El acuerdo de conciliación con los fondos Bainbridge y Attestor obtuvo sanción definitiva en la Cámara de Diputados este miércoles por 138 votos a favor y 98 en contra. El bloque de LLA, el PRO, la UCR y los bloques provinciales aliados aportaron los votos. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal votaron en contra. La sesión es la misma en la que el PRO y los aliados negaron el quórum el día anterior para avanzar contra Adorni, y continuará con el debate del Súper RIGI.
La aprobación era urgente: el plazo lo fijó un tribunal de Nueva York, no el Congreso. Los fondos Bainbridge y Attestor acumulan juicios contra la Argentina desde el default de 2001, cuando rechazaron los canjes de deuda de 2005 y 2010 y prefirieron litigar para cobrar el valor nominal de sus títulos. Si el Congreso no aprobaba el acuerdo de conciliación antes del 30 de junio, los juicios se reactivaban con riesgo de nuevos embargos sobre activos argentinos en el exterior y la continuación de los procesos de discovery, el mecanismo que permite a los acreedores rastrear esos activos en la Justicia estadounidense.
Qué se votó y qué implica
El acuerdo autoriza el pago de 67 millones de dólares a Bainbridge y 104 millones a Attestor Value Master Fund —171 millones en total—. El Gobierno destaca tres condiciones que obtuvo en la negociación: una quita superior al 30% sobre los montos que hubieran resultado de una ejecución judicial; la eximición del pago de honorarios legales, que quedan a cargo de los acreedores; y la devolución de acciones clase B y D de YPF que estaban en litigio. A cambio, ambos fondos se comprometen a no iniciar nuevas acciones legales. El proyecto ya contaba con media sanción del Senado.
Desde el Ministerio de Economía, el acuerdo se enmarca en una estrategia más amplia para cerrar los últimos litigios abiertos del default, reducir la exposición a embargos y mejorar la percepción de riesgo país en un momento en que el Gobierno busca recuperar acceso al crédito externo.
El debate: «fondos buitre» versus «herencia del kirchnerismo»
El miembro informante del oficialismo, Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, arrancó el debate cargando contra la gestión kirchnerista: «Fueron irresponsables y sinvergüenzas políticos porque votaron una cesación de pagos arrastrando a los argentinos a una nueva aventura de decadencia«. Defendió las condiciones del acuerdo —quita del 30%, sin pago de honorarios, fin de los litigios— y advirtió que si no se aprobaba «se cae el Acuerdo de Conciliación y se renuevan las instancias de litigios». Cerró con un anticipo de lo que vendría: «Va a haber discursos corrosivos porque son los apóstoles del default».
La respuesta del kirchnerismo no tardó. Itaí Hagman (UxP) salió al cruce: «Lo que se está discutiendo acá es pagarles a fondos buitre. El término holdouts suena mejor, parece más inofensivo, pero no tengan miedo de decir que lo que quieren es pagarle a los fondos buitre, como hace 10 años». Acusó al Gobierno de que su política económica apunta a «bajar el riesgo país para volver a endeudar a la Argentina» y agregó que se estaba dando «un trato preferencial a un grupo minoritario por sobre la mayoría de los acreedores», algo que consideró contrario a la ley vigente.
Romina del Plá (FIT) fue incluso más allá: «Se está reconociendo una vez más una deuda completamente ilegítima» y señaló que los 171 millones «es realmente una fortuna incalculable» comparada con lo que reciben jubilados y universidades bajo el ajuste actual.
La crítica más técnica llegó de Miguel Pichetto (Encuentro Federal), quien cuestionó la redacción del proyecto: «Esta ley carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley 24.156 y también el decreto del propio presidente de la Nación, que dice que no puede haber ninguna partida sin que se le asigne correspondientemente el gasto en el Presupuesto Nacional«. Trazó un paralelo directo con el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido justificado con el mismo argumento. Y acusó al sector financiero: «Las comisiones no están en la superficie, están ocultas y nos venden que no se cobran honorarios».
Desde el oficialismo, Silvana Giudici cerró el debate defendiendo el acuerdo: «Este Gobierno logra una quita del 30% en uno de los casos y 32% en el otro. Los acreedores se comprometen a no hacer nuevas acciones legales y la condición de la entrega por pago incluye que no van a devolver acciones de clase B y D de YPF». E ironizó contra el kirchnerismo: «Estamos cumpliendo con una sentencia del juzgado de Estados Unidos, como esas a las que ustedes no les gusta cumplir».
El costo político del ajuste
El debate parlamentario expuso la tensión de fondo que el equipo de Economía ya había identificado: mientras el Gobierno sostiene una política de fuerte ajuste sobre jubilaciones, universidades, obra pública y transferencias a las provincias, aprobó este miércoles un desembolso de 171 millones de dólares destinado a fondos que compraron deuda en default a precios de remate. Graciela de la Rosa (UxP) lo resumió en el recinto: «Estamos frente a acuerdos transaccionales con dos sociedades constituidas en las Islas Caimán y en Bahamas. Son fondos buitre que se negaron a entrar en los canjes de 2005 y 2010″. Germán Martínez, jefe del bloque de UxP, advirtió que «los fondos buitres no son aliados un carajo«, a partir de lo que dijo un diputado de LLA, que los había llamado así.
Una señal al mercado con final abierto
La aprobación, de todas formas, da al Gobierno lo que necesitaba antes del 30 de junio. Si el Congreso no hubiese actuado en tiempo, los litigios se reactivaban con el riesgo de nuevos embargos y el costo reputacional de otro incumplimiento ante tribunales extranjeros. El acuerdo con los holdouts y el Súper RIGI van juntos en la misma hoja de ruta: cerrar el pasado financiero para abrir el frente inversor.
Desde el oficialismo consideran que la aprobación del acuerdo es un paso importante para cerrar definitivamente los conflictos derivados del default de 2001 y mejorar la percepción de riesgo país. Pero el desenlace legislativo también funcionará como prueba política, ya que marcará hasta qué punto el oficialismo logra sostener su estrategia de normalización financiera en un contexto de ajuste interno y creciente debate sobre sus prioridades.
JD/CM
