El Gobierno nacional intimó a los rectores de las universidades públicas a garantizar el dictado de clases en medio del paro docente universitario que se desarrolla esta semana en todo el país. A través del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se solicitó a las autoridades académicas que informen qué medidas adoptarán para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes afectados por la suspensión de actividades.
El pedido oficial incluye la elaboración de un plan de contingencia que contemple alternativas para sostener la cursada, como la implementación de herramientas virtuales, reprogramaciones y la posibilidad de que docentes que no adhieran a la medida de fuerza continúen con el dictado de contenidos. Desde el Ejecutivo advirtieron que existe “extrema preocupación” por la interrupción total de la actividad académica en varias instituciones.
En el comunicado, el Gobierno también remarcó que el financiamiento estatal de las universidades está condicionado al cumplimiento de sus fines educativos, subrayando la necesidad de garantizar la continuidad del sistema. La medida se da en el marco de un paro convocado por gremios docentes universitarios, que se extenderá hasta el 2 de mayo y que anticipa una nueva jornada de protesta a nivel nacional.
La convocatoria a la marcha federal universitaria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina. La movilización tendrá su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, con una concentración prevista hacia Plaza de Mayo, y se replicará en distintos puntos del país.
Uno de los ejes centrales del conflicto es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795. La norma fue ratificada recientemente por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que ordenó al Gobierno cumplir con artículos vinculados a la recomposición salarial docente y las becas estudiantiles. Sin embargo, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario para suspender esos puntos.
En respuesta a la intimación oficial, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cuestionó la postura del Ejecutivo y sostuvo que el problema radica en el desfinanciamiento del sistema universitario. Señaló que “no se está garantizando el derecho a la educación” y afirmó que la solución requiere el cumplimiento efectivo de la ley vigente. Además, anticipó una masiva participación en la próxima movilización, en defensa de la universidad pública.
AL/CM
