El Gobierno corre para blindar el DNU 70/23 antes de la sesión que la oposición pidió para el jueves 15 de octubre, donde buscan votar su rechazo. Y lo hace mientras la Corte Suprema, que tiene otros tiempos a los del Ejecutivo, tiene en sus manos un expediente donde, a diferencia de lo que pasó con el CECIM, podría haber legitimación para impugnar el artículo 154, el que derogó la Ley de Tierras. Esa convivencia de relojes, uno político y otro judicial, es lo que alimenta las suspicacias y activa un operativo de LLA.
Para llegar antes, el oficialismo convocó para el miércoles 14, a las 16, a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que presiden los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, para empezar a debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y busca reincorporarle un capítulo con límites a la venta de tierras a extranjeros. La idea, según pudo saber La Pluma de fuentes legislativas, es darles a los aliados una salida para no tener que votar en contra de un decreto de más de 300 artículos.
La jugada es una respuesta directa al fallo de la Corte Suprema que dejó en pie la derogación de la Ley de Tierras. El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya tiene media sanción del Senado y está paralizado en Diputados desde agosto. En la Cámara alta se le había quitado precisamente el capítulo de tierras, el más resistido, por falta de consenso entre los aliados.
El anuncio de los diputados catamarqueños complica el cálculo oficialista. Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca, el bloque que responde al gobernador Raúl Jalil, confirmó que estarán en el recinto y votarán por el rechazo del DNU: «Hemos decidido acompañar la sesión y somos firmes defensores de la ley». Con ese aval, la oposición se acerca al número que busca, pero todavía no tiene los 129 que exige el quórum. Unión por la Patria aseguró a este medio que tiene a sus 92 diputados confirmados y encabeza las negociaciones con los aliados. Con los misioneros que responden al gobernador Hugo Passalacqua y el anticipo de los catamarqueños, ponen la mira en los tucumanos que responden al mandatario provincial Jaldo y a los salteños que hacen lo propio con Gustavo Sáenz. Otra incógnita será lo que haga la ex LLA Lourdes Arrieta y los del MID de Oscar Zago, que siempre muestran críticas al oficialismo pero se muestran abiertos a negociar con el Gobierno.
Según contaron La Pluma, en Unión por la Patria hubo al menos tres intentos de llevar este DNU al recinto de Diputados y ninguno tuvo el apoyo suficiente. La lógica que rige hoy las negociaciones del peronismo es «no ir al recinto a perder». Antes, entendían que el Gobierno tenía una relación más sólida con los aliados y temían que, aunque algunos oficialistas dieran quórum, fuera para luego ratificar el mega decreto. Hoy consideran que eso cambió. «Si llegamos al quórum es porque tenemos las voluntades para rechazar el DNU, sino, no habrá quórum«, confiaron.
Qué baraja el Gobierno: tres caminos y un obstáculo en el Senado
Todavía no hay una redacción cerrada. En La Libertad Avanza analizaron tres opciones: un texto único que restablezca la Ley de Tierras, reincorporar el tema en el proyecto de Propiedad Privada, o introducir el límite en esa media sanción para que vuelva al Senado. La discusión de fondo es si se incluirían los artículos tal como estaban en la ley que quedó sin efecto o con los cambios que se habían hablado en el Senado.
En el medio hay una propuesta concreta: la nueva versión establecería un límite del 15% para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras y un máximo del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad. Cuando las tierras estén en zonas de frontera, las operaciones deberían tener un doble aval: el de la provincia y el del Poder Ejecutivo. El resto se definiría en el plenario.
El texto original del Ejecutivo era mucho más permisivo, ya que eliminaba el tope del 15%, suprimía el cupo por nacionalidad, quitaba el límite de superficie por región y habilitaba la compra de nacientes y ojos de agua. En el Senado, Patricia Bullrich intentó subir el tope a 25% sin éxito, y el capítulo terminó eliminado antes de que la Cámara alta aprobara una versión acotada.
Vale destacar que el Senado es la cámara de origen y Diputados la revisora: si Diputados incorpora artículos sobre tierras, el proyecto debe volver al Senado. Según afirmaron desde UxP a La Pluma, si el proyecto reducido de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, trabado en Diputados y con el capítulo más resistido en el Senado, suma artículos sobre extranjerización de tierras que mitiguen los efectos del fallo, el oficialismo conseguiría el dictamen y lo llevaría al recinto.
La incógnita, plantean en ese espacio, viene después: si vuelve a la Cámara alta, ¿puede el Gobierno convencer a los senadores de algo que los gobernadores dialoguistas rechazaron hace poco, incluso con declaraciones públicas?
Hay un dato que sí quedó claro: el Gobierno no quiere resolverlo por donde propone Miguel Ángel Pichetto. LLA descartó incluir el límite en la ley de Defensa de la Soberanía porque eso sería admitir que se trata de un tema de «soberanía», cuando para el oficialismo es de propiedad privada. Y entre los aliados hay voces a favor de la salida más simple. «Deberíamos restaurar la vigencia de la ley de tierras para no tocar el DNU», sostuvo el radical correntino Diógenes González a Clarín.
