El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti llegaron a Ushuaia para recorrer el predio donde se proyecta la Base Naval Integrada y avanzar con la reactivación de una obra que el Gobierno considera ahora estratégica y había frenado en los primeros dos años de gestión. Desde la cadena nacional del Presidente es considerada vital la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida. La visita se producirá en paralelo con la nueva ofensiva diplomática y judicial de la administración de Javier Milei contra empresas que desarrollan actividades vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas.
La comitiva partió a las 6.30 desde el Aeropuerto Militar de Aeroparque rumbo a Tierra del Fuego. Acompañan a Quirno y Presto, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Dalle Nogare; el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay; y los legisladores libertarios por Tierra del Fuego Miguel Rodríguez, Santiago Pauli, Agustín Coto y Belén Monte de Oca.
Uno de los datos políticos de la jornada será el encuentro con el gobernador Gustavo Melella, quien recibirá a la delegación en Ushuaia. El encuentro tendrá además una lectura política: la relación entre la Casa Rosada y la administración fueguina estuvo atravesada por fuertes diferencias durante los últimos años.
Luego, la comitiva se dirigirá al predio de la futura Base Naval Integrada. Allí los funcionarios recibirán una exposición sobre la estrategia argentina en el Atlántico Sur, Malvinas y la proyección antártica. Después realizarán una recorrida por las instalaciones junto a los responsables y especialistas técnicos del proyecto, quienes detallarán el estado de la obra, sus componentes y las dificultades que todavía deben resolverse para avanzar con su ejecución.
La Base Naval Integrada fue concebida como un centro de funciones logísticas, operativas y científicas y no como una instalación destinada exclusivamente a tareas bélicas. El objetivo oficial es convertir a Ushuaia en un polo logístico de relevancia para el Atlántico Sur y como punto de apoyo para las actividades argentinas en la Antártida. Según explicó el vocero presidencial Adrián Ravier, la instalación “no tiene un carácter bélico”, sino que apunta a constituirse en “el polo logístico más importante del Atlántico Sur” y servir de apoyo operativo y científico para la proyección argentina hacia la Antártida.
El proyecto había comenzado durante 2022, pero las obras quedaron pausadas durante el primer año de la actual administración. La semana pasada, el Poder Ejecutivo reasignó USD 142 millones para la iniciativa mediante una modificación presupuestaria publicada en el Boletín Oficial. Ese monto representa alrededor del 30% del costo total estimado de la obra, calculado entre USD 400 y USD 500 millones, por lo que todavía resta definir el financiamiento de una parte sustancial del proyecto.
El Gobierno prevé incorporar parte de esos recursos en el Presupuesto 2027, que será presentado la próxima semana. Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice la Base Naval Integrada junto con otros proyectos considerados estratégicos, entre ellos la Base Conjunta Antártica Petrel.
La visita de Quirno y Presti también busca mostrar una articulación entre la política de Defensa y la estrategia diplomática sobre Malvinas. En esa línea, Quirno sostuvo que la Argentina mantiene desde 1904 “la presencia permanente e ininterrumpida más antigua en la Antártida” y planteó que esa continuidad requiere obras de infraestructura acordes con la posición geográfica del país.
“Con la reactivación de la Base Naval Integrada de Ushuaia y de la Base Conjunta Antártica Petrel, pasamos del planeamiento a la ejecución”, afirmó el canciller. Y vinculó esas obras con la política económica del Gobierno al señalar que esto es posible por “el orden de las cuentas públicas” impulsado por Milei, que permite, según su interpretación, “pasar de la retórica a los hechos”.
La visita a Ushuaia se produce después de que Milei volviera a colocar a Malvinas entre los principales ejes de su política exterior. En los últimos días, el Gobierno anunció nuevas sanciones contra empresas internacionales acusadas de desarrollar actividades en las islas sin autorización argentina y anticipó modificaciones legales para ampliar las herramientas disponibles frente a esas operaciones.
La estrategia contempla un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que será enviado al Congreso la próxima semana. Entre otros puntos, la iniciativa busca endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 para empresas y proveedores que desarrollen actividades vinculadas con las islas sin autorización argentina e incorporar la posibilidad de avanzar con juicios en ausencia cuando corresponda.
El proyecto también propone crear un Consejo de Seguridad Nacional que reúna a representantes de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. La intención oficial es establecer un ámbito de coordinación para responder ante eventuales amenazas a los intereses argentinos, tanto de actores estatales como no estatales, mediante herramientas económicas y diplomáticas.
En paralelo, el Gobierno informó nuevas sanciones contra otras 15 empresas internacionales, que se sumaron a las medidas anunciadas previamente contra 45 personas humanas y jurídicas. La ofensiva alcanzó además a compañías vinculadas con actividades extractivas en el archipiélago.
En ese marco, Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentaron una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de incluir a directivos, administradores, representantes y otras personas que pudieran haber intervenido en las actividades investigadas.
La posición del Gobierno quedó sintetizada en un comunicado difundido después de las nuevas sanciones: “La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”. La Casa Rosada también ratificó que considera a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes como parte del territorio argentino y sostuvo que ninguna empresa puede disponer de sus recursos sin autorización del país.
La reactivación de la Base Naval Integrada aparece como una de las primeras acciones de una agenda que el Gobierno busca vincular directamente con la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur y con el histórico reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
AL/CM
