Las universidades públicas volverán a movilizarse hoy en medio de un conflicto que excede el reclamo salarial y pone en discusión el financiamiento de todo el sistema. Con tomas, cortes, clases públicas, asambleas y vigilias en distintas facultades, la comunidad universitaria busca visibilizar el impacto del ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La quinta Marcha Federal Universitaria tendrá como punto de concentración el Congreso, a partir de las 13, luego de dos jornadas de actividades en distintas facultades. La protesta se produce en un escenario de tensión entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales, con una discusión que tiene su correlato en las cuentas públicas: cuánto dinero transfiere el Estado, qué poder de compra conservan esas partidas y cuánto perdieron los salarios frente a la inflación.
Los números muestran que, pese a las modificaciones presupuestarias realizadas durante 2026, los recursos destinados a las universidades continúan por debajo de los niveles de 2023 en términos reales. Según un relevamiento de ejecución presupuestaria publicado por el portal Con Interés, entre enero y el 28 de septiembre de este año el Estado nacional devengó $ 4,07 billones en transferencias a las universidades nacionales. Descontada la inflación, el monto representa una caída del 30,6% frente al mismo período de 2023.
Asimismo, se observa que el ajuste inicial no fue compensado por una recuperación sostenida de los recursos. Medidas a precios de agosto de 2026, las transferencias acumuladas entre enero y septiembre de 2023 equivalían a $ 6,22 billones, contra $ 4,32 billones en el mismo período de este año. En 2024 habían sido de $ 4,37 billones y en 2025, de $ 4,45 billones. Es decir, el gasto real de 2026 permanece prácticamente estancado respecto de los dos años anteriores y muy por debajo del nivel previo al cambio de gobierno.
Presupuesto universitario, salarios y funcionamiento
La dimensión del recorte también aparece en el diagnóstico del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las autoridades de las instituciones universitarias públicas del país. En su informe de marzo, el organismo calculó una caída real acumulada del 45,6% en las transferencias a las universidades entre 2023 y 2026.
La diferencia entre ese porcentaje y el 30,6% informado por Con Interés responde a que se trata de mediciones distintas: el CIN realizó una estimación sobre el presupuesto universitario para el período 2023-2026, mientras que el relevamiento más reciente compara las transferencias efectivamente devengadas durante los primeros nueve meses de cada año. Ambos indicadores, sin embargo, reflejan una pérdida de recursos frente a 2023.
El deterioro alcanza a los salarios docentes y no docentes, uno de los principales componentes del gasto universitario. De los $ 4,07 billones devengados en transferencias durante los primeros nueve meses de 2026, aproximadamente $3,69 billones correspondieron a salarios. El resto se distribuyó entre funcionamiento universitario, hospitales, actividades de desarrollo nacional, ciencia y técnica e institutos tecnológicos.
De acuerdo con el CIN, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los salarios universitarios aumentaron un 158%, frente a una inflación acumulada del 280%. Esa diferencia implicó una pérdida de alrededor del 32% del poder adquisitivo y, según el organismo, ubicó las remuneraciones en su nivel más bajo de los últimos 23 años. Para recuperar la capacidad de compra de noviembre de 2023, los salarios deberían aumentar un 47,3% respecto de los valores de febrero de 2026.
El problema no se limita a las remuneraciones. Las partidas para gastos de funcionamiento tampoco recuperaron su capacidad de compra. Según el mismo informe, durante la gestión de Milei el poder adquisitivo de esas transferencias no superó el 64% del nivel de enero de 2023 y, para marzo de 2026, se ubicaba cerca del 40%.
La restricción presupuestaria también se extiende a áreas que sostienen la actividad académica y científica. El CIN calculó que, en 2025, las partidas ejecutadas para fortalecer la ciencia y la técnica en las universidades equivalieron al 38,05% de lo ejecutado en 2023, en términos reales. En el caso de las becas Progresar, el gasto representó alrededor del 26% del nivel de 2023. El organismo también advirtió sobre la ausencia de ejecución en líneas vinculadas con infraestructura universitaria y acompañamiento de las trayectorias estudiantiles.
Una ampliación presupuestaria que no revirtió la caída
En julio, el Gobierno modificó el Presupuesto 2026 mediante el DNU 594/2026 y amplió en unos $ 1,31 billones el crédito para transferencias a universidades. La partida pasó de aproximadamente $ 4,83 billones aprobados inicialmente a $ 6,13 billones de crédito vigente.
Sin embargo, esa ampliación del crédito presupuestario no equivale a una transferencia ya realizada ni garantiza, por sí sola, que los recursos recuperen su poder adquisitivo. Según los datos de Presupuesto Abierto relevados por Con Interés, al 28 de septiembre se habían devengado $ 4,07 billones, el 66,4% del crédito vigente. Quedaban unos $ 2,06 billones para el último trimestre del año.
El deterioro presupuestario también fue señalado por un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en mayo. Según ese trabajo, entre 2023 y 2025 la reducción real del presupuesto universitario alcanzó el 32,5%, mientras que para 2026 la caída acumulada podía llegar al 41,6% respecto de 2023, de acuerdo con las proyecciones inflacionarias utilizadas en el estudio.
El Gobierno niega el desfinanciamiento
Frente a los reclamos, el Gobierno rechaza que exista un incumplimiento presupuestario. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que las partidas para 2026 fueron aprobadas y se están ejecutando, y defendió la decisión oficial de preservar el equilibrio fiscal.
“Con equilibrio fiscal, este Gobierno hace esfuerzos enormes por reasignar partidas y mejorar la situación de las universidades”, afirmó el funcionario. Ravier también cuestionó la posibilidad de incrementar el gasto sin precisar de dónde saldrían los recursos y aseguró que el Ejecutivo cumple con las disposiciones judiciales vigentes.
La disputa también se trasladó a los tribunales. A fines de septiembre, el juez federal Martín Cormick ordenó al Gobierno cumplir en un plazo de cinco días con la actualización de los salarios docentes y no docentes y la recomposición de las becas estudiantiles contempladas en la Ley de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de multas. El Ejecutivo cuestionó la decisión y sostuvo que cualquier incremento debe contemplar el origen de los recursos.
La movilización del jueves revitaliza la defensa de la educación universitaria pública frente a un Gobierno que más allá del relato le destina cada vez menos dinero afectando no solo la calidad educativa, sino también su imagen ante el mundo.
RM/EO
