Mientras Javier Milei está aterrizando en París para llevar adelante una nueva edición de la Argentina Week en la que pasará la gorra entre empresarios y posibles inversores que estén dispuestos a desembolsar una jugosa cantidad de dólares, 11.000 kilómetros al sur docentes universitarios iniciaron un paro de 72 horas para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la aplicación de aumentos salariales.
La decisión de los sindicatos de avanzar con la medida de fuerza se tomó luego de que la instancia de negociación con el gobierno volviera a fracasar. Durante el último encuentro, el gobierno llevó como propuesta un aumento del 6% de los salarios (3% para septiembre y octubre, respectivamente), un porcentaje que los representantes universitarios descartaron de cuajo. Pese a esta negativa, desde el oficialismo decidieron avanzar igualmente con la suba propuesta, una estrategia legal que le permite al gobierno “cumplir” con los aumentos y las intimaciones previstas por la justicia y evitar ser sometido a sanciones aún más duras por no acatar la disposición judicial.
El reclamo de las entidades gremiales, que se extenderá hasta el viernes, exige la aplicación del 33,4% de aumento previsto en la norma sancionada por el Congreso y ratificada por la justicia contenciosa administrativa en su última resolución. El reclamo, además, también fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia en junio de este año, cuando a través de un fallo unánime desestimó el recurso presentado por el oficialismo con el que buscaba impedir la aplicación de la ley.
“El gobierno está cumpliendo con la ley y dando los aumentos por inflación que corresponden. Nuestra prioridad siempre fue la educación y así seguirá siendo. Pero no vamos a permitir que un grupo de sindicalistas quiera condicionarnos. Tuvimos un montón de instancias de diálogo y de su lado la respuesta siempre fue negativa”, dijo una fuente del oficialismo. En este marco, además, sentenció la decisión de los gremios de realizar un paro que impida a los alumnos ir a clase y aseguraron que “ésta no es la manera” de solucionar el conflicto. Además, dentro del oficialismo están convencidos que estas medidas son contraproducentes para los sindicatos -que custodian un importante nivel de negatividad social- y, en contra peso, son beneficiosas para el oficialismo puesto que éste siempre mostró voluntad para llegar a un acuerdo.
A la negativa oficial por desembolsar más fondos, se sumó en las últimas horas la decisión del gobierno de apelar la resolución del juez Martín Cormick, quien el pasado 22 de septiembre firmó un fallo en el que intima al gobierno a cumplir en un plazo de cinco días lo previsto en la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 advirtió en su resolución que “no existe un cumplimiento total” de la aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en agosto de 2025, vetada por el Ejecutivo y consolidada por ambas cámaras.
En este marco, el viernes pasado los equipos técnicos del oficialismo presentaron una apelación ante el juzgado para frenar la resolución de Cormick y solicitaron en su escrito que se deje sin efecto la aplicación de multas previstas en la misma resolución. Entre las justificaciones que se detallan en el oficio presentado por el gobierno, se advierte que el Ejecutivo cumplió con los aumentos previstos en la ley, remarcó la suba salarial del 3% aplicada en septiembre y con documentación extraordinaria demuestra que desde el 2023 a la fecha, los aumentos acumulados se posicionan en 226%, mismo número de inflación acumulada hasta la fecha.
Parte de la defensa de la gestión libertaria, además, advierte que en las últimas semanas se realizó una convocatoria a los gremios docentes en la que la parte afectada no aceptó la propuesta llevada por los representantes del oficialismo. En un comunicado realizado el 1 de septiembre, en tanto, el Ministerio de Capital Humano resolvió volver a convocar a las asociaciones universitarias el pasado 17 del mismo mes, instancia que no se concretó debido a la definición de las entidades de convocar a una nueva acción de lucha en reclamo de una mejora más significativa.
Además de la acción presentada contra la resolución de Cormick, el oficialismo también dejó aplicada una apelación en subsidio para evitar que las sanciones económicas puedan ser aplicadas. Esta situación no garantiza que la Cámara Nacional de Apelaciones pueda interceder en la resolución del hecho. Sólo podrá hacerlo una vez que el juez se expida frente a la apelación. Desde el oficialismo aseguran, en tanto, que atravesarán por todas las etapas judiciales que sean necesarias para impedir el avance.
En este sentido, además, el gobierno es insistente en remarcar que seguirá apostando a tener todas las instancias de diálogo posibles con los gremios docentes y no docentes para garantizar el buen funcionamiento de las universidades. Pese a la voluntad, aún no hay fecha prevista para un nuevo encuentro.
TS/CM
