Comenzó el paro de 24 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales en reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento. Si bien se suspenden las clases presenciales y virtuales en la mayoría de las facultades públicas, las de la UBA permanecerán abiertas durante la jornada.
La medida abarca al personal nucleado en la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Argentina de Gremios de Docentes Universitarios (FAGDUT), la Federación de Asociaciones de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), entre otras organizaciones del sector.
El paro se apoya en tres reclamos puntuales: la falta de aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada hace un año; el incumplimiento de la medida cautelar que ordena actualizar los haberes docentes, ya confirmada por la Corte Suprema; y la falta de aumento en las partidas para los hospitales universitarios.
Además de la huelga, los trabajadores realizarán actividades para visibilizar el conflicto de fondo. A las 16 habrá una movilización hacia el Obelisco con la consigna “En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”, a la que se plegarán referentes de la ciencia y la tecnología, que mantienen su reclamo ante el ajuste.
«Frente al desfinanciamiento y el desmantelamiento impulsado por el Gobierno nacional», publicó la CONADU Histórica en un comunicado.
🔬🇦🇷 NOS PONEMOS LA CAMISETA PARA DEFENDER LA CIENCIA ARGENTINA
Este miércoles 12 de agosto nos movilizamos en todo el país para defender la ciencia, la tecnología y las universidades públicas frente al desfinanciamiento y el desmantelamiento impulsado por el Gobierno nacional. pic.twitter.com/90y5IJllG1
— CONADU Histórica (@CONADUHistorica) August 11, 2026
Los gremios calculan una brecha salarial superior al 28% respecto de lo que establece la ley. En junio, el Poder Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional habían acordado una recomposición del 24,33%, dividida en un 21,33% pagado en julio y un 3% adicional previsto para octubre. Para los sindicatos, ese incremento cubre apenas la mitad de la deuda salarial acumulada, motivo por el cual la asamblea de AGD-UBA rechazó la propuesta y ratificó un plan de lucha.
«El incremento del 21,3% firmado por rectores y federaciones alineadas y cobrado en julio no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben», plantearon desde el gremio, que además reclamó por «la falta de respuesta» del Poder Ejecutivo frente a lo que describió como un «sostenido ahogo presupuestario».
El frente judicial también recrudece la tensión del reclamo: la semana pasada, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto la suspensión de la cautelar, después de que la Corte rechazara el recurso extraordinario del Gobierno. La causa volvió al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, a cargo del juez Martín Cormick, para continuar con su ejecución.
Cormick citó al Gobierno y a las Universidades -nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)- a una audiencia para el 21 de agosto para intentar llegar a un acuerdo. Si bien los rectores habían planteado su rechazo al considerar que debía cumplirse de manera inmediata la cautelar que ya se encontraba firme, confirmaron que participarían de la audiencia.
La situación de los hospitales universitarios suma otro frente de tensión. La UBA recibió $20.000 millones para sus centros de salud, monto que supone apenas un cuarto de lo recibido el año anterior. El Gobierno se comprometió a transferir otros $20.000 millones adicionales, pero los gremios denuncian que no hubo notificación sobre los $50.000 millones pactados en junio junto con el aumento salarial, en un sistema que atiende más de 500.000 consultas anuales.
La respuesta del Gobierno
El Ministerio de Capital Humano rechazó los reclamos y calificó la medida de «ilegítima» y de «carácter político»: «No tiene como prioridad la educación. Los únicos damnificados por estas medidas de fuerza son los estudiantes, cuyo derecho a aprender se ve afectado», sostuvo en un comunicado la cartera conducida por Sandra Pettovello.
Comunicado oficial.
En este link los archivos adjuntos que respaldan el cumplimiento de las obligaciones: https://t.co/985oXEsGTY@javiermilei pic.twitter.com/cwoHSszZtB
— Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) August 11, 2026
Para amortiguar el impacto de la huelga, el Ejecutivo convocó a una próxima mesa paritaria para el 1° de septiembre.
Desde el Gobierno detallaron las transferencias realizadas para sostener que no existe incumplimiento: $666.823.011.021 en gastos de personal e incrementos salariales de junio, y $448.544.808.500 correspondientes a julio. En materia de hospitales, informaron dos resoluciones de $20.000 millones cada una para la UBA, mientras que la Universidad Nacional de Cuyo recibe $188.330.000 mensuales bajo la Resolución 427/26.
Un conflicto que no se agota
La medida de hoy no es un hecho aislado: los gremios acumulan al menos ocho medidas de fuerza en lo que va del año, incluyendo paros de 24 y 48 horas, jornadas nacionales de protesta y semanas completas de cese de actividades. La CGT ya respaldó las acciones con la consigna de que «sin universidad pública no hay futuro».
La UBA confirmó además un nuevo paro nacional entre el lunes 18 y el sábado 22 de agosto. El 19 de ese mes se cumplirán 300 días desde la sanción de la ley, fecha para la que el Frente Sindical prevé una nueva jornada de visibilización, previa al Plenario de Rectoras y Rectores del CIN, el 4 de septiembre en Bariloche, donde el presupuesto universitario 2027 será uno de los ejes centrales de discusión.
