El regreso a las aulas tras el receso de invierno quedó marcado este lunes por el paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el primer gran conflicto gremial que enfrenta el Gobierno desde que entró en vigencia la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial. El acatamiento fue dispar: en la Ciudad de Buenos Aires la mayoría de las escuelas mantuvo las puertas abiertas, aunque con funcionamiento desigual según el establecimiento, mientras que en el Conurbano bonaerense la medida se sintió con mucha más fuerza.
La diferencia entre los acatamientos de cada distrito coincide con lo anticipado por los propios gremios bonaerenses, nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que ya venían de un antecedente de paro provincial el 30 de junio.
Por qué paran
La medida, resuelta en un congreso de CTERA, reclama la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial frente a la inflación, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID, eliminado en 2024) y el rechazo a una eventual reforma previsional y a la llamada «Ley de Libertad Educativa«. El gremio sostiene que el salario mínimo docente está estancado en 500.000 pesos y que la inversión educativa nacional se derrumbó en los últimos años: según datos que agrupaciones de la Multicolor bonaerense aportaron a la Agencia Noticias Argentinas, el financiamiento consolidado cayó al 4% del PBI y los programas de infraestructura escolar se redujeron un 58,5% entre 2023 y 2025, según reconstruyó PERFIL.
El paro no quedó circunscripto a la docencia primaria y secundaria: adhirió también la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y, en paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó su propia medida de fuerza. No todo el sindicalismo del sector eligió el mismo camino: los gremios nucleados en la CGT, como la Unión Docentes Argentinos, optaron por un plan de lucha alternativo con jornadas a reglamento y movilizaciones, sin llegar al paro total.
Nación mandó a inspeccionar y el conflicto podría extenderse al martes
El Gobierno realizó, como había anunciado, inspecciones muestrales en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento del 75% de prestación del servicio que exige la ley 27.802. Tanto la Ciudad como la Provincia de Buenos Aires aclararon que no colaborarían con esos controles nacionales, y la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense llegó a enviar una circular para que inspectores y directores no le dieran información a funcionarios nacionales, invocando el artículo 6 de la Constitución.
El conflicto, de todos modos, podría no cerrarse este lunes. Agrupaciones disidentes dentro de SUTEBA (la Multicolor) y la Asociación de Maestros y Maestras bonaerenses evalúan extender la medida hasta 48 horas, lo que afectaría también las clases del martes 4 de agosto.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, fue el encargado de subir el tono de la respuesta oficial: advirtió que, si no se cumple el 75% de presentismo, se abrirá un proceso para determinar sanciones, y que en caso de «incumplimientos reiterados» el Gobierno podría avanzar incluso con la quita de la personería gremial a CTERA. Cordero aclaró que «no se están pensando sanciones a los docentes» sino al gremio, y responsabilizó a la conducción sindical por no aceptar negociar con las provincias, que son «los verdaderos empleadores» desde 1992.
En caso de detectarse irregularidades, el Ministerio de Capital Humano ya tiene decidido iniciar denuncias y la primera sanción prevista sería una multa. Como antecedente de la firmeza que pretende mostrar el Gobierno en este tipo de conflictos, en la cartera de Sandra Pettovello recordaron el caso reciente de La Fraternidad, el gremio ferroviario multado por más de 21.000 millones de pesos por desacatar una conciliación obligatoria durante un paro de la CGT.
JD/CM
