El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que envió el Poder Ejecutivo comenzó formalmente su recorrido en la Cámara de Diputados, después de que Martín Menem definiera su giro a un plenario de tres comisiones: Defensa Nacional, que preside Carlos Zapata; Legislación Penal, a cargo de Laura Rodríguez Machado; y Relaciones Exteriores y Culto, que conduce Juliana Santillán. Son esas tres comisiones las que deberán analizar la iniciativa -133 artículos en total- antes de que pueda avanzar hacia la firma de un dictamen. El texto deroga la Ley 26.659, que regula las sanciones a la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, y además modifica el Código Penal, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
El Gobierno presentó la iniciativa como un «hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país». La oposición, en cambio, adelantó que no la va a acompañar sin una discusión profunda.
El excanciller Jorge Taiana advirtió: «Más que a la defensa de la soberanía, el proyecto de ley que escribió el Gobierno sobre Malvinas responde a la iniciativa norteamericana del Escudo de las Américas«.
A partir del discurso que Javier Milei dio en la Asamblea de la ONU, Taiana manifestó: «Está bien que haya hecho el reclamo, pero no logra convencer y pierde efectividad. Es contradictorio, porque finalmente luego de tres años toma la posición histórica de Argentina, pero mientras tanto en dos años y pico no ha hecho nada«. El diputado remarcó además que, mientras el Presidente le exige a Naciones Unidas una postura firme con el Reino Unido, «Argentina mantiene vigente el acuerdo Mondino-Lammy», que obliga a remover obstáculos para el desarrollo de las islas. Sobre el propio proyecto, Taiana fue tajante: «Han hecho una ensalada. Logran mezclar lo que Argentina en 40 años de democracia decidió no mezclar: defensa, seguridad e inteligencia«.
El ex ministro de Defensa afirmó a La Pluma que fue bajo el gobierno de Alberto Fernández cuando se realizó un 9% de las obras de la Base Naval Integrada, y que aunque «no es mucho», este gobierno «la desfinanció y suspendió durante casi tres años«. «¿Y ahora quiere hacerla?», se preguntó, y aclaró que se trata de un proyecto en el que se tardó en avanzar bajo la gestión anterior porque las condiciones climáticas permiten trabajar «entre 6 y 8 meses» del año.
Eduardo Valdés afirmó a este medio que «el proyecto está más hecho para la represión interna que para recuperar Malvinas. Cuando Milei se convirtió en malvinero, venía de estar en Chile donde alabó a Pinochet, y la verdad que Pinochet y Malvinas no riman«. Desde la izquierda, Myriam Bregman habló directamente de «un fraude monstruoso» que «pretende reforzar el Estado autoritario» bajo la cobertura de la causa Malvinas.
La sorpresa de esta semana, sin embargo, no vino de la oposición sino de un aliado. El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el partido de Oscar Zago y Eduardo Falcone, publicó este jueves un documento en el que le reclamó al oficialismo que «el alcance real» del proyecto «debe ser explicado con claridad» y pidió convocar a todos los bloques «a una instancia formal de información y diálogo».
Mientras tanto, en el Senado la discusión sobre cómo institucionalizar el seguimiento de la causa Malvinas tampoco logró cerrarse: un plenario de comisiones debatió el miércoles la creación de una comisión permanente, con proyectos de Carolina Moisés y Jorge Capitanich sobre la mesa, pero por falta de consenso la definición quedó para una reunión de asesores.
Días antes, la diputada mendocina Lourdes Arrieta -también del espacio aliado- había presentado dos proyectos de resolución para interpelar al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa Carlos Presti, exigiendo precisiones sobre el estado de las sanciones a las petroleras y el cronograma de la Base Naval Integrada.
La polémica por la «amnistía encubierta» a las petroleras
Uno de los cuestionamientos más tempranos llegó hace poco más de una semana, cuando la diputada de Unión por la Patria Agustina Propato denunció lo que calificó como una «amnistía para los saqueadores de Malvinas». El blanco de la crítica es el Capítulo 5 del proyecto, el «Régimen de Desistimiento y Regularización», que permitiría a empresas que operaron sin autorización argentina en la Cuenca Malvinas regularizar su situación a cambio del pago de multas o compromisos de reconversión de inversiones, incluso después de iniciado un procedimiento sancionatorio o ya impuesta la sanción.
