El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores arrancó este miércoles con la primera reunión informativa sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el proyecto vinculado a la Causa Malvinas que envió el Ejecutivo. Desde el arranque, el clima fue denso: la oposición llegó especialmente caldeada por el fallo de la Corte Suprema que había reactivado esa misma mañana el artículo 154 del DNU 70/23 y la derogación de la Ley de Tierras, un tema que aunque no era el eje de la reunión, sobrevoló buena parte de las intervenciones y le dio munición extra a los cuestionamientos contra el oficialismo. La bancada de Unión por la Patria ya había adelantado que va a pedir una sesión especial para rechazar ese decreto, y Germán Martínez confirmó en C5N que la fecha que manejan es el 14 o el 15 de octubre, coincidiendo con una movilización universitaria prevista para esos días.
El Gobierno no envió a sus ministros. En lugar de Pablo Quirno (Cancillería) o Carlos Presti (Defensa), expusieron funcionarios de segunda línea: Paula Tadei, de la Secretaría Legal y Técnica; Juan Ignacio Strampalija, del Ministerio de Economía; y el general Jorge Puebla, del Ministerio de Defensa. Los tres explicaron los tres pilares centrales del proyecto: sancionar la explotación ilegal de recursos naturales en el Atlántico Sur, crear incentivos para desalentarla, y dotar al Estado de nuevas herramientas defensivas. La ausencia de los ministros fue uno de los primeros reclamos de la oposición, que había pedido explícitamente su presencia para las próximas rondas.
La reunión se extendió por más de cuatro horas y terminó de manera abrupta, en medio de un cruce de insultos que obligó a Carlos Zapata, presidente de la Comisión de Defensa, a dar por terminado el encuentro. El resultado inmediato fue un freno al cronograma que el oficialismo había imaginado: el Gobierno descartó el trámite exprés que tenía en mente y ahora habrá al menos dos reuniones informativas más antes de siquiera firmar un dictamen, que no se espera antes de fines de octubre. 
Insultos, un micrófono cortado y una sesión levantada
El escándalo no fue un exabrupto aislado, sino la escalada de una serie de cruces que se venían acumulando desde temprano. Todo arrancó cuando el diputado libertario Federico Pelli criticó la gestión de Defensa del Frente de Todos, lo que hizo reaccionar al exministro Agustín Rossi, que le retrucó acusándolo de «provocaciones». Con ese clima ya caldeado, la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, tomó la palabra para cuestionar el proyecto oficial: «Con todo lo que han dicho acá, mi preocupación crece», planteó. Mientras hablaba, el libertario Jairo Guzmán empezó a interrumpirla constantemente desde su banca.
Ahí se produjo el quiebre. Juan Grabois, de Unión por la Patria, cruzó el recinto para encarar directamente a Guzmán, en medio de forcejeos y con varios diputados parándose de sus asientos. «¡Tienen la Corte comprada!», gritó Grabois, y siguió con una batería de insultos contra los libertarios presentes: los llamó «vendepatrias» y «coimeros de mierda». La segunda ronda de preguntas fue todavía más filosa: le gritó «tontita» a la diputada Juliana Santillán y «facho de mierda» a Zapata, a quien además le dedicó una frase sarcástica antes de que el plenario se cortara: «No te vayas, Doctor Chapatín, que ahora viene una presidenta en serio».
En paralelo, hubo un round adicional entre el diputado kirchnerista Javier Andrade y personal de seguridad de la Cámara, mientras Zapata amenazaba repetidas veces con levantar la sesión. Cuando los insultos de Grabois hacia él se volvieron directos, Zapata le apagó el micrófono y, acto seguido, dio por terminada la reunión. La vicepresidenta del plenario, Agustina Propato, intentó sostener el debate por unos minutos más, pero los micrófonos ya estaban apagados y la transmisión oficial había finalizado.
Recursos, un Consejo de Seguridad y los artículos que más resistencia generan
Detrás del escándalo había un proyecto de 133 artículos que va bastante más allá de la cuestión Malvinas. El texto deroga la Ley 26.659 —la que sanciona la explotación petrolera ilegal en el archipiélago— y la reemplaza por un esquema propio, además de modificar el Código Penal, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. Crea, entre otras cosas, un Consejo de Seguridad Nacional integrado por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia y el titular de la Secretaría Legal y Técnica, con facultades para coordinar políticas de defensa, economía, diplomacia e inteligencia, y habilita la figura de un «Teatro de Operaciones» para escenarios de crisis o guerra.
Como ya había reconstruido La Pluma, tres puntos del proyecto concentran la mayor desconfianza opositora. El primero es el capítulo que la diputada Agustina Propato bautizó como una «amnistía para los saqueadores de Malvinas»: el Capítulo 5 crea un «Régimen de Desistimiento y Regularización» que permite a las empresas petroleras regularizar su situación a cambio de multas, incluso después de haber sido sancionadas. El segundo es el artículo 111, que crea un delito específico —de 5 a 12 años de prisión— para quien encabece «campañas coordinadas de desinformación masiva» financiadas por Estados extranjeros; el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, lo calificó como un tipo penal «inspirado en Putin, Orbán, Erdogan, Maduro y Bukele» con potencial uso represivo contra la prensa y la sociedad civil. El tercero son los artículos 62 y 74, que regulan el uso de la fuerza contra aeronaves y buques que incursionen en el área, incluyendo el «hundimiento de buques»: el MID, aliado del Gobierno, reclamó explicaciones más claras sobre sus alcances reales, algo que en esta primera reunión informativa tampoco quedó saldado.
El extitular de la Cancillería Jorge Taiana sumó una crítica de fondo: sostuvo que el proyecto mezcla de manera peligrosa defensa, seguridad e inteligencia, y deslizó que respondería a una iniciativa impulsada desde Estados Unidos. Con esas dudas todavía sin responder y el escándalo de este miércoles como antecedente inmediato, el oficialismo llega a las próximas dos reuniones informativas con la necesidad de mostrar algo que hoy no logró: que el debate por Malvinas puede sostenerse sin que termine, otra vez, a los gritos.
JD/CM
