El gobierno de Javier Milei logró recaudar en dos años y medio más de $ 1,5 billones mediante el Sistema Vial Integrado (SisVial), un subsistema dentro de un fideicomiso creado por el decreto 976/01 para destinar parte del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) únicamente al financiamiento de obras viales. Sin embargo, solo se aplicó una cuarta parte de ese monto para la construcción y mantenimiento de rutas, mientras que más de $ 1 billón fue a parar a inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos, según reveló La Nación.
Incluso lo admitió el vocero Adrián Ravier, quien en una entrevista con El Diario de La Pampa declaró: «No diría que nada del dinero de ese impuesto va al mantenimiento de las rutas». En esa línea, dijo que «lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos van», a la vez que aseguró que el resto la dispone el Ministerio de Economía como «parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja».
El problema del desviamiento de estos fondos tiene que ver con el origen del fideicomiso, ya que el mismo fue creado por exigencia del Banco Mundial para aprobar un préstamo a la Argentina, y fue para evitar que la recaudación del impuesto terminara financiando gastos corrientes. Entonces, los movimientos de la cuenta corriente especial que dispone el Ministerio de Economía a través del Banco Nación -la 330.902/9- podrían ser la prueba de que Luis Caputo es el responsable de esta malversación de fondos.
Según el informe, elaborado por el periodista Hugo Alconada Mon, desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la tasa de subejecución del SisVial asciende al 73,8%, y que, de haberse utilizado el dinero para lo que establece la ley, se podrían haber intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de la red vial, que se encuentran en un pésimo estado.
“Generó ruido este tema”, reconoció Ravier en la conferencia de prensa de hoy en Casa Rosada sobre el tema. Al ser consultado sobre la irregularidad, el portavoz sostuvo “que lo más importante detrás de este tema, de las rutas nacionales, es el cambio de época, el cambio de paradigma de la situación heredada”, aunque no explicó qué se hizo con esa plata. Sí repitió varias veces que el Gobierno heredó un gran déficit fiscal y que “poner dinero en las rutas con un Estado quebrado realmente no es sencillo”.
El conflicto sobre el ICL es además un viejo reclamo de los gobernadores, que amenazaron con imponer una ley para cambiar la distribución y luego se echaron atrás. En ese sentido, un nuevo informe de Alconada Mon publicado hoy revela que el Palacio de Hacienda giró más de $ 33.000 millones a algunas provincias cuyos legisladores apoyaron al Gobierno en algunas de las sesiones más sensibles en el Congreso. Esto ocurrió el día de la aprobación de la reforma laboral, cuando Diputados dio media sanción a la reforma al Régimen Penal Juvenil, cuando Diputados aprobó el proyecto de ley de Glaciares y cuando Diputados debatió los proyectos “Hojarasca” y Zonas Frías. Las provincias beneficiadas fueron Tucumán, Salta, Santa Cruz y Santiago del Estero.
Denuncias y proyectos de la oposición sobre el fideicomiso
Ante esta situación, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz hizo una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. La misma apunta contra Caputo, el secretario legal y técnico Juan Ignacio Stampalija, el secretario de Hacienda Carlos Guberman, las autoridades de Vialidad Nacional, y los funcionarios del Banco Nación que hayan intervenido en su carácter de fiduciario.
Por su parte, el diputado nacional Martín Aveiro presentó un Proyecto de Resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para solicitar que el Ministerio de Economía, el Banco Nación y la Dirección Nacional de Vialidad rindan cuentas sobre el destino del SisVial. «Esto no es una discusión teórica ni una planilla de Excel: la falta de inversión en Vialidad la sufrimos todos los días. Llevamos 24 días con el Paso Internacional cerrado y eso tiene que ver directamente con la parálisis presupuestaria, la falta de insumos y la falta de equipos. Es tremendo el sacrificio que están haciendo los obreros viales, trabajando incansablemente para despejar la ruta prácticamente a mano y solo con cuatro máquinas», expresó Aveiro.
En detalle, el legislador mendocino señaló que la retención indebida de partidas con asignación específica viola la Ley de Administración Financiera (Nº 24.156) y la propia Constitución Nacional, y solicitó que se determine la responsabilidad de los funcionarios a cargo ante la posible configuración de los delitos de malversación de caudales públicos (art. 260 del Código Penal) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal).
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