Karina Milei eligió capitalizar políticamente el cierre del penal federal del barrio porteño de Devoto. Lo hizo este lunes por la mañana, con un despliegue que desató todo tipo de especulaciones politicas, sobre los presentes y los ausentes. Sin embargo, el traslado al nuevo complejo de Marcos Paz del 90% de la población alojadada en la vieja cárcel fue realizado sin cumplir con los protocolos legales vigentes, ni avisar a las defensas ni los familiares de los reclusos. El operativo de mudanza fue intempestivo y originó un conflicto entre la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Gobierno que hasta ahora pasó inadvertido. El tironeo también incluyó la intervención de la senadora libertaria Patricia Bullrich, aunque la exministra de Seguridad fue una de las figuras del oficialismo que este lunes no fueron invitadas por la Casa Rosada al evento.
El caso fue denunciado por la Comisión Provincial de la Memoria junto a la PPN. Según advirtieron la cartera de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, aplicó «obstáculos al control de las cárceles por impedir el ingreso de la Procuración Penitenciaria de la Nación y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura al nuevo Complejo Federal VIII de Marcos Paz, adonde fueron trasladadas cientos de personas detenidas desde la cárcel de Devoto».
El conflicto se originó porque los movimientos se realizaron sin respetar los protocolos vigentes, que establecen la obligación de informar a las autoridades judiciales y a las defensas con 72 horas de anticipación. Como consecuencia, jueces, abogados y familiares habrían desconocido durante un período dónde estaban alojadas las personas trasladadas.
De acuerdo al comunicado de la CPM, esto «implicó alojar a las personas lejos de sus hogares, provocando una clara afectación del vínculo familiar. Esto agrava sus condiciones de vida, toda vez que las visitas son indispensables no solo para garantizar este derecho y el sostenimiento afectivo de estas personas sino también para la provisión de alimentos o medicamentos, elementos de higiene y limpieza que son deficientes, escasos o nulos en el ámbito penitenciario».
El planteo refleja las condiciones precarias de encarcelamiento pero también la importancia que tienen las visitas de familiares, muchos de ellos ahora con nuevas dificultades para visitar a sus seres queridos privados de su libertad. Eso no es todo, también les quitaron la posibilidad de seguir estudiando. «Los detenidos que acceden a la educación universitaria y eran parte del Centro Universitario Devoto -experiencia pionera en el continente- fueron los primeros en ser trasladados sin respetar la finalización del año lectivo, interrumpiéndose así su proceso pedagógico».
El pronunciamiento se produjo después de que la senadora Patricia Bullrich cuestionara a la Procuración Penitenciaria y a su responsable, Ariel Cejas Meliare, quien además recibió un pedido de informes. La CPM sostuvo que la autonomía de los organismos de control constituye un elemento central del sistema democrático y advirtió que las diferencias entre el Poder Ejecutivo y esas instituciones no justifican presiones ni impedimentos para el cumplimiento de sus funciones legales.
CM