Según el poroteo actualizado, la oposición tiene entre 122 y 124 bancas garantizadas, es decir, a unos pocos diputados de los 129. Esa iniciativa cuenta con los 92 diputados del peronismo, los cuatro del Frente de Izquierda, los dos de la Coalición Cívica y parte de los 18 de Provincias Unidas. También anticiparon su presencia los radicales críticos Martín Lousteau, Mariela Colleta, María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti; los socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón, y los cordobeses Juan Brügge y Carlos Gutiérrez. Argentina Federal, que conduce el misionero Oscar Herrera Ahuad, no descarta participar, pero el plenario del 14 podría hacer que algunos de sus integrantes desistan.
Esa es la función del plenario: restarles a los aliados un motivo para bajar al recinto. El oficialismo, además, quiere que el 21 de octubre se abra el recinto con un temario que incluiría Defensa de la Soberanía, Discapacidad y sobreendeudamiento familiar, según confiaron ayer diputados libertarios a La Pluma.
¿Hay miedo real a que se caiga el DNU? Las señales son contradictorias. En público, el Gobierno minimiza. Fuentes libertarias aseguraron a Ámbito Financiero que «si ocurriera, al día siguiente el Presidente saca otro DNU con lo que el Ejecutivo considere más importante y listo». Pero en los hechos, convocó un plenario exprés, acepta discutir un tope que antes rechazaba y Martín Menem busca una salida acordada con los aliados. El diputado Eduardo Falcone (MID), aliado del oficialismo, lo dijo sin vueltas: «Causaría un caos tremendo voltearle todo el DNU. Es un problema que tiene que solucionar el Gobierno».
La Corte, los conjueces y una avalancha de presentaciones judiciales
En paralelo, la Corte Suprema corre por otro carril. El tribunal acortó de 72 a 24 horas el plazo para recusar a los dos conjueces que integrarán el expediente, por una resolución del secretario Sergio Miguel Nápoli que además habilitó días y horas inhábiles. Los tres jueces titulares, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no lograron reunir la mayoría de tres votos y por eso fueron convocados Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
El expediente es el de la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fcta Anecon y la exlegisladora rionegrina y extitular del INAI Magdalena Odarda. Pidieron una aclaratoria para que la Corte precise si su fallo de la semana pasada los alcanza y una cautelar para que siga vigente la Ley 26.737.
Ahí está la diferencia que puede ser clave: La Corte revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata porque el CECIM no tenía legitimación, y aclaró en un comunicado que la decisión fue procesal y no afecta otras cautelares en trámite. El planteo de Odarda y sus socios no se apoya en la soberanía, sino en la protección ambiental y los derechos indígenas sobre sus territorios. En ese caso podría haber legitimación para impugnar el artículo 154 del DNU 70/23, algo que el CECIM no logró.
Después del plazo de recusación, el tribunal puede devolver el expediente a la Justicia Federal de La Plata o de Bariloche o analizar la cautelar directamente, incluso con una medida interina que reinstale la Ley de Tierras.El oficialismo teme la designación de los conjueces para revisar esa ley.
En ese contexto se entiende la ofensiva oficialista para desactivar o correr la sesión del 15. La Corte tiene otros tiempos, no fijó cuándo resolverá, y esa asimetría abre un abanico de suspicaciones. En UxP sospechaban que hubo una coordinación «muy fina» con la Corte detrás del fallo que dejó firme la derogación de la Ley de Tierras, para volver a introducir al debate a la ley de la propiedad privada y con un articulado sobre su punto más sensible.
En otros frente, la Fundación Argentina Azul, presidida por Carlos Traboulsi, presentó un amparo colectivo para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 154 y de la Ley 26.122, y pidió una medida interina antes de la sesión. Argumenta que la derogación eliminó, entre otras cosas, la prohibición de transferir predios con cuerpos de agua estratégicos, y menciona 47 operaciones registradas durante 2026 en Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto y Laguna Blanca.
Desde otro plano, exsoldados conscriptos del MECOMA y el CECIM de Berisso pidieron en la comisión de Asuntos Cooperativos, que preside Aldo Leiva (UP), la derogación del DNU y presentaron un proyecto para ratificar la cláusula transitoria primera de la Constitución, proteger los recursos naturales y dejar sin efecto el acuerdo Mondino-Lammy. Daniel Ontiveros cuestionó el fallo de la Corte porque, dijo, «dejó de lado el factor fundamental de la división de poderes». La Libertad Avanza había rechazado la reunión por considerar que no era el ámbito competente.
Sesión para tratar inocencia fiscal y Banco Central
Aldo Leiva
Foto Federico Lopez Claro
Por qué el DNU 70 es un pilar del Gobierno
La resistencia a perder este decreto se entiende por lo que representa. El DNU 70/23 fue el primer gran anuncio de Javier Milei, en diciembre de 2023, y es la base de buena parte de su programa de desregulación y del «equilibrio fiscal» que el Gobierno exhibe como su mayor logro.
Si Diputados lo rechaza, podrían volver a regir normas derogadas en 16 áreas, entre ellas la Ley de Alquileres (27.551) y la Ley de Tierras (26.737). Hay dos interpretaciones jurídicas: una habla de que el rechazo revive todas las normas que el decreto derogó; otra menciona la Ley 26.122, que sostiene que las derogaciones ya consumadas no se resucitan.
JD/CM
