La decisión de la Corte Suprema de revocar el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras Rurales volvió a abrir una fuerte disputa política sobre la extranjerización del territorio argentino. El máximo tribunal no declaró constitucional el DNU 70/2023 ni analizó el fondo de la cuestión: rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata por considerar que la organización no tenía legitimación para promoverla y que no estaba configurado un caso judicial concreto.
La consecuencia práctica de la resolución es que vuelve a regir el artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley 26.737. Esa norma, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y restricciones adicionales para determinados territorios. También fijaba un máximo de 1000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la zona agrícola núcleo.
La sentencia fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los jueces sostuvieron que la soberanía territorial no constituye un “bien colectivo” en los términos del artículo 43 de la Constitución y advirtieron a tribunales inferiores sobre el reconocimiento de legitimaciones que, según su criterio, se apartan de los requisitos constitucionales. Al mismo tiempo, dejaron expresamente aclarado que no se pronunciaron sobre la validez constitucional del artículo 154.
El CECIM cuestionó duramente el fallo y sostuvo que la Corte resolvió, mediante una cuestión de legitimación, el conflicto político que el Gobierno no había logrado resolver en el Congreso. La organización planteó que la decisión impide a los excombatientes acudir a la Justicia para defender la soberanía territorial.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que la soberanía territorial sí puede ser considerada un derecho de incidencia colectiva y cuestionó que la Corte haya cerrado el acceso a la Justicia mediante un argumento formal. Gregorio Dalbón, por su parte, remarcó que el tribunal “no se animó a declarar constitucional la derogación de la Ley de Tierras”, pero consideró que el efecto de la decisión es mantener vigente el DNU que eliminó las restricciones.
Desde la oposición también hubo reclamos para que el Congreso vuelva a intervenir. La diputada Cecilia Moreau recordó que el Senado ya había rechazado avanzar con la extranjerización y reclamó que Diputados se pronuncie sobre el DNU. El socialista Esteban Paulón pidió una sesión especial, mientras que Myriam Bregman del FIT volvió a reclamar la anulación del decreto. «Ya mismo hay que anular el decreto 70/23 y muchas de estas discusiones se resolverían. Falta hacerlo en la Cámara de Diputados, por eso integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial. Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan», reclamo al resto de los legisladores.
Martín Soria cuestionó que la Corte haya intervenido después de que el Congreso rechazara modificar el régimen. Juan Grabois, en términos mucho más duros, llamó a “voltear este fallo” y cuestionó que tres integrantes de la Corte puedan revertir una decisión política que, según su interpretación, había sido frenada por el Congreso y las movilizaciones sociales.
La peronista Julia Strada hizo el poroteo que se necesita para «bajar el DNU 70 en Diputados y frenar la venta del país: si los tres delincuentes de la Corte lo revivieron, nosotros tenemos que derogarlo. En Union por la Patria somos 98. Necesitamos 129», twitteó. En la misma línea, la diputada del PTS, Myriam Bregman, apuntó: «Ya mismo hay que anular el decreto 70/23 y muchas de estas discusiones se resolverían. Falta hacerlo en la Cámara de Diputados, por eso integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial. Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién.»
También se sumó Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, quien llamó a movilizarse bajo la consigna de defender “la casa común” y rechazó la posibilidad de que el territorio sea tratado como una mercancía. Mónica Frade, en tanto, planteó que la discusión sobre la legitimación no debería desplazar el debate de fondo sobre la soberanía.
La exdiputada Elisa Carrió fue más allá. «El DNU que contiene la derogación de la prohibición de límites de compra de tierras a extranjeros es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente por ambas cámaras. Habiéndolo hecho el Senado, debe ser tratado de manera urgente por la Cámara de Diputados, de no hacerlo, la Cámara de Diputados es cómplice del Poder Ejecutivo», opinó. «Estamos en presencia de un poder autoritario que afecta la soberanía e integridad territorial de la Nación Argentina, de sus límites y fronteras, de los cuales son hoy responsables el Presidente de la República y los ministros firmantes del Decreto, y lo serán los legisladores de no rechazar de forma inmediata y contundente dicho DNU», advirtió la fundadora de la CC y cerró su mensaje con un recordatorio: «Se los dije hace más de 20 años: vienen por el agua y la tierra. Ahora lo que viene es la IA y el agua dulce. Todos cómplices. Que Dios los perdone. Esto es el anarcocapitalismo. Son simples empleados a sueldo para enajenación de la Nación Argentina. Última matriz de saqueo. O tomamos conciencia o estamos fritos.
El debate se produce además sobre una realidad que ya excede la discusión sobre el DNU. Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales analizados, en agosto de 2026 había 13,3 millones de hectáreas rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras en las 23 provincias, excluida la Ciudad de Buenos Aires. La superficie representa casi el 5% del territorio rural y se encuentra por debajo del antiguo límite nacional del 15%.
La misma fuente determinó que entre 2018 y 2026 la superficie rural en manos extranjeras aumentó en unas 781.000 hectáreas, un 6,25%, al pasar de 12,5 a 13,3 millones. El crecimiento no fue uniforme: aumentó en 14 provincias y disminuyó en otras nueve.
Además, durante la gestión de Javier Milei se otorgaron 111 certificados de habilitación para compras de tierras rurales por parte de extranjeros: 35 durante 2024, 29 en 2025 y 47 en lo que va de 2026, según información del Ministerio de Justicia.
En medio de la polémica, el empresario tecnológico Martín Varsavsky celebró la resolución. En un mensaje difundido en redes sociales sostuvo que la Corte había eliminado el “freno” a la derogación de la Ley de Tierras y destacó que, a su entender, “el capital no tiene pasaporte cuando crea empleo y produce”.
Varsavsky defendió la llegada de inversiones extranjeras al país y cuestionó los límites establecidos por la legislación de 2011. “La soberanía no se defiende con topes. Se defiende con un país que crece”, sostuvo.
Su posición cobró particular relevancia por su vínculo con Wamani, un emprendimiento de 32.000 hectáreas ubicado en San Carlos, Mendoza, adquirido en diciembre de 2023 junto con otros cinco inversores. El propio Varsavsky posee el 50% de la propiedad. El proyecto fue presentado por el Financial Times como un refugio autosuficiente frente a escenarios de guerra, crisis global o colapso económico. La estancia cuenta con construcciones, domos, energía solar y una pista de aterrizaje, y sus propietarios proyectan desarrollar actividades ganaderas y agrícolas.
El caso Wamani volvió así al centro de la discusión después del fallo. Mientras sectores opositores utilizan el emprendimiento como ejemplo del tipo de inversiones que podrían expandirse con menos restricciones, Varsavsky sostiene que la apertura al capital extranjero es necesaria para atraer inversiones y generar actividad económica.
AL/CM
