El Gobierno echó a 41.241 trabajadores del Estado desde noviembre de 2023, mes previo a la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación. De esa forma, la cifra pasó de 317.345 a 276.104. Según el informe del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) sobre la dotación de personal de la administración pública, 818 empleados fueron despedidos en marzo.
La composición estructural de la dotación en el tercer mes del año se mantuvo similar a la del período anterior. Sin embargo, dentro de la administración centralizada, es decir, los ministerios y la cabeza del Gobierno, fue precisamente Presidencia que tuvo la mayor cantidad de despidos en marzo (79 desvinculaciones). Le siguió el Ministerio del Interior (16) y la Jefatura de Gabinete de Ministros (26).
En las área descentralizada y desconcentrada, los organismos que más recortes sufrieron fueron el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) con 135 trabajadores echados, Gendarmería Nacional, con 38, y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con 11 ceses.
Si se mira la imagen con respecto al inicio de la presidencia de Javier Milei, se pueden observar grandes cifras en organismos que fueron denostados a lo largo de la gestión libertaria. Tal es el caso del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que sufrió la pérdida de 2.371 trabajadores desde noviembre de 2023. En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 801 empleados dejaron su trabajo, mientras que en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) fueron 827.
«O financiamos películas que no mira nadie o le damos de comer a la gente», había dicho Milei en enero de 2024, en el marco del debate sobre la Ley Ómnibus, que proponía una reestructuración —o mejor dicho disminución—del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). En marzo de 2026, se cuentan 552 empleados en este organismo, cuando en noviembre de 2023 la cifra de esta dotación era más del doble (1.137).
Aceleran la reglamentación de la reforma laboral
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei fue ratificada judicialmente y el Gobierno acelera los tiempos políticos para su reglamentación. En los últimos días, distintos fallos favorecieron la postura oficial, consolidando la vigencia de la norma y debilitando la estrategia judicial de los gremios de la CGT que buscan frenarla.
Uno de los hitos más recientes fue la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que determinó que la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado debe tramitarse en ese fuero y no en la Justicia del Trabajo. Este fallo representa un revés para la central obrera, que pretendía llevar el expediente a un ámbito históricamente más receptivo a sus planteos.
La resolución judicial se suma a otro antecedente favorable para el Gobierno: la revocación de una medida cautelar que había frenado parcialmente la reforma, lo que permitió restablecer la validez de decenas de artículos. En conjunto, estos fallos refuerzan la interpretación oficial de que la ley está plenamente vigente, más allá de las impugnaciones en curso.
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