La morosidad empresarial sigue en aumento y suma una nueva señal de alerta sobre la situación de las compañías argentinas. En septiembre, 58.982 empresas registraron problemas para cumplir con sus obligaciones financieras, un 53% más que en el mismo mes de 2025. Solo durante el último mes, otras 1.937 firmas ingresaron en situación irregular, en un contexto marcado por el encarecimiento del financiamiento y las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía.
Los datos surgen de un informe de la consultora Fidelitas, que analiza la evolución del riesgo económico y financiero a partir de información crediticia. Según el relevamiento, la cantidad de empresas con problemas de pago aumentó un 3,5% respecto de agosto.
El deterioro también se refleja en el Score de Riesgo Económico y Financiero (SERF), elaborado por la misma consultora. El mes pasado, el indicador retrocedió 0,6 puntos frente al mes anterior y se ubicó en 37,7 puntos, dentro de la categoría de riesgo elevado. Su componente más comprometido fue el de riesgo crediticio, que alcanzó apenas 19 puntos.
El costo del crédito y la actividad económica, bajo presión
El aumento de los incumplimientos no puede analizarse de manera aislada de la evolución de la economía real. Las tasas de interés elevadas incrementan el costo de los préstamos, dificultan la refinanciación de deudas y reducen el margen financiero de las compañías. Cuando, además, las ventas no alcanzan para compensar los gastos operativos, cumplir con las obligaciones bancarias se vuelve más complejo.
El informe de Fidelitas identificó a las tasas de interés y a la debilidad de la actividad económica entre los factores que condicionan la evolución del riesgo empresarial. En particular, el componente de actividad económica del SERF se ubicó en 51,2 puntos y estuvo afectado por la caída interanual del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a julio, además de las contracciones registradas en la industria manufacturera y la construcción.
La dinámica sectorial, sin embargo, presenta diferencias. Mientras actividades vinculadas con la minería muestran un desempeño favorable, otros rubros que dependen del mercado interno y de la inversión productiva enfrentan mayores dificultades.
En este escenario, el crecimiento de la morosidad funciona como una señal de tensión financiera. Las empresas que acumulan atrasos pueden encontrar mayores obstáculos para acceder a nuevos préstamos, afrontar pagos a proveedores o sostener sus operaciones. A su vez, los incumplimientos pueden trasladarse a la cadena de pagos y profundizar las dificultades de otras compañías.
El relevamiento también registró una reducción del 8,9% en la mora temprana correspondiente a la situación 2 del sistema bancario durante septiembre. Sin embargo, esa mejora puntual convivió con un panorama más delicado en las categorías de mayor riesgo, lo que impide interpretar la variación mensual como una reversión general del deterioro crediticio.
La crisis de pagos también alcanza a las familias
Mientras tanto, las familias argentinas siguen ahogadas en deudas. Según los datos de Fidelitas, durante septiembre 6,3 millones de personas registraban atrasos en sus obligaciones financieras, un 31% más que un año antes. En paralelo, la cantidad de cheques rechazados llegó a 76.755, con un incremento interanual del 14%.
En ese sentido, la consultora advirtió sobre el agravamiento de las situaciones crediticias más comprometidas. Hoy en día, unos 3,7 millones de CUIT se encuentran en situación 5, considerada irrecuperable por el Banco Central.
El problema se agrava porque las perspectivas a futuro tampoco arrojan una luz al final del túnel. El informe señala que el Gobierno apuesta a una mayor entrada de divisas por la cosecha de trigo y la operación del oleoducto Vaca Muerta Sur, mientras que los proyectos vinculados al RIGI podrían tener un impacto más significativo en el mediano plazo. Sin embargo, advierte que la incertidumbre política y financiera de cara a 2027 podría afectar las decisiones de inversión, en un año en el que los vencimientos de deuda soberana alcanzarán unos US$ 25.000 millones.
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