Propiedad no es soberanía. La propiedad es la posesión de un título, un papel, un contrato. La soberanía es la bandera, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad«, sostuvo, y agregó que «un extranjero con una propiedad acá responde a la Justicia argentina y paga impuestos argentinos«. Para graficar el costo económico de la ley vigente, comparó los valores de la tierra en Canadá, que según dijo pasaron de 14.500 a 48.000 dólares la hectárea, mientras que en la Argentina «hoy valen 17.000 dólares zonas para trabajar»: «Perdimos 266.000 millones de dólares por la ley de Máximo Kirchner«, afirmó.
Sobre el concepto de soberanía, fue más allá: «Es la fortaleza de un Estado para hacer cumplir la ley. Perdimos soberanía en la base de Neuquén, en Rosario con la ley narco, que ahora recuperamos«, dijo, en referencia a la base espacial china instalada en Neuquén, que según remarcó fue «la única vez que la Argentina entregó soberanía a un gobierno extranjero»: 200 hectáreas cedidas por 50 años durante el gobierno de Cristina Kirchner. Como contraejemplo de una inversión extranjera sin conflicto, mencionó a la bodega Chandon, radicada hace más de 60 años en Mendoza: «A nadie se le ocurrió pensar que Francia es dueña de Mendoza«, ironizó.
Desalojos, incendios y expropiaciones: el resto del paquete
Más allá del capítulo de tierras, Bullrich detalló otros ejes del proyecto. Sobre expropiaciones, remarcó que la Argentina es «el segundo país con más casos en el CIADI por expropiaciones mal hechas», detrás de Venezuela, y que el objetivo es evitar que una persona expropiada tenga que «esperar 18 años» para cobrar lo que le corresponde. También incorporaron un capítulo de regularización dominial: quien viva diez años en una vivienda sin escritura, de forma pacífica, podrá acceder a su título de propiedad, aunque aclaró que esto no aplica a tierras usurpadas o en conflicto.
Sobre desalojos, citó los antecedentes de Guernica (101 días de ocupación) y Vicentin, y el dato de 17.000 usurpaciones denunciadas en un año, con causas que hoy tardan hasta seis años en resolverse en la Justicia «con el ocupante adentro y el propietario pagando impuestos». «Eso no es Justicia», sostuvo.
Además, precisó que el nuevo esquema permitirá identificar a los ocupantes con mayor celeridad, aunque cada caso con menores o personas con discapacidad será analizado para definir dónde serán trasladados.
En materia de incendios, defendió el cambio a la ley de manejo del fuego con un ejemplo: «Si yo tengo un vecino, le quemo el campo y no me dejan usarlo por 60 años, es un despropósito«. Aclaró que la ley mantiene sanciones y delitos penales para quien provoca incendios, pero libera al productor que no tuvo responsabilidad en el siniestro. Y anunció la creación de un registro de propiedad digital, una «ventanilla federal» para modernizar el sistema actual.
Consultada sobre los recursos naturales dentro de las tierras en cuestión, la senadora Nadia Márquez aclaró que «la Constitución establece que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias«, por lo que el proyecto no interviene en cómo cada una lo resuelve, y remarcó que el acceso al agua no se modifica porque ya está regulado en el Código Civil.
Bullrich también contó que le envió el proyecto a Elisa Carrió para que lo revisara: «Quedó en responderme. Creo que las dudas que ella podía tener ya se las transmití, y quedaron plasmadas en la versión final sobre las fronteras». Cerró el capítulo político con un dato de respaldo: «Somos 44 senadores trabajando juntos, más tres que discuten con nosotros. El campo sigue siendo el primer activo de nuestro país y está el 95% en manos de los argentinos«.
La jugada de Milei para sacar a Villarruel de la sesión clave
El resultado de la votación del jueves sigue siendo incierto, y en ese contexto cobra relevancia un movimiento del propio Gobierno: Javier Milei adelantó para ese mismo día su viaje a Ecuador y Colombia, lo que obliga a Victoria Villarruel a asumir la Presidencia de la Nación en su reemplazo y le impide presidir la sesión del Senado. La maniobra busca evitar que la vicepresidenta pueda desempatar con su voto si el resultado queda igualado.
Villarruel se manifestó explícitamente en contra de la venta de tierras a extranjeros, algo que quedó expuesto en la pelea por chat que mantuvo con Bullrich semanas atrás. El propio José Mayans había advertido que la oposición está «a un puntito de los 36» senadores necesarios para rechazar la iniciativa, un escenario que en el oficialismo prefieren no arriesgar con la vicepresidenta al mando de la sesión.
Fernández Sagasti pide votar virtualmente por su embarazo
El otro factor que puede incidir en una votación ajustada es la situación de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, del bloque Justicialista, que atraviesa 32 semanas de embarazo y no puede viajar largas distancias por indicación médica. A través de un video en sus redes, Fernández Sagasti contó que le presentó una nota a Villarruel para pedir participar de la sesión del jueves de forma remota: «¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada? El Senado fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo», planteó, y remarcó que no está «incapacitada para leer expedientes, para debatir, ni para votar», y que el pedido no tiene relación con la licencia por maternidad que le corresponde.
¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?
El @SenadoArgentina fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo.… pic.twitter.com/Z65GWBFnn3
— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 4, 2026
Consultada por un periodista sobre este tema en la misma conferencia, Bullrich dio una versión distinta: «Todavía no ha hecho ningún pedido formal, no nos guiamos por rumores de pasillo«, respondió, en un punto que contrasta con la publicación de la propia senadora, que mostró la nota entregada a la vicepresidenta. Ni Villarruel ni la Presidencia del Senado se pronunciaron todavía sobre si habilitarán algún mecanismo remoto para el jueves, algo que no tiene antecedentes fuera del período de pandemia.
JD/CM
