En el mercado laboral argentino, las pretensiones salariales de los trabajadores chocan con una realidad cada vez más restrictiva. Mientras muchos buscan remuneraciones que permitan sostener gastos básicos o proyectar consumo, el promedio de los salarios ofrecidos en amplios sectores queda lejos de esas expectativas. En ese sentido, el último informe de Bumeran reveló que el sueldo pretendido promedio alcanzó en marzo los $ 1.786.395.
Sin embargo, la pérdida acumulada del poder adquisitivo en los últimos años, sumada al encarecimiento de tarifas, alimentos y alquileres, configuró un escenario en el que tener empleo formal ya no garantiza salir de la precariedad. Si se compara con el salario mínimo, vital y móvil, el ingreso que intentan conseguir los trabajadores lo quintuplica. El piso de sueldo para abril fue establecido en solamente $ 357.800 por el Gobierno nacional.
De acuerdo con datos difundidos a partir de estadísticas oficiales, en Argentina siete de cada diez personas perciben ingresos inferiores a $ 1 millón mensual. La cifra expone el deterioro del poder de compra y la distancia entre lo que se cobra y lo que se necesita para sostener un nivel de vida básico.
El dato surge de la distribución del ingreso elaborada por el Indec, donde también se observa que solo una parte de la población total cuenta con ingresos propios, ya sea por empleo, jubilaciones, pensiones o asistencia social. Incluso dentro de ese universo, el ingreso medio se ubica por debajo de lo que muchas familias necesitan para cubrir alquiler, alimentos, transporte y servicios.
Milei, el gran perdedor
En medio de esta situación, el presidente Javier Milei aseguró públicamente que nunca se aumentó el sueldo y que es “el que menos gana”. La frase generó revuelo en un contexto en el que millones de argentinos intentan sostenerse con ingresos muy por debajo de la canasta familiar.
Más allá de las discusiones sobre los ingresos de la política, el dato estructural sigue siendo otro: el salario privado promedio perdió capacidad de compra y gran parte de los trabajadores no logra acompañar el aumento del costo de vida. A eso se suma el deterioro del salario mínimo, referencia para buena parte del mercado laboral. Según un informe del IIEP de la UBA, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 cayó casi 38% el poder adquisitivo de los trabajadores y quedó incluso por debajo de los niveles previos a la crisis de 2001.
Jubilados: el sector más golpeado
La situación es aún más crítica entre los adultos mayores. Desde mayo, la jubilación mínima quedará apenas por encima de los $ 463.000, monto que incluye el bono extraordinario de $ 70.000 que el Gobierno decidió extender por un mes más.
Sin ese refuerzo, el haber previsional quedaría muy por debajo de esa cifra, en torno a los $ 390.000. Cabe señalar que el bono permanece congelado desde marzo de 2024, pese a la inflación acumulada en ese período.
Consultoras privadas advierten que las jubilaciones llevan nueve meses consecutivos de caída real, producto de una fórmula que ajusta por inflación pasada mientras los precios continúan subiendo. Según estimaciones citadas en distintos análisis, el bono debería ubicarse en torno a $ 144.000 para recuperar el poder adquisitivo inicial.
Economía ordenada, bolsillos desordenados
El Gobierno nacional sostiene que la prioridad es estabilizar la macroeconomía. Sin embargo, los datos de ingresos muestran que la normalización todavía no llegó al bolsillo.
Con salarios que no alcanzan, jubilaciones mínimas por debajo de la línea de subsistencia y una mayoría de trabajadores lejos del millón de pesos, la principal tensión económica hoy no pasa por la inflación mensual, sino por cómo vivir con ingresos que siguen corriendo muy por detrás de la realidad.
RM/EO