«Es otra ley de blanqueo, dirigida esta vez a las petroleras que explotan nuestros recursos y riquezas en Malvinas», sostuvo Propato, y llegó a bautizarla en redes como «Ley Elsztain«.
Otro de los interrogantes lo planteó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro: «si se deroga íntegramente la Ley 26.659, ¿qué pasa con empresas que ya fueron sancionadas, como la británica Premier Oil PLC -hoy Harbour Energy PLC-, inhabilitada por 15 años en 2013?».
Los artículos que preocupan a organizaciones de prensa y DDHH
El otro punto que generó alarma casi desde el primer día es el artículo 111, que incorpora al Código Penal una figura que reprime con prisión de 5 a 12 años a quien, financiado por un Estado extranjero u organización, «realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva».
Para Ferraro, ese artículo «crea un nuevo tipo penal inspirado en Putin, Orbán, Erdogan, Maduro y Bukele«, con el objetivo de tener «una herramienta de persecución política penal» bajo la excusa de la desinformación extranjera. Las advertencias no vinieron solo de la oposición: juristas y organizaciones civiles también señalaron el riesgo de que la norma termine usándose contra la prensa o la sociedad civil, en una lógica que recordaron similar a la del confuso episodio del año pasado sobre supuestos «agentes rusos» operando sobre medios de comunicación.
Algunos senadores del peronismo llegaron hasta a deslizar un antecedente de hace 60 años: Onganía en 1966, cuando se creó ahí en Consejo Nacional de Seguridad, pero no por Malvinas, sino para articular la represión interna a todo aquel que se oponía a la dictadura de Onganía. Parte del giro malvinero del gobierno también se vio reflejado en la reacción de Santiago Caputo y algunos colabores de máxima confianza de Milei que, en sus redes sociales, que empezaron a tildar de “cipayo” y de “trabajar para la corona británica” a quienes criticaban la cadena nacional del Presidente.
En paralelo, hubo una presentación del diputado socialista Esteban Paulón, quien instó a que cumplan con la ley de Consejo Nacional, creada para sostener estrategias en relación a Malvinas, creado en 2020, que solo se reunió una vez con la gestión inicial de este gobierno de Diana Mondino, y después nunca más, cuando se debían reunir cada 120 días.
El reclamo del MID conocido este jueves apuntó a un costado del proyecto que había pasado más desapercibido: los artículos vinculados al empleo de la fuerza. Según señaló el propio partido, el artículo 62 «regula un procedimiento secuencial y progresivo frente a aeronaves o vectores incursores» que contempla, como último recurso, medidas coercitivas con orden expresa, mientras que el artículo 74 prevé, bajo determinadas condiciones, «la inutilización y, excepcionalmente, el hundimiento de buques».
El proyecto también habilita la organización de un «Teatro de Operaciones» en escenarios de crisis o guerra. Para el MID, el problema no es que una ley de defensa de la soberanía contemple protocolos de actuación ante amenazas, sino que ese alcance «no fue explicado de manera transparente»: la sociedad, remarcaron, debe saber que el proyecto no se limita a sanciones económicas e instrumentos diplomáticos, sino que también regula la defensa militar del espacio aéreo y marítimo, con la advertencia de que esos mecanismos no deberían confundirse con una habilitación para desplazar las atribuciones que la Constitución le reserva al Congreso en su artículo 75.
En esa línea, algunos legisladores opositores cuestionaron la presencia de la SIDE en el proyecto, por la posibilidad de oscurecer el proyecto con los «fondos reservados» que tiene dicho organismo de Inteligencia.
Entre el trámite que recién arranca en comisiones, la comisión bicameral que todavía no logra nacer y una lista de artículos que sigue generando preguntas incluso puertas adentro de la coalición gobernante, el proyecto de Malvinas llega al fin de semana con más incógnitas abiertas que certezas sobre cuándo y cómo se va a votar.
JD/CM
